La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó este viernes que antes de ingresar a Bolivia, los pasajeros extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, deberán contar con un seguro de salud con cobertura para el COVID-19.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, esta entidad señaló que en el marco de sus competencias y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4481, aprobado el 31 de marzo de este año, esta institución coadyuva en las medidas de prevención contra el coronavirus.

En ese sentido, la Dirección General de Aeronáutica Civil indicó que para todos los vuelos provenientes del exterior al Estado boliviano con carácter obligatorio se cumplirá con los siguientes requisitos:

Prueba RT-PCR negativa certificada para personas mayores de cinco años de edad con una data de hasta 72 horas antes de su embarque en el país de origen, para personas nacionales o extranjeras provenientes del exterior del país por vía aérea.

Aislamiento al menos por diez días luego de su ingreso a territorio boliviano que será controlado y monitoreado de acuerdo a normativa vigente del Ministerio de Salud y Deportes.

Presentación de una declaración jurada del lugar de estadía en territorio boliviano, la misma que será otorgada por el Ministerio de Salud a las líneas aéreas para el llenado a bordo de la aeronave.

Realizar la toma de muestra para la prueba RT-PCR al séptimo día de aislamiento, cuyo costo deberá ser cubierto por el pasajero; en caso de ser positivo el resultado, se procederá a dar cumplimiento al protocolo correspondiente establecido por el Ministerio de Salud.

Antes de ingresar al territorio boliviano los pasajeros extranjeros que no tengan residencia permanente en Bolivia, deberán contar con un seguro de salud con cobertura para la COVID-19, que cubra los gastos para su tratamiento.

“La DGAC manifiesta su compromiso en coadyuvar en las medidas de prevención contra la pandemia de la COVID-19 y su trabajo de vigilancia de la seguridad operacional”, se lee en el mencionado comunicado.

“Cobardemente, los militares nos dispararon”, lamentó José Guzmán, quien relató que fue herido por los militares durante las represiones en Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, en noviembre de 2019.   

En contacto con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales, difundido por Bolivia Tv, el joven contó este viernes que en noviembre de 2019 salió a marchar a las calles de Yapacaní exigiendo respeto a la democracia, pero fue herido en el brazo con un proyectil de bala.

“Los militares nos gasificaron y dispararon. A mí, la bala me llegó al brazo y a mi compañero al cuello”, recordó y añadió que luego recurrió a un centro de salud, donde en lugar de brindarle atención de emergencia, le cuestionaron.

La bala le dejó secuelas en el brazo, si bien la herida cicatrizó, ahora siente molestias en los nervios. Ante esta situación, tuvo que renunciar a su fuente de empleo, debido a que no respondía a las exigencias.

“Soy eléctrico industrial. Mi trabajo implica alzar cosas pesadas. Pensando que me sané, volví a mi trabajo en noviembre del año pasado, pero terminé renunciando porque mis fuerzas ya no son las mismas”, lamentó. 

José se encuentra preocupado, pues de él dependen su hijo y su esposa. Lo único que pide es justicia, no sólo para él sino también para sus compañeros que también fueron heridos sólo por el hecho de pedir paz para Bolivia y respeto a la democracia.

“Pido justicia. Que el gobierno de Jeanine Áñez pague las consecuencias. Hay viudas, huérfanos y heridos. Que se ponga la mano al pecho y se haga responsables de sus actos”, manifestó José, quién es originario de Yacuiba (Tarija), pero migró a Yapacaní para dedicarse al agro y la actividad industrial.

Gabriela Rodríguez se siente libre. Ya no es perseguida ni hostigada. Ahora, puede transitar por las calles del municipio de Yapacaní del departamento de Santa Cruz y dar su testimonio sin temor.

La activista de juventudes de esa urbe fue una de las víctimas de persecución durante el régimen de Jeanine Áñez. Se opuso al paro cívico cruceño de octubre de 2019 que viabilizó el golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales.

“Estábamos en desacuerdo con el paro del Comité Cívico de Santa Cruz. Habíamos dado un plazo de 12 de horas para que levanten (la medida), porque nos estaba perjudicando, no llegada nada, la fruta que llevan de acá a la ciudad de Santa Cruz estaba podrida. Estuvimos encerrados. Nos perecía injusto que un grupo de personas paralicen toda la actividad económica en el departamento”, relató Rodríguez en entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales.

Elaboró, junto a otros compañeros, muñecos que representaban a políticos de oposición como Fernando Camacho, Rubén Costas, Carlos Mesa y dirigentes cívicos. Las figuras eran usadas en las movilizaciones juveniles a modo de protesta. Las imágenes eran publicadas en su cuenta en Facebook, lo que provocó la persecución meses después.  

Una vez que Áñez se declaró presidenta, Gabriela Rodríguez fue identificada y hostigada durante el régimen con procesos judiciales de delitos que no había cometido.

“En el caso de Yapacaní, los jóvenes fuimos los más perseguidos con el visto bueno de (Arturo) Murillo”, contó e hizo referencia al exministro de Gobierno que hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Rodríguez detalló que como estudiante de Derecho no podía ni visitar a sus compañeras de curso para avanzar clases, porque efectivos policiales se encargaban de perseguirla e incluso intervenir los hogares donde frecuentaba para advertirle de procesos judiciales.

“Se obsesionaron conmigo y querían meterme presa a toda costa”, lamentó Rodríguez a casi dos años de los hechos.

El presidente Luis Arce reivindicó este viernes la importancia de integrar a las personas con autismo en los ámbitos educativos y laborales.

“En el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, reivindicamos la importancia de integrar a las personas con esta condición en los ámbitos educativos y laborales”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mandatario reafirmó, además, su compromiso de velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas con autismo.