El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, calificó este domingo como un primer paso importante la aprehensión del cabecilla de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Jassir Molina, para la desarticulación de grupos armados privados que ejercieron violencia contra la población en 2019.

“Un primer paso importante en el cumplimiento de la recomendación de @CIDH de ‘desmantelar los grupos armados privados que han ejercido la violencia contra la población civil en todo el país, del bando que sean’”, manifestó por medio de un mensaje de Twitter.

El cabecilla de la RJC, Yassir Molina, fue aprehendido el sábado por las denuncias en su contra presentadas el 6 de octubre de 2020 por irrupción en el edificio de la Fiscalía General del Estado de la ciudad de Sucre y daños provocados a patrimonio del Estado.

Sobre el caso particular de la RJC, Abrāo recordó que fue un “grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales, ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad”.

El activista internacional mencionó, además, que la CIDH determinó que ese grupo armado privado afectó, en particular, la integridad personal y la circulación de las personas.

“Algunos de estos grupos privados ejercen control territorial y limitan la circulación sobre amplios sectores de las ciudades”, sostuvo.

El extitular de la CIDH recomendó, finalmente, que la investigación del caso, como el importante compromiso con la justicia y la reparación para las víctimas, vele siempre por observar el debido proceso, garantías judiciales, legalidad e independencia.

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Gobernación de Cochabamba, Humberto Sánchez, ganó las elecciones subnacionales en el departamento con 57,44% de votos, según el cómputo oficial al 100% del Órgano Electoral Plurinacional.

Los resultados registrados por el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (SCORC) dan a conocer que Sánchez logró 609.973 votos (57,44%), número superior a los 267.298 votos (25,17%) que consiguió Henry Antonio Paredes Polo, postulante a la Gobernación por la organización política Súmate. La diferencia fue de 342.675 sufragios.

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba habilitó 6.481 actas para las elecciones subnacionales del 7 de marzo. Según los datos registrados en esos documentos, 1.352.936 ciudadanos fueron habilitados para votar en la jornada. De este total, 1.165.226 sufragaron.

De los 1.165.226 votos emitidos el día de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales, 1.061.981 fueron válidos; 58.514, blancos; y 44.731, nulos.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM-N° 0334/2020 del 10 de noviembre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones subnacionales para el domingo 7 de marzo de 2021.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro completó este sábado el cómputo de actas de los 33 municipios donde se eligieron alcaldes y concejales, además de 16 asambleístas por territorio, 16 asambleístas por población y un Gobernador.

De acuerdo con un boletín institucional, los municipios que cerraron el cómputo son Challapata de la provincia Abaroa; Caracollo y Soracachi en la provincia Cercado; Cruz de Machacamarca de la provincia Litoral; La Rivera de la provincia Mejillones; Huanuni y Machacamarca de la provincia Pantaleón Dalence.

Además de Totora de la provincia San Pedro de Totora; Antequera de la provincia Poopó; Coipasa de la provincia Sabaya; Toledo de la provincia Saucari; Huari en la provincia Sebastián Pagador; Turco en la provincia Sajama, y Huayllamarca en la provincia Nor Carangas.

A nivel departamental se registró una participación del 87,04%, lo que significa que emitieron su voto 299.360 personas de 343.935 habilitadas. Los votos válidos fueron 258.436, mientras que los votos blancos sumaron 24.111, y los votos nulos, 16.813.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, afirmó este sábado que la reciente aprehensión de la expresidenta de facto Jeanine Añez y dos exministros tiene que ver con un acto de justicia ya que llevan en sus hombros la muerte de 37 personas, más de 800 heridos y al menos 1.500 detenidos como resultado de las persecuciones en el régimen de facto.

“El pueblo boliviano ha sufrido la violencia de los golpistas. El dolor y el luto fueron regados por el mal llamado ‘gobierno transitorio’, que en los hechos fue una dictadura impuesta a sangre y fuego”, escribió en sus redes sociales.

Mamani enfatizó que el 2019 se rompió con el orden democrático para evitar que la voluntad popular se imponga. “Inventaron un supuesto fraude (que nunca comprobaron) en contubernio con la OEA (Organización de los Estados Americanos) para obligar la renuncia del gobierno legal y legítimo de entonces”, señaló.

Recordó que los protagonistas de la confabulación “eligieron a Añez como presidenta en una reunión entre particulares, al margen de la Asamblea Legislativa. El gobierno de facto, para quedarse en el poder y desmovilizar a la población, llevó adelante violentas masacres. Se persiguió a quienes pensaban distinto o denunciaban el asalto que los golpistas hacían sobre los recursos del Estado”.

En ese sentido, Mamani dijo que, “por estas y muchas otras razones más, se debe hacer justicia. Esos hechos no pueden quedar en la impunidad y no se trata de venganza o persecución, se trata simplemente de justicia”.

De acuerdo con los datos de derechos humanos, 37 personas fueron asesinadas en Bolivia durante la crisis política que vivió el país el 2019. Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, investiga la misteriosa muerte del periodista argentino, Sebastián Moro, durante el golpe de Estado en Bolivia.