En el régimen de Jeanine Áñez, la libertad de expresión estuvo bajo amenaza. No solamente periodistas fueron conminados durante ese gobierno que es considerado de facto, sino la población en su conjunto.

Los hechos reflejan cómo autoridades del régimen optaban por medidas que restringían derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado como la expresión y difusión libre de opiniones y el acceso a la información.

Días después de que Áñez se proclamara presidenta, la entonces nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reveló que se hacía seguimiento a periodistas que no compartían con la línea gubernamental, ya que eran considerados sediciosos.

“La prensa tiene todas las garantías para trabajar. Y, aquellos periodistas o seudoperiodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley, porque lo que hacen algunos periodistas que son, en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, amenazó.

A eso se suma la advertencia vertida por el Ministerio de Gobierno a cargo de Arturo Murillo. La noche del 31 de mayo de 2020, difundió un comunicado en el que amenazaba al periodista Junior Arias de la red televisiva Gigavision por la investigación del caso vinculado a la adquisición estatal de gases lacrimógenos por parte del Gobierno con presunto sobreprecio. El régimen de Áñez consideró la investigación periodística como “guerra sucia” y “guerra política”.

“Ante ello, solicitamos al Sr. Arias que rectifique. Con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables, el Sr Arias está dañando la imagen, el honor y la dignidad de varias personas”, se lee en el comunicado.

“Repetimos: es una falsedad y no vamos a descansar hasta que el Sr Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas”, añade.

El comunicado provocó reacciones de rechazo. Por ejemplo, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, se pronunció y aseguró: “Manifiesto grave preocupación por respuesta del Ministerio de Gobierno de Bolivia a investigación periodística sobre compra de gases antidisturbios. Calificar de hacer ‘guerra sucia’ o ‘guerra política’ a un medio es estigmatizar, en lugar de rendir cuentas sobre tema de fondo”.

En enero de 2021, el director de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), José Aramayo, denunció que el gobierno de facto de Jeanine Áñez acalló la voz de 88 emisoras que forman parte del sistema nacional, cuyos equipos desaparecieron, fueron secuestrados o quemados con el objetivo de aplacar la voz de las naciones que viven en el occidente, trópico y amazonía de Bolivia.

Los periodistas no fueron los únicos conminados, sino la población. El régimen se encargó de aplicar decretos supremos para sancionar a quienes opinaban diferente, sobre todo en la primera ola de contagios del COVID-19. 

A partir del 22 de marzo, rigió en todo el territorio nacional una cuarentena total aplicada por el Decreto Supremo N° 4199. La norma determinó que los estantes y habitantes en Bolivia debían permanecer en sus domicilios o en la residencia que se encuentren durante el tiempo que dure la cuarentena total.

Esa norma permitía que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas salgan a las calles con el fin de vigilar el cumplimiento de las restricciones. Las personas que incumplían el Decreto Supremo eran sancionadas con ocho horas de arresto hasta 10 años de cárcel más la imposición de multas pecuniarias. Además, el régimen advirtió con privar la libertad de los funcionarios públicos que incurran en incumplimiento de deberes pese a la emergencia sanitaria.

A eso se suma que el 7 de mayo de 2020, Áñez y el gabinete de ministros emitieron el Decreto Supremo N° 4231, mismo que estableció: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

El Artículo 106 de la Constitución determina que el Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información.

“El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”, se lee en parte de la norma.

Añade que el Estado garantiza a las trabajadoras y los trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información.

El 18 de octubre de 2020, cuando Luis Arce ganó con el 55,11% de los votos válidos como candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), se puso fin al régimen de Jeanine Áñez, un año después de que Morales, líder del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, denunciara el golpe de Estado.

En noviembre de 2020, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, destacó la importancia de que el Gobierno llegue a todos en el marco del respeto a la libertad de expresión.

“Eso está garantizado por la Constitución Política del Estado, eso no se va atropellar desde ningún punto de vista", sostuvo cuando asumió el cargo.

En enero de 2021, revalidó el compromiso gubernamental para devolver la voz a las comunidades rurales e indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia.

“De más de 100 RPOs se han bajado a 16 y solo dos funcionando correctamente. Se están empezando a recuperar, no es fácil considerando que muchos ítems han desaparecido, los equipos tampoco sabemos dónde están”, dijo Alcón en aquella oportunidad.

