Daniel Castro fue herido y perseguido durante los conflictos postelectorales de octubre de 2019 en el barrio Cofadena del municipio de Montero del departamento de Santa Cruz.

Aquella vez, sectores cívicos y de la Unión Juvenil Cruceñista, contrarios al Movimiento Al Socialismo, identificaron la zona como una de las afines al entonces presidente Evo Morales.

Daniel fue uno de los vecinos que salieron a protestar en contra del paro cívico cruceño que se aplicaba contra del Gobierno y que afectaba a muchas familias del lugar que se dedican a la venta al día.

“Nos identificaron y lo que hacen es cerrar el barrio Cofadena. Nadie sale a comprar ni a trabajar. Nos encerraron (en la zona). Hemos aguantado así casi dos semanas. Hicimos maravillas, porque no teníamos ni gas, buscamos leña para la olla común”, relata Castro en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Cuenta que el hostigamiento fue a tal punto que cívicos y la Unión Juvenil Cruceñista aprovechaban grupos de choque y armas de fuego para atemorizar a los vecinos que se encontraban secuestrados. “Querían convulsionar, buscaron barrios afines al MAS”, dice.

Castro recuerda que ancianas del lugar tranzaron ondas para que los vecinos jóvenes defiendan a las familias que eran afectadas. Debido a la resistencia para salvar la vida, recibió dos disparos en la pierna y en el cuello, por lo que tuvo que recibir atención médica clandestina.

A casi dos años de los hechos, denuncia que el entonces cívico de Montero y ahora alcalde de ese municipio, Regis Medina, dijo: “Si quieren bala, bala les vamos a meter”. Hoy, Daniel, sobreviviente de los conflictos, confiesa: “Aún se palpita el miedo”.

Un estudiante de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) fallecido, otro aprehendido por registrar imágenes de una marcha y al menos 15 alumnos detenidos bajo acusaciones de sedición y terrorismo, fue el saldo preliminar que dejó el gobierno de facto de Jeanine Áñez, dijo el director de la carrera de Comunicación Social de esa casa de estudios superiores, Edgar Pomar, quien lamentó que ese régimen también dictó medidas que vulneraron la libertad de expresión.

Pomar, entrevistado este miércoles en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, hizo un balance general del campo comunicacional durante el régimen de Áñez y de las secuelas que dejó en algunos estudiantes universitarios y medios de difusión.

El académico relató que un estudiante de la carrera de Derecho, de 23 años, fue una de las 36 víctimas que perecieron durante las protestas al golpe de Estado.

Otro alumno, quien realizaba sus prácticas relacionadas al programa de estudios de Cine, fue detenido debido a que registró en imágenes la marcha con los ataúdes que llegó a la ciudad de La Paz, tras la masacre de Senkata, en 2019.

El universitario, quien fue estigmatizado como "infiltrado" por algunos periodistas de medios privados, guardó detención varios días pese a que tenía una credencial expedida por la carrera de Comunicación de la UMSA.

Además de ellos, Pomar indicó que al menos 15 estudiantes fueron detenidos o estaban siendo buscados por los presuntos delitos de sedición y terrorismo por el solo hecho de filmar imágenes de las acciones de protesta de la sociedad civil.

El Director de la Carrera de Comunicación dijo que estas aprehensiones ilegales, la violencia, la vigencia del Decreto que limitó la libertad de expresión, el incumplimiento a los pasos para la sucesión constitucional y la omisión a la lectura de la carta de renuncia del entonces presidente Evo Morales, entre otros factores, configuran sin lugar a dudas que en 2019 ocurrió un golpe de Estado en Bolivia.

El reporte N° 381 del Ministerio de Salud señala que este miércoles se registraron 992 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 1.106 pacientes se recuperaron en la jornada.

De acuerdo al informe de esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento con mayor cantidad de contagios, los cuales ascienden a 398. Cochabamba presenta 156 nuevos casos; La Paz, 85; Beni, 118; Tarija, 101; Pando, 65; Oruro, 26; Chuquisaca, 34; y Potosí, nueve.

El reporte añade que hay 1.163 pacientes sospechosos, 38.192 activos y 634.745 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 272.411 casos de COVID-19, de los cuales 221.962 se recuperaron y hubo 12.257 decesos.

La médico Angélica Velazco, presidenta de la Federación de galenos de Santa Cruz, denunció que en 2019, durante los preparativos del golpe de Estado, la sede de las brigadas de salud fue atacada por escuadrones delictivos que saquearon, torturaron y golpearon a varones, mujeres y hasta niños que se encontraban en el lugar.

Estos grupos delictivos, además, atacaron la casa de la madre de Velazco, lastimaron a su hermano y agredieron a sus hijos que estaban en la escuela. Por si fuera poco, emprendieron una campaña de amedrentamiento y estigmatización que la obligó a salir de Santa Cruz y a vivir oculta en distintos domicilios para evitar represalias.

Este testimonio fue brindado este miércoles por la médico, quien fue entrevistada en el programa Somos Democracia, difundido por Bolivia Tv, a través de una alianza de los medios estatales: radio Patria Nueva, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Información (ABI) y las Radios de los Pueblos Originarios (RPO); así como radio Kawsachum Coca, TV Off y Tele Estrella de El Alto.

La profesional contó que ella formaba parte de las brigadas de salud que apoyaban al dirigente obrero Rolando Borda. Esas brigadas se reunían en sus instalaciones donde habilitaron consultorios médicos para atender distintas patologías. Esa infraestructura fue atacada por los grupos afines a la Unión Juvenil Cruceñista y otros grupos fascistas que asaltaron el lugar, se llevaron los equipos médicos, computadoras e hirieron a varias personas que resultaron con fracturas, relató Velazco.

Dijo que su hermano logró atrapar a uno de los agresores, pero luego los grupos delictivos impulsaron una campaña de acoso violento contra su pariente y lo obligaron a huir de Santa Cruz.

La médico, quien es presidenta de la Federación de galenos de Santa cruz, dijo que pese a las agresiones y la violencia ocurrida durante los preparativos del golpe de Estado, ella continuará atendiendo a los pacientes en el marco del juramento hipocrático.