El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció al Gobierno de Estados Unidos de sancionar a personas e instituciones cubanas y manipular la opinión pública.

“El Presidente de los EEUU anuncia que continuarán las sanciones contra los responsables de lo que él llama represión contra el pueblo cubano, y que yo rechazo de manera categórica y absoluta. Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano, de la misma manera que no ha habido un estallido social, como ya he denunciado, a pesar de la persistente mendacidad de algunos medios bien establecidos de prensa internacional”, sostuvo, según reportó el portal Granma.

Hizo referencia al comunicado del presidente estadounidense Joseph Biden en el que informa de sanciones para el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y para la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, medidas unilaterales a las que calificó de irrelevantes en su sentido práctico, pero relevantes en su carácter político y de injerencia.

Cuestionó el cambio de opinión del mandatario estadounidense, quien declaró que Cuba es una prioridad absoluta para su gobierno; pero, contrario a lo dicho, ahora aplica argumentos para mantener el bloqueo e imponer sanciones.

“El Presidente de los EEUU y su Gobierno podrían ocuparse mejor del patrón racial diferenciado, de los errores judiciales, del racismo sistémico, de la represión brutal a la protesta social dentro de su territorio, de aquellas que se produjeron legítimamente con motivo al frío asesinato de ciudadanos afrodescendientes. Podría ocuparse también de la situación de sus más de 400 periodistas que sufrieron lesiones o violencia cuando cubrían las manifestaciones raciales”, aseguró.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves, en grande y en detalle, el Proyecto de Ley de “Declaratoria del Decenio de las Lenguas Indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia”, periodo que comprende entre 2022 y 2032. El presidente de esa instancia legislativa y proyectista, Freddy Mamani, explicó la propuesta en su idioma originario, el aymara.

El desarrollo de la sesión se matizó con intervenciones de los legisladores en sus lenguas originarias, dando fuerza así a la necesidad de consolidar una norma que perpetúe la cultura oral de los pueblos originarios. A lo largo de la sesión, los diputados, intervinieron en Guaraní, Chimán, Guarayo, Aymara y Quechua, entre otras lenguas.

“Nos sentimos orgullosos ¿Cómo habría sido hace 20, 30 o 40 años en este hemiciclo? ¿Alguna hermana o hermano se habría expresado en algún idioma originario? Voy a proponer a la directiva que podamos sacar una resolución para que todas las diputadas y los diputados podamos, por lo menos, saludar en un idioma originario, porque sabemos que para estar en este espacio (hemiciclo) hemos presentado (un certificado) de un idioma originario”, reflexionó la autoridad legislativa durante su intervención.

El proyecto establece en su artículo 3 la responsabilidad del Estado en la implementación de políticas orientadas a preservar las lenguas originarias, frenar su desaparición e incidir en su conservación, revitalización y difusión, toda vez que se constituyen en los idiomas oficiales de Bolivia. 

La propuesta normativa se enmarca en la Resolución 74/135 de la Asamblea General de Naciones Unidas que proclama el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”, con la finalidad de alertar a los Estados miembros sobre el riesgo de desaparición de las lenguas indígenas en el mundo y la necesidad urgente de asumir políticas para protegerlas y promoverlas. 

Tras tres horas y media de debate, finalmente, el pleno de la Cámara Baja aprobó el proyecto por unanimidad en su estación en grande y mayoría absoluta en su estación en detalle. Durante el tratamiento, se realizaron modificaciones en los artículos 4, 5 y 7.

El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, invitó para su posesión oficial a Evo Morales, expresidente de Bolivia, informó este jueves el titular del MAS-IPSP, quien dijo que pondrá a consideración de las seis federaciones la asistencia a la ceremonia.

La información fue brindada por Morales durante una entrevista en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, donde

“Es un revés para el imperio norteamericano”, dijo Morales y destacó el significado, para la región, de la victoria del maestro rural Pedro Castillo.

“Esta tarde recibí una invitación para participar en su posesión del hermano Pedro Castillo, mañana con las seis federaciones haremos una pequeña evaluación (para ver) si participo o no, pero agradezco por la invitación a participar en la posesión del hermano Pedro Castillo”, indicó.

“Felicitar el pueblo, el pueblo humilde triunfa en Perú”, manifestó el expresidente Morales.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) presentará este viernes un informe preliminar de las investigaciones realizadas sobre los hechos de violencia de 2019, que incluye las agresiones a periodistas.

Un frente de investigación que empezó a desarrollarse en enero de este año está relacionado a los hechos de violencia contra la prensa. El GIEI - Bolivia recolectó los testimonios de profesionales de la prensa que fueron víctimas de vulneración de sus derechos personales y profesionales en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

En noviembre de 2019, el entonces director de radio estatal Patria Nueva, Iván Maldonado, tras ser obligado a desalojar el edificio donde operan la radio y canal estatal, denunció asedio por grupos de protesta críticos al gobierno de Evo Morales.

“Manifestantes que habían cercado nuestros estudios nos retuvieron por unas dos horas, amenazándonos con destruir los equipos y cortar las emisiones si no suspendíamos nuestro trabajo periodístico”, dijo al portal Sputnik News en aquella oportunidad, cuando se suspendieron los servicios informativos del Estado.

Informe preliminar

A casi dos años de los hechos, se tiene programado que el equipo de expertos internacionales presente este viernes 23 de julio un informe preliminar de las investigaciones realizadas desde el 23 de noviembre de 2020 hasta la fecha.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia) fue creado mediante el acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Hasta la fecha, más de 100.000 fojas de expedientes investigativos, judiciales y periciales han sido objeto de revisión y más de 360 personas han brindado su testimonio en entrevistas individuales. Las expertas y los expertos, y el equipo técnico, mantuvieron reuniones con sindicatos, asociaciones de víctimas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la prensa, entre otros.

Libertad de expresión bajo amenaza

En el régimen de Jeanine Áñez, la libertad de expresión estuvo bajo amenaza. No solamente periodistas fueron conminados, sino la población en su conjunto.

Los hechos reflejan cómo autoridades del régimen optaban por medidas que restringían derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) como la expresión y difusión libre de opiniones y el acceso a la información.

Días después de que Áñez se proclamara Presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos.

“La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.

A partir del 22 de marzo de 2020, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.

El Decreto Supremo permitía que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que incumplían esa norma eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.

A eso se suma que el 7 de mayo de 2020, Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231 que estableció que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

En marzo de este año, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó ante la Fiscalía General del Estado una acusación propositoria por la vulneración a la libertad de expresión durante el régimen de Áñez.