El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este martes que el Gobierno nacional tomó la decisión de llevar a juicio al secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en las instancias que correspondan, por lo que evalúa las vías jurídicas para iniciar un proceso internacional por el incumplimiento a convenios con el Estado boliviano.

“Ha habido un evidente y flagrante incumplimiento sobre las acciones pactadas entre Bolivia y la OEA, por parte de la OEA y Luis Almagro. Este es el escenario jurídico que tenemos que llevar adelante y la decisión del Gobierno nacional es llevar a juicio al señor Almagro en las instancias que correspondan, estamos evaluando los caminos jurídicos y probablemente no sean excluyentes probablemente podamos seguir todos simultáneamente”, señaló en una entrevista con la Red Uno.

Hace dos años, la OEA publicó un informe preliminar en el que cuestionó la transparencia de las elecciones presidenciales en Bolivia. Esa situación provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Lima consideró que el informe preliminar de la OEA sobre las elecciones generales no era parte de un convenio suscrito entre el Estado boliviano y ese organismo internacional, “peor aún” la presentación de un informe final en diciembre de 2019, fuera de plazo.

En los últimos días, varias organizaciones internacionales se pronunciaron en contra del accionar de Almagro, tal el caso del presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el argentino Óscar Laborde, quien ratificó que en Bolivia se registró un golpe de Estado el 2019, y advirtió que Almagro pretende promover otros similares en la región.

El presidente Luis Arce informó este martes que se reúne con asambleístas para analizar las políticas públicas con el objetivo de reactivar la economía y la lucha contra la pandemia del COVID-19, en cumplimiento del mandato del pueblo.

“Hoy, junto a nuestras hermanas y hermanos asambleístas analizamos las políticas públicas que permitan reactivar la economía y las medidas de lucha contra la pandemia. Cumplimos el mandato del pueblo boliviano. #VamosASalirAdelante”, expresó por medio de un mensaje de Twitter.

El gobierno del presidente Luis Arce lanzó varias medidas de reactivación económica desde el inicio de su mandato, entre ellas la creación de fideicomisos para créditos productivos y la reposición de la inversión pública en el afán de dar continuidad y culminar decenas de proyectos paralizados durante la gestión de Jeanine Áñez.

La lucha contra el COVID-19 se halla en la fase de vacunación masiva entre personas con enfermedades renales y cardiacas y proseguirá hasta agosto de acuerdo con un cronograma establecido por el Ministerio de Salud.

Los pobladores de la ciudad de El Alto se alzaron contra el golpe de Estado protagonizado por Jeanine Áñez y ejecutado a “sangre y fuego” por militares y policías. El 11 de noviembre de 2019,  Jeremías Carani Serrunda caminaba por la Ceja cuando de repente sintió que una bala se alojaba en su cuerpo dejándolo herido.

“Estaba de retorno a la casa de mi tío que es a lado de San Roque. Yo vivo en la casa al frente al Multifuncional bajando unas gradas y he visto que al frente estaban policías y cuando he pasado ese gas y he querido cruzar el puente, ahí me han disparado, he caído al piso, no sentía mis pies”, señaló.

“Mi hermano ha venido a auxiliarme, me ha llevado al hospital privado Kolping que queda en Villa Dolores y después ahí me han implantado un tubo porque no podía respirar, para sacar sangre que había en mis pulmones porque la bala ha perforado mi brazo y mi caja torácica, quedándose en mi columna vertebral, por esa razón no podía caminar”, detalló.

“Me cuesta caminar mucho, parado me canso rápido, tampoco puedo alzar cosas pesadas porque me debilito, a veces arrastro el pie", agregó.

El testimonio de Jeremías Carani Serrunda forma parte del Informe final de conclusiones de la Comisión Especial Mixta que investigó las masacres de Senkata y Sacaba, que terminó con 37 muertos, más de 800 heridos y alrededor de 1.500 aprehendidos.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, dijo este martes que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, no se preocupa por la justicia y la impunidad en Bolivia, porque ignoró el rol y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres y las torturas registradas durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Almagro no se preocupa por la justicia e impunidad en Bolivia, si fuera así al menos le hubiera incomodado el DS 4078 de Áñez. Ignora el rol de la CIDH y sus recomendaciones de 2019, así como los derechos de las víctimas de masacres, torturas y otros delitos que Áñez ejecutó”, aseveró, en un mensaje difundido por Twitter.

Un informe preliminar de la CIDH respecto al conflicto postelectoral de Bolivia de 2019 señaló que hubo masacres tanto en Sacaba como en Senkata, y que incluso se tiene indicios de ejecuciones extrajudiciales.

El organismo internacional indicó que recibió el reporte de 36 personas que perdieron la vida.

“En criterio de la Comisión, estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, ya que se cometieron en contra de un grupo específico de personas”, manifestó el documento.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que está a cargo de la investigación volvió a principios de marzo al departamento de Cochabamba, para recabar nuevos testimonios sobre los hechos de violencia suscitados en esa región durante el conflicto poselectoral de finales de 2019.