La coordinadora del área internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, Camila Barreto, dijo este martes que el envío de material antidisturbios de Argentina para el golpe de Estado de 2019 en Bolivia es un hecho “muy grave” y violatorio de los principios sobre la protección de los derechos humanos.

“Nos parece muy grave y violatorio de cualquier principio de protección de derechos humanos”, expresó en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

Según Barreto, la provisión de material antidisturbios hizo posible también que se vulnere el principio de resolución de los conflictos por la vía política, porque se usó para la represión de sectores sociales “no contentos por cómo se están encaminando las cosas”.

Hace una semana, el Gobierno de Argentina denunció penalmente por ese caso al expresidente Mauricio Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, Oscar Aguad (exministro de Defensa), Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (exembajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector general de Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector ejecutivo de la ANMaC). Todos se encuentran nombrados en las circunstancias del hecho que describió la Fiscalía en su dictamen.

El gobierno del vecino país pidió investigar los delitos de “contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.

Los hechos salieron a la luz gracias al descubrimiento de una misiva enviada el 13 de noviembre de 2019 por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, actualmente detenido por su participación activa en el golpe de Estado, al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García. 

En la carta se evidencia la recepción de 40.000 cartuchos antitumulto calibre 12/70, 18 gases lacrimógenos en spray MK-9, 5 gases lacrimógenos en spray MK-4, 50 granadas de gas CN, 10 granadas de gas CS y 52 granadas de gas HC provenientes del Gobierno argentino.

En el caso de Bolivia, el director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, informó el viernes pasado que mediante la Fiscalía Departamental de La Paz se comenzó la investigación por el caso del material antidisturbios y agentes químicos que habrían ingresado en noviembre de 2019 desde Argentina.

La denuncia cursa en contra del excomandante de la FAB por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y porte o portación ilícita.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, sostuvo este miércoles que los excomandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas (FFAA) que estuvieron vinculados al traslado de material bélico, tanto de Ecuador como de Argentina, podrían recibir una sanción de 15 a 20 años de prisión por el delito de tráfico de armas.

“En consecuencia, tendría que aplicarse el artículo 141 del Código Penal que sanciona esta conducta de tráfico ilícito de armas, que está vinculada a una pena que fluctúa entre los 15 y los 20 años como máxima pena”, detalló.

A esa sanción, según el legislador, abogado de profesión, podría sumarse la agravante de que los sindicados cumplían funciones públicas en la Policía y FFAA, que ampliaría la misma a 30 años de reclusión.

“Tiene la agravante a efectos de que se pueda determinar la sanción con una pena de 30 años, la agravante está vinculada a que ese delito puede estar cometido por servidores públicos vinculados a las FFAA y Policía”, complementó.

Recordó que a partir de la promulgación de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, ese tipo de conductas pueden ser sancionadas.

“Previo a determinar cualquier tipo de sanción, ustedes entenderán que debe hacerse la denuncia, entendemos que el ministerio del ramo, Gobierno y Defensa, harán formalmente la denuncia ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público tendrá no más que iniciar la correspondiente investigación”, complementó.

La presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Virginia Velasco, informó este martes que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) retomará el trabajo de elección y designación del o la Defensora del Pueblo a partir de este miércoles, y que para ello se propondrá la conformación de una Comisión Mixta.

“Hemos tocado un poco con relación a la bancada, pero esto se tiene que considerar, tomando en cuenta que la Defensora del Pueblo (Nadia Cruz) está ahí desde 2019, por tanto, en la anterior legislatura ya estaban conociendo el tema del reglamento y la convocatoria, pero por el COVID-19 esto no se ha podido desarrollar”, comentó.

La legisladora dijo que ese trabajo se desarrollará en coordinación con la Cámara de Diputados y en cumplimiento a la Constitución Política del Estado y la Ley 870 del Defensor del Pueblo.

“Mañana (miércoles) vamos a debatir este tema en la bancada de la Cámara de Senadores, porque en la Comisión de Constitución tenemos que ver el tema”, ratificó.

La actual Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, fue designada de forma interina por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el 30 de enero de 2019, tras la renuncia del entonces titular David Tezanos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo este martes que, pese a que algunas personas no querían reconocer su triunfo, se respetó la decisión del soberano.

Se refirió al tema al saludar la proclamación de Pedro Castillo como Presidente electo del Perú.

“Nos complace de que un hermano peruano, del Perú profundo, haya ganado las elecciones a pesar de tener tantas dificultades que no querían proclamarlo, que no querían reconocer ese triunfo del soberano, la decisión es del soberano, no es capricho de personas y por eso por fin creo que las autoridades electorales han decidido, porque no les quedaba otra opción que proclamar al ganador y es nuestro hermano Pedro Castillo”, manifestó.

Asimismo, destacó la madurez política y democrática del pueblo peruano que mantuvo la tranquilidad durante más de un mes a la espera de este pronunciamiento.

“Quiero también felicitar la madurez democrática que ha demostrado el pueblo peruano, han estado más de 40 días haciendo vigilia, teníamos contacto con los hermanos maestros, quienes han estado haciendo vigilia día y noche (…), no han pedido que a la fuerza gane, sino solamente que se pueda respetar la decisión del soberano, solo eso y, por lo tanto, muy feliz, por fin se dio y ahora nos toca trabajar coordinar para el pueblo peruano”, dijo Mamani.

Recordó que durante esta espera se registraron varios intentos para desconocer el voto del pueblo peruano e incluso sectores políticos de derecha pretendieron imponer la teoría de un fraude electoral.

“Lo único que querían hacer era provocar al pueblo peruano para indicar que esto no vaya a su final sobre la base de la decisión del soberano. Creemos que inclusive ha habido versiones que incluso querían hacer un golpe de Estado, que estuvo también la OEA ahí metida, realmente podía haber sido muy nefasto este tipo de decisiones contrarias a las decisiones del soberano; pero, bueno, la justicia se impone”, resaltó.