El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia emitió un pronunciamiento que repudia la agresión contra la periodista de la Red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, registrada en el departamento de Santa Cruz y pide identificar a los responsables para aplicarles la máxima sanción que manda la ley.

“Pedimos a las instancias pertinentes, como ser la Policía y el Ministerio Público, identificar a los responsables y sean aplicadas las máximas sanciones que manda la ley por esta conducta criminal”, menciona el documento.

La periodista de la radio estatal denunció ayer, miércoles, que fue agredida por una militante de la agrupación ciudadana Voces del municipio de La Guardia, cuando realizaba la cobertura de vigilias instaladas por militantes de algunos partidos políticos en el exterior del centro de cómputo instalado en la Feria Exposición de Santa Cruz.

La Confederación Sindical de los Trabajadores de la Prensa de Bolivia menciona en el pronunciamiento que el ataque contra Ojeda se constituye en un atentado contra la vida y la libertad de prensa, expresión e información, así como el derecho al trabajo, consagrados en la Constitución Política del Estado.

“El CEN de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia expresa su apoyo moral y material a la compañera periodista, Jeruslava Ojeda, víctima del oprobioso e infame episodio”, agrega el texto.

El pronunciamiento solicita, por último, que el Gobierno nacional cumpla con las garantías constitucionales para el ejercicio de la cobertura informativa de los trabajadores de la prensa.

El analista político Víctor Borda afirmó este jueves que el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó en 31 de los 33 municipios del departamento de Potosí, pero perdió en la Villa Imperial porque no tuvo la capacidad de generar nuevos liderazgos.

La victoria en la mayoría de las alcaldías, como el caso de la región norte y sudoeste, se explica porque durante años fueron abandonados por los gobiernos neoliberales y con la llegada del MAS al Gobierno en 2006 observaron que se construyeron caminos, proyectos productivos, plantas de litio, de potasio y otros, graficó el analista al programa El siete a las seis.

"En el caso de la ciudad de Potosí ocurre un fenómeno, no se ha podido generar nuevos líderes de la ciudad, por eso la gente ha ido a lo viejo más conocido", añadió en referencia al excívico Jhonny Llally, alcalde electo.

"Es una reflexión también al Movimiento Al Socialismo para generar nuevos líderes regionales", afirmó.

Observó que en la campaña no se escuchó propuestas, pero sí muchos insultos: "Llally no tiene una estructura política, no tiene un planteamiento ideológico, no se sabe si es de izquierda o de derecha y deberá abandonar sus posturas ideológicas, y trabajar de manera coordinada con la Gobernación de Potosí y con el Gobierno Nacional”.

Según el cómputo oficial al 81,82%, todos los votos del municipio Bolívar del departamento de Cochabamba son a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). El Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), que es la organización con la que disputa la Alcaldía, no tiene ni un sufragio de respaldo en las urnas.

Ambas organizaciones políticas postularon el 7 de marzo, día de las elecciones subnacionales, para ganar la Alcaldía del municipio para la gestión 2021-2026.

El candidato del MAS, Ignacio Characayo Arias, tiene 2.518 votos a favor, es decir, el 100% de los votos computados hasta la fecha.

El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba habilitó 22 actas para los comicios, de las cuales 18 fueron computadas. Faltan cuatro actas para que los resultados oficiales lleguen al 100%.

Según los datos oficiales, 3.910 ciudadanos fueron habilitados para sufragar el domingo de las elecciones subnacionales.

El exrepresentante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, sostuvo este jueves que los delitos cometidos por grupos de choque como la Unión Juvenil Cruceñista y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), dirigidos por líderes regionales en los hechos de violencia de 2019, deben ser investigados y castigados con la ley.

“En aquella época, la violencia dirigida tanto por la Unión Juvenil Cruceñista (en Santa Cruz) y la RJC en Cochabamba, incluso algunos grupos de resistencia en La Paz, era orientada políticamente y motivada por liderazgos regionales y locales de la oposición en una persecución política que recordaba las peores épocas dictatoriales que conoció Bolivia. Es la cosa que hay que erradicar para una democracia plena respetuosa de los derechos humanos”, aseguró en entrevista con Bolivia TV.

Luego de las elecciones presidenciales del 2019, con el pretexto de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la salida del entonces presidente Evo Morales del Gobierno, quien denunció un golpe de Estado.

“Al momento del golpe de Estado, un autor intelectual de estos delitos fue el actual elegido (Gobernador) en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; pero, hoy en día, hasta qué medida están implicadas altas autoridades regionales en esta actividad, se debe investigar”, sostuvo Racicot.

Indicó que los hechos de violencia de 2019 que provocaron la quema de material electoral e infraestructura, el secuestro de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, entre otros actos, privaron a la ciudadanía del derecho democrático del ejercicio político.

“Lo hemos visto en Cochabamba. La actuación de la RJC se dirigió especialmente a las mujeres, a las mujeres indígenas. Recordemos lo criminal que fue el secuestro de la Alcaldesa de Vinto (Patricia Arce) en su momento. Una violencia fenomenal”, sostuvo.

“Todas esas actividades son totalmente criminales, fuera de la ley; deben ser proscritas e investigadas, y los autores, si se comprueba en forma completa, adecuada, respetando sus derechos, que fueron implicados en los hechos de forma criminal, deben ser castigados por la ley”, añadió.