Freddy Riquelme es sobreviviente de los conflictos poselectorales de 2019 en el municipio de Montero del departamento de Santa Cruz. El 13 de noviembre, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, en la zona del mercado Barrientos, ante el hostigamiento de cívicos cruceños que habían tomado la alcaldía.

Esa jornada, Riquelme salió al mediodía para almorzar en el mercado. Ya, en el lugar, pidió un plato y comenzó a alimentarse. Mientras consumía, apareció de pronto un tumulto de gente para resguardarse en un espacio público, eran funcionarios del Gobierno municipal que escapaban de los cívicos que los perseguían y que obligaban al alcalde de Montero, Mario Baptista, a renunciar.

“Cuando estaba almorzando, llega la Policía y comienza a amedrentar sin preguntar ni advertir nada. Directamente, llegan a disparar gases. Había niños y ancianos. Otros dejaron sus cosas, corrieron donde pudieron y yo también”, relata en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

La tensión del momento provocó que los vecinos se organicen y resistan los amedrentamientos tanto de cívicos liderados por Regis Medina, actual alcalde del municipio, como de los efectivos policiales. Luego, la Policía abandonó el lugar, pero retornó reforzada con contingente antimotines. Se apostó en el lugar y comenzó a reprimir.

Ese día, Roberth Ariel Calizaya Soto, de 20 años, recibió un impacto de bala que le perforó el corazón. Freddy Riquelme se encontraba a unos pasos, corrió a socorrerlo y, también, recibió un disparo en la pierna izquierda, pero logró sobrevivir.

Calisaya falleció y, a casi dos años de los hechos, Riquelme cuenta cómo tuvo que vivir desde esa vez: “Tuve que cambiar de identidad, mi imagen, porque yo no era así, por el tema de mis estudios. Desde ese día, tuve que cambiar completamente para no ser perseguido”.

Con el fin de contener y frenar el contagio de COVID-19 en las fuentes laborales del país, se amplía la vigencia del horario continuo en instituciones públicas y privadas hasta el 30 de abril de este año, informó este jueves la ministra de Trabajo, Verónica Navia.

“El horario de ingreso y salida debe ser escalonado, dividido en grupos con intervalos de media hora de diferencia, realizándose el ingreso a partir de las 7 de la mañana”, explicó la autoridad laboral, citada en un boletín de prensa institucional.

La vigencia del horario continuo hasta el 30 de abril, se halla contenida en la Resolución Ministerial Nª 326/21, emitida este jueves por el Ministerio de Trabajo, que modifica una anterior resolución, la 026/21 del 15 de enero de 2021.

“Esta Resolución Ministerial tiene por objeto regular la jornada laboral como medida para la contención y reducción de los contagios por la COVID-19, estableciendo condiciones de trabajo, cuya finalidad es proteger la salud y la vida de las y los trabajadores, y de la población en general”, señaló Navia.

En este contexto, la Ministra de Trabajo explicó que la jornada laboral para el sector público y privado, en todo el territorio nacional, será en horario continuo de ocho horas, de lunes a viernes.

Asimismo, informó que las empresas, establecimientos laborales e instituciones públicas sujetas a la Ley General del Trabajo, que por la naturaleza de sus funciones no puedan suspender sus actividades, podrán aplicar turnos.

A partir de este jueves y hasta el 30 de junio, las personas con discapacidad podrán tramitar el cambio de entidad de cobro y, de este modo, los beneficiarios no tendrán que trasladarse de un lugar a otro para cobrar su bono mensual “Eustaquio Moto Méndez”.

“Las personas con discapacidad tendrán tres meses para cambiar de entidad de cobro. Por ejemplo, si el beneficiario que vivía en La Paz o Tarija se trasladó a Los Yungas o el Chaco, ya no tendrá que viajar a la ciudad capital para cobrar su bono. Con el cambio de entidad de cobro podrá cobrar en Los Yungas o en el Chaco, es decir, en el lugar donde reside actualmente y ya no donde antes vivía”, explicó el director general de Trabajo, Arturo Alessandri, citado en un boletín de prensa institucional.

Alessandri aclaró que, una vez hecho el trámite de cambio de entidad, las personas con discapacidad podrán cobrar su bono a partir del próximo año. Este instructivo está contenido en el Comunicado 011/21 de la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo.

“El formulario de cambio de entidad de cobro será llenado digitalmente por un funcionario asignado a la plataforma ‘Eustaquio Moto Méndez’. Para esto, la persona con discapacidad deberá apersonarse a las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal y/o del Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino donde vive. Ahí, el beneficiario será recibido en la jurisdicción respectiva. Los datos que dará la persona tendrán la calidad de Declaración Jurada”, recordó el Director General de Trabajo.

Dicho formulario se encuentra disponible en la plataforma “Eustaquio Moto Méndez”, del Ministerio de Trabajo. Se debe considerar que el cambio de entidad de cobro puede realizarse por una sola vez en la gestión.

El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, afirmó este jueves que algunos periodistas manipularon la información y fueron la “punta de lanza” del golpe de Estado encabezado por Jeanine Áñez, que a la postre pagó facturas dándoles trabajo en las instituciones del Estado.

“Algunos de la prensa, oral, escrita y televisiva fueron la punta de lanza del golpe desde la fabricación de la idea de dictadura, de la idea de prorroguismo, de que el gobierno (de Evo Morales) estaba malgastando el dinero de los trabajadores. Entonces, así se manipuló la información”, señaló.

En la víspera, se conoció que la jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, recibió Bs 30.000 del gobierno de Jeanine Áñez como pago por realizar la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE)” que fue concluida en 14 días.

El resultado final de la sistematización de datos fue entregado por Vacaflor, el 12 de febrero de 2020, vía ventanilla de recepción al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien a la fecha está prófugo de la justicia tras una orden de mandamiento de aprehensión en su contra por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

En ese marco, Torrico manifestó que el gobierno dictatorial de Áñez pagó facturas a algunos comunicadores, les otorgó trabajo en los medios estatales como Bolivia TV, contrataron a sus familiares en algunas entidades o les encargaron consultorías.

Indicó que los protagonistas del golpe de Estado reclamaron su tajada para conseguir trabajo en las entidades estatales, pero sabían que tenían su fecha de caducidad porque el gobierno no estaba preparado para durar más allá de los tres meses.