El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que el contenido del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se conocerá aproximadamente el 5 de agosto próximo, de acuerdo a un protocolo suscrito entre el Gobierno boliviano y ese organismo internacional.

“A partir de la entrega del documento, el Gobierno de Bolivia tiene 10 días hábiles para revisar el documento. Esa revisión no implica que se pueda hacer algún cambio, es simplemente tomar conocimiento y precisar si hay alguna información o alguna precisión que tengamos que hacer como Gobierno”, indicó.

Transcurrido el plazo de 10 días, el Gobierno hará conocer oficialmente su postura a la CIDH, instancia internacional que podría aceptar o no las observaciones o precisiones presentadas por el Ejecutivo boliviano. Emitida esa respuesta, recién se contaría con un documento oficial para su publicación.

“Yo estimo que eso pasaría alrededor del 5 de agosto, la primera semana de agosto recién se pondría en conocimiento público el informe por este procedimiento, que está fijado en el protocolo”, ratificó Lima.

Sobre la naturaleza jurídica del informe, la autoridad precisó que todos los documentos que se emiten en el ámbito de un acuerdo entre el Gobierno boliviano y el GIEI, no son equivalentes a una sentencia, ni a una opinión consultiva, se trata de un informe que tiene que ver con las graves violaciones a los derechos humanos.

“Por lo tanto, el informe, en algunas partes es vinculante y en otras tiene carácter de recomendación, esto lo vamos a analizar y lo vamos a procesar y les vamos a dar la información oficial en cuanto tengamos conocimiento del mismo”, dijo en contacto con la prensa.

“Por ejemplo, es vinculante la reparación integral del daño a las víctimas, es algo que nosotros hemos aceptado, que tengamos que hacer una reparación a las víctimas, pero hay otros aspectos que van a ser a título de recomendación, me entenderán que una recomendación, no es una sentencia”, complementó.

El informe que será entregado este 23 de julio a la Cancillería boliviana, cumplidos los procedimientos mencionados, será publicado en el portal web del GIEI de la CIDH.

“Nosotros siempre que hemos hablado con ellos los hemos invitado muy cordialmente a que cualquier acto que sea necesario hacer en el país, va a tener toda la colaboración del Gobierno nacional, pero quien presente el informe y quien es el autor del informe es el GIEI”, concluyó.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comunicó que los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente deben incorporar en sus estatutos mecanismos para la resolución de denuncias contra el acoso político y la despatriarcalización. 

“Todos los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas con personalidad jurídica vigente de alcance nacional, departamental y municipal, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Única de la Ley 1315 de 13 de agosto de 2020, deben adecuar sus estatutos a las disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, hasta el 31 de diciembre de 2021”, señala el instructivo.

Agrega que el plazo para adecuar sus estatutos a las disposiciones de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, vence el 31 de diciembre de 2021. Asimismo, deben actualizar el registro de su militancia hasta el 7 de marzo de 2022, conforme establece la misma norma.

Las adecuaciones deben ser presentadas para su registro ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) correspondiente “en un plazo máximo de 30 días calendario después de ser aprobadas en la instancia interna de la organización política”, establece uno de los lineamientos señalados en el instructivo.

Finalmente, el documento indica que la agrupación ciudadana Movimiento Demócrata Social (Demócratas), en aplicación del artículo 5 y en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, debe iniciar su trámite de conversión a partido político hasta el 31 de diciembre de 2021.

Adolfo Mendoza presidente del Parlamento Andino, informó este jueves que, por mayoría, la representación supraestatal boliviana determinó solicitar al Parlamento del Mercosur (Parlasur) la conformación de una comisión de investigación sobre el golpe de Estado de noviembre de 2019 en Bolivia.

“La representación supraestatal, por decisión mayoritaria, ha decidido solicitar al Parlamento del Mercosur la conformación de una comisión de investigación sobre el golpe de Estado y, sobre todo de manera específica, a partir de los hallazgos en torno al material de represión otorgado por algunos gobiernos del pasado, como el caso del gobierno de (Mauricio) Macri y como el caso de Lenín Moreno”, especificó.

El objetivo central de esa solicitud, según Mendoza, es que se aclaren los sucesos de noviembre, durante los hechos violentos registrados en la toma del poder que consolidó el golpe de Estado.

“Independientemente de la valoración inicial, de la documentación ya existente, es necesario que el país y América Latina tenga la certeza de qué es lo que ocurrió en noviembre de 2019, la intención es que esto no quede en la incertidumbre, la intención es que todo esto signifique el fortalecimiento de la democracia en nuestro país”, subrayó.

Agregó que la comisión, de ser conformada, estaría integrada por legisladores de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Bolivia, países que conforman el Parlasur. La solicitud sería puesta a consideración en la próxima sesión plenaria de esa instancia legislativa de integración.

Mendoza, además, informó que la parlamentaria boliviana, Martha Ruiz, que integra la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur, hizo la propuesta al interior de esa instancia internacional, misma que habría recibido el respaldo de todos sus integrantes.

“Por tanto, no solo es una solicitud boliviana, sino una solicitud de la propia Comisión de Derechos Humanos del Parlasur”, precisó.

El presidente Luis Arce pidió este jueves al movimiento campesino un compromiso firme de unidad para enfrentar los afanes de la derecha política de provocar convulsión con el objetivo de defender los intereses de grupos de poder, en el marco de un ampliado de emergencia del sector que se realizó en el departamento de Chuquisaca.

“De aquí hermanos, de este ampliado extraordinario, tiene que salir un compromiso firme de unidad del movimiento campesino. Ese es un requisito fundamental para que podamos enfrentar a esa derecha que está ahí (…). Lo que quiere es convulsionar al país y va a usar a nuestras organizaciones, va a usar elementos regionales, económicos, sociales y de todo para poder llevarse ese rédito y poder, en ese mar de desorden, lograr sus objetivos como clase social, como sector, como grupos de poder”, señaló.

En ese contexto, el Mandatario advirtió que la derecha política no duerme y sigue con sus afanes de confabulación contra el proceso de cambio, en el intento de reproducirse y reeditar lo que fue la “vieja media luna” y sus prácticas racistas, regionalistas y que se oponían al desarrollo y el progreso de los bolivianos.

Dijo que los conflictos registrados en Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija y Potosí, entre otras regiones, son parte de las acciones políticas dirigidas a causar convulsión para generar una sensación de “desgobierno, de desorden, para luego ellos tomar ventaja”.

“No quiere siquiera la pacificación que tantas veces lo ha dicho a través de medios de comunicación, agregó.

El Jefe de Estado manifestó que la derecha política está en esos afanes porque sabe que la investigación del golpe de Estado de 2019 y sus secuelas avanza y todos los días se difunde una noticia nueva en los medios de comunicación sobre lo que sucedió durante la ruptura del orden constitucional.

Finalmente, mencionó que la población tiene el derecho de saber lo que ocurrió, por lo que manifestó que la pesquisa continuará hasta que “se conozca todo lo que pasaba” durante el proceso golpista.