El diputado Juanito Angulo (MAS), ante las amenazas del dirigente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, de asumir medidas de presión en rechazo al reglamento de la Ley de Emergencia Sanitaria, afirmó que estas tienen un tinte político y el objetivo es poner en riesgo la salud del pueblo boliviano.

“El sector que está anunciando estas medidas es meramente político, les pedimos que asuman con responsabilidad y compromiso. El sector ha estudiado para hacer un servicio social con el tema de salud y no podemos entender que en estos momentos estén con estos anuncios”, señaló.

Recordó que en diversas oportunidades autoridades del Ejecutivo convocaron a los dirigentes de ese sector para que, en forma conjunta, se pueda trabajar en la reglamentación de la Ley de Emergencia Sanitaria, sin embargo, ellos rechazaron la invitación.

“El Gobierno en reiteradas veces ha convocado, se les ha invitado a que participen en la reglamentación y se negaron, se abstuvieron, y ahora que tenemos la reglamentación, quieren salir con medidas de manera política”, precisó.

Angulo mencionó que el pueblo boliviano no permitirá que se paralice la atención en Salud a la población, porque ese extremo sería un “atentado”, más cuando el país está por enfrentar la cuarta ola de la pandemia del COVID-19.

“Cualquier medida no atenta al MAS, sino al pueblo boliviano, es un anuncio político para poner en riesgo la salud del pueblo boliviano y para desacreditar y deslegitimizar toda la tarea que está haciendo nuestro Gobierno en bien del pueblo boliviano”, ratificó.

El viceministro de Régimen Interior, dependiente del Ministerio de Gobierno, Nelson Cox, informó este miércoles que aquellos actores políticos que desinformen a la población sobre el tráfico ilícito de armas podrían ser vinculados con el caso.

“Quienes en este momento estén intentado confundir (a la población), siendo cómplices de lo que ha sido una masacre, siendo cómplices de lo que ha sido un golpe de Estado, que lo piensen muy bien porque pueden asumir las responsabilidades de las vinculaciones”, indicó el viceministro en contacto con radio Éxito.

Solicitó a los asambleístas de Comunidad Ciudadana (CC) ser más responsables con sus declaraciones, y que no intenten confundir a la población con afirmaciones que estarían promoviendo la impunidad. La autoridad aseguró que el Gobierno es responsable con todas las investigaciones y eso lo demuestra la documentación que presentó sobre el ingreso ilícito de armamento argentino en 2019.

“Aquí no hay ningún show, tenemos documentación (….). Que reflexionen como asambleístas y que sean conducentes como lo que el pueblo quiere”, enfatizó Cox.

La autoridad indicó que todas las personas que sean convocadas por la Fiscalía a rendir su declaración en calidad de testigos deben cumplir con su obligación y dar su versión; en caso de incumplir, podrían ser consideradas como cómplices. “Todo ciudadano tiene la obligación de declarar lo que ha visto”, aseveró.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, recordó que las denuncias sobre las supuestas violaciones a los derechos humanos de Jeanine Áñez, recluida en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, fueron desvirtuadas luego de las visitas que los miembros de esta instancia legislativa realizaron a esas instalaciones.

La aclaración surge luego de que Áñez enviara en la víspera una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para solicitar una audiencia que le permita hacer conocer su actual situación.

“Lo aseverado en esa carta, de ninguna manera estuviera sucediendo, en otras palabras, no existe vulneración de sus derechos humanos por parte del Estado en contra de la señora Áñez, en consecuencia, estas aseveraciones no están siendo más que una estrategia jurídica para poderse victimizar y, de la misma manera, es parte de la defensa que seguramente han planificado”, dijo el legislador.

Por otro lado, recordó que Áñez, a diferencia de cualquier otra persona con detención preventiva, goza de muchos privilegios al interior del centro penitenciario.

“En otras palabras, hemos evidenciado que la señora Áñez es una privilegiada, contar con tres médicos personales, la posibilidad de que tenga asistencia particular de médicos especialistas, que tenga visitas, de que tenga ahí y cuente con la probabilidad de que cada día en el desayuno y almuerzo tenga que estar asistida por su familia, yo creo que eso no se puede conceptualizar como una vulneración a los derechos humanos”, resaltó.

En este sentido, calificó la carta enviada por Áñez a Bachelet de engañosa y de no estar apegada a la verdad sobre los acontecimientos acaecidos el 2019.

“Pretende con esta carta, que solicita una audiencia para la hija de la señora Áñez con la señora Bachelet, hacer creer que la asunción al gobierno en la gestión 2019 fue absolutamente constitucional y a la fecha hemos demostrado que de ninguna manera la segunda vicepresidenta del Senado, como era la señora Áñez, tendría la capacidad y posibilidad, conforme al reglamento y Constitución, de poder asumir la primera magistratura de nuestro Estado Plurinacional”, subrayó.

El abogado Omar Durán, quien inició dos procesos contra el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, uno por enriquecimiento ilícito y otro por incumplimiento de deberes, señaló este miércoles que se presume que esa exautoridad actuó como espía de Estados Unidos (EEUU) en Bolivia.

“(…), es una persona que tal vez, y presumo este hecho, ha sido un espía (de EEUU), durante todo este tiempo que ha espiado al Estado boliviano por las características que él tenía”, dijo en contacto con Bolivia TV.

Durán recordó que Kaliman contaba con formación en EEUU, donde también cumplió las funciones de agregado militar.

En este sentido, reveló que, según una investigación particular, el excomandante habría salido del país por Perú con destino a EEUU, donde se encontraría en la actualidad.

“Él ha empezado a vender algunos de sus bienes, y al que vende sus bienes tiene algo, y escapa del país sin usar los puntos de migración como debe ser de acuerdo a la normativa, y escapa entre gallos y medianoche, usando fronteras anexas. Porque según investigación, hemos visto que el señor Williams Kaliman ha salido por el lado del Perú y ha logrado escapar hacia el país del norte, hacia los Estados Unidos”, mencionó.

El abogado describió a Kaliman como una persona que se jactaba de su cargo, no cumplía con sus funciones y usaba en su beneficio los nombres de las exautoridades de Gobierno.

“En el año 2018, yo había visto en el señor Kaliman una persona que no cumplía con sus deberes, era una persona que usaba, se valía y se jactaba de todas las actividades que hacía, incluso lo usaba al expresidente Evo Morales en sus actos, entonces, era una persona que se beneficiaba y usaba nombres de autoridades superiores a él”, relató.

Ayer martes, Kaliman debía presentarse en audiencia virtual dentro del proceso que Durán interpuso en su contra; sin embargo, no acudió a la convocatoria de la autoridad judicial, por lo que se determinó la anotación preventiva de sus bienes.

“Creo que la juez ayer ha actuado de manera correcta de acuerdo al derecho y se ha ejecutado la fianza que había dejado para su búsqueda de 50.000 bolivianos, inicialmente. También se ha puesto en anotación preventiva sus bienes y hoy en día el señor Kaliman tiene dos órdenes de aprehensión, una ante un juez y otra que tiene que presentarse ante un fiscal porque ha huido del país”, sostuvo.

Durán solicitó a las autoridades competentes asumir los recaudos correspondientes con el objetivo de que el excomandante diga su verdad ante la justicia boliviana.

“Vamos a solicitar la máxima representación y colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía y de todas las autoridades pertinentes, para que este ciudadano esté en Bolivia, venga a aclarar su situación jurídica y, lógicamente, que sea este sello rojo por el que se lo aprehenda en el exterior, que sea extraditado a Bolivia para que él venga a decir su verdad”, subrayó.