El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, posesionó este martes al nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos Rivero.

La autoridad estatal pidió al nuevo titular de la ATT que trabaje para garantizar el acceso equitativo y universal a las telecomunicaciones, el transporte y el servicio postal.

“Le pido, como nueva autoridad de la ATT, que promueva el derecho y el acceso equitativo y universal, con calidad en las telecomunicaciones, la tecnología de información y comunicación, transporte, servicio postal para todos los bolivianos y bolivianas”, manifestó el ministro, en un acto institucional.

Por su parte, Ríos expresó su compromiso con el trabajo que desarrollará hacia adelante y remarcó que la institución debe ser un “referente” en cuanto a la calidad de servicio que se brindará a la población.

“Tenemos que entrar a una nueva época de servicio público y la ATT tiene que ser un referente. La ATT tiene una misión muy importante que es el promover el derecho al acceso equitativo, universal y con calidad de las telecomunicaciones, tecnologías de información, transportes y servicio postal”, aseveró.

Según la investigación defensorial “Sin nosotras, no hay democracia” sobre el cumplimiento de la Ley N°243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, pese a la vigencia de esta normativa, concejalas y alcaldesas aún se encuentran en situación de desprotección debido al incumplimiento de la misma por parte de gobiernos departamentales y municipales.

Los resultados de la investigación, realizada entre junio y diciembre de 2019 y que abarcó a los nueve gobiernos departamentales y 91 gobiernos municipales en el país, muestra que solo el 55,6% de las Asambleas Legislativas Departamentales (Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Potosí y Santa Cruz) y el 26% (54) de los  concejos municipales intervenidos cumplen la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 243, que establece la obligatoriedad de la modificación y adecuación de la normativa interna para sancionar actos de acoso y violencia política.

La Ley contra el acoso y violencia política también establece la conformación de una comisión de ética para dirimir conflictos relacionados con esas problemáticas; misma que fue conformada en solo el 66,7% de los gobiernos departamentales (Beni, Chuquisaca, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija). 

En tanto, de los 91 concejos municipales intervenidos, 51 informaron que tendrían dicha comisión, que no está reglamentada; 22 informaron que tendrían conformada esa instancia y su reglamento correspondiente, 11 no respondieron al requerimiento informativo de la Defensoría del Pueblo, cuatro informaron que no cuentan con una comisión de ética, y tres no brindaron información.

Un aspecto que destaca la investigación defensorial son las denuncias de acoso y violencia política relacionadas a las renuncias presentadas por mujeres autoridades entre 2015 y 2018, que implicó dimisiones en el 24,4% de los 91 concejos municipales en los que se intervino.

Estas renuncias muestran un patrón que se relaciona con la “gestión compartida” que se da a nivel nacional, que implica alternar el cargo entre la autoridad titular con la suplente; que si bien, no se encuentra prohibida por la normativa electoral boliviana, para la Defensoría del Pueblo es un factor para la generación de actos de acoso y violencia política.

A fin de trabajar en la solución de esta problemática, la Defensoría del Pueblo realiza una serie de recomendaciones para que diferentes instituciones competentes asuman acciones necesarias para garantizar a las mujeres autoridades –titulares y suplentes– las condiciones mínimas para prevenir y sancionar hechos de acoso y violencia política.

Trabajadores fabriles de Tarija denunciaron ante la ministra de Trabajo, Verónica Navia, que son objeto de una serie de atropellos laborales por parte de los empleadores de algunas empresas privadas. La autoridad comprometió la atención de estos temas a la brevedad posible.

“Hay denuncias desgarradoras, por ejemplo, trabajadores de Bermejo que están impagos desde hace 24 meses. Estamos aquí (en Tarija) para escuchar, pero además, para comprometernos con el apoyo del Ministerio de Trabajo”, afirmó la autoridad laboral citada en un boletín institucional.

El encuentro coincidió con la visita de la ministra Navia a Tarija, donde se realiza la feria interministerial ‘Unidos Vamos a Salir Adelante', y el ampliado de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles, al que la autoridad de Trabajo fue invitada.

“El Ministerio Trabajo tiene la función de hacer respetar y garantizar los derechos de las y los trabajadores y hemos comprometido ese apoyo desde la oficina central (en La Paz) en todo lo que no pueda ser cubierto por el Jefe Departamental de Trabajo”, sostuvo Navia al concluir el ampliado fabril.

En el encuentro se pudo constatar que existen algunos trámites que aún no fueron respondidos por el Ministerio de Trabajo; sin embargo, añadió, están dentro los plazos previstos. De todos modos, dijo Navia, ya se derivó al personal correspondiente acelerar las respuestas.

“Lo que estamos haciendo en el Ministerio (de Trabajo) es reconducir los servicios de atención al público; debido a la mala administración de la pandemia, por parte del supuesto gobierno transitorio, las y los trabajadores quedaron en la indefensión total de sus derechos. Estamos reduciendo tiempos de atención lo más posible, queremos eliminar la burocracia y brindar un servicio acorde a las demandas laborales”, puntualizó la titular de Trabajo.

En este marco, explicó que en un contacto directo del personal jurídico de esta cartera de Estado se dispuso acelerar la atención a las resoluciones pendientes en Tarija que tienen que ver con despidos indebidos, salarios impagos, inestabilidad laboral y la violación del fuero sindical por parte de “algunos malos empresarios”.

“Ni siquiera son salarios retrasados por 15 días, que es lo que permite la ley, se trata de trabajadores que están impagos por 10 meses, un año e incluso 20 meses que no reciben su salario Eso es como despedir al trabajador, pero los obreros continúan asistiendo a sus fuentes de trabajo, continúan produciendo para el empleador sin recibir un centavo de salario. Eso es explotación laboral”, concluyó Navia.

Marcial Arnez, relata cómo su papá, una persona de la tercera edad, fue golpeado por un grupo de cívicos en el municipio de Mairana, Santa Cruz, hasta quedar inconsciente, solo por tener rasgos indígenas.

“Han agredido a mi papá, una persona de la tercera edad, en el mercado central de Mairana, donde vendía. Justo hubo enfrentamientos y estaban correteando a varias personas, y en ese momento no había respeto, cualquier persona que pasaba ya era colla o era odiado, por eso nosotros pedimos qua haya justicia, mi papá no estaba participando en esos problemas”, relata.

Marcial encontró a su papá ensangrentado e inconsciente en una de las puertas del mercado donde corrió a refugiarse, pero igual fue alcanzado por un grupo violento de seguidores de los cívicos cruceños que incluso hicieron explotar un petardo en la nuca de su ocasional víctima.

“Nos decían: ‘aprendan, para qué vienen a Santa Cruz’, mi papá dice que lo golpearon con palo y como el viejito no podía correr lo tiraron al suelo y querían matarlo, le decían ‘a este maldito colla no lo queremos aquí’”, testimonia Marcial uno de los siete hijos del agredido.

Otro acto de discriminación que sufrieron se registró al intentar hacerlo atender en el hospital, “luego de recoger a mi papá lo llevamos hasta el hospital y ahí no querían atenderlo”. Ahora queremos justicia los médicos están para atender a todos, contó en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.