“Lo que quería el Gobierno de facto es que desaparezcan estas radios y las estamos recuperando y las vamos a recuperar, ese es nuestro compromiso. También, vamos a fortalecerlas, porque nuestras comunidades, nuestro país necesita estar informado, necesita un medio de comunicación donde ellos puedan expresar sus necesidades, sus demandas”, añadió.

Este lunes, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional presentó ante la Fiscalía General del Estado una acusación propositoria por la vulneración a la libertad de expresión durante el régimen de Áñez.

La denunciada en este caso es Jeanine Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo

A través de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías se envió una Petición de Informe Escrito (PIE) sobre la manipulación a universitarios por parte del exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, para gestar el golpe de Estado de 2019, señaló este lunes el presidente de la Brigada Parlamentaria de La Paz, José Rengel.

“El exrector ha utilizado a los jóvenes en el golpe (de Estado) prometiéndoles ingreso libre, lo cual no cumplió, otro engaño más a los jóvenes universitarios, no se ha cumplido, eso es politizar la universidad”, denunció en conferencia de prensa, citado en un boletín institucional.

Rengel señaló que la exautoridad de la UMSA fue uno de los promotores de las movilizaciones en reclamo de la anulación de las elecciones presidenciales de 2019, lo que repercutió en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Ese movimiento también fue impulsado por el excandidato opositor Carlos Mesa y el entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Asimismo, informó que Albarracín no dio respuesta a la anterior PIE por el interinato en la rectoría de esa casa superior de estudios. Al término del plazo se pasará a la Petición de Informe Oral (PIO).

Las denuncias también tienen que ver con observaciones denunciadas por el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés (STUMSA), que se refieren a la contratación irregular de 700 administrativos que fueron incorporados con solo una resolución, sin concurso de méritos como es el conducto regular. La STUMSA determinó un proceso interno por las acciones y cobros indebidos de hasta Bs 250.

“El exrector utilizó irregularmente los fondos, en vez de usarlos en el Área de Investigación, tanto en docentes como estudiantes, (…) Albarracín hizo invitaciones directas, favoreciendo a quienes apoyaron el golpe de Estado”, sostuvo.

La Cancillería de Perú informó este lunes que recibió una solicitud de refugio de la exministra de Comunicación del régimen de Jeanine Añez, Roxana Lizárraga.

“En coordinación con @ACNUR, la @CancilleriaPeru recibió la solicitud de refugio de la señora Roxana Lizarraga Vera, exministra de Comunicaciones de Bolivia del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez”, señala un mensaje de la delegación diplomática peruana, difundido por las redes sociales.

El texto menciona que la solicitud es procesada conforme a ley.

La solicitud de Lizárraga fue enviada en medio del desarrollo de las investigaciones referentes al caso golpe de Estado, por el que se recluyó con detención preventiva a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a sus exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán.

La extitular de Comunicación fue estrecha colaboradora de Áñez, pero renunció de manera irrevocable a su cargo el 26 de enero de 2020, en rechazo a la postulación de la entonces presidenta a las elecciones generales.

La exautoridad del gobierno de facto recordó que la denominada “revolución de las pititas”, que provocó el golpe de Estado de 2019, le encargó a Áñez encaminar el retorno a la democracia con la convocatoria a elecciones limpias, libres y en igualdad para todos los candidatos, comicios que fueron postergados durante su gestión.

“Es claro que nuestro Gobierno transitorio ha perdido sus objetivos. Le estamos empezando a fallar a la revolución de las pititas”, sentenció Lizárraga, según se lee en parte de su nota de renuncia.

Entre las acciones más controversiales de su gestión, Lizárraga amenazó con la aplicación de acciones legales contra “periodistas o pseudo-periodistas que estén haciendo sedición”, mientras ocurrían los hechos de violencia poselectoral de 2019 que derivaron en el golpe de Estado.

El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el argentino Óscar Laborde, ratificó que en Bolivia se registró un golpe de Estado el 2019, y advirtió que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pretende promover otros similares en la región.

"El Parlasur que estuvo presente en aquella ocasión determinó rápidamente que fue un golpe de Estado, primero porque la OEA sin ningún atributo legal pone en duda los resultados que había aprobado el Tribunal Supremo Electoral, que el MAS había ganado en primera vuelta. Está claro que esto quedó evidente cuando en las próximas elecciones el MAS no solamente repitió la elección, sino que sacó 15 puntos más que en aquella ocasión", señaló.

El representante del Parlasur argumentó que fue un golpe de Estado por la participación de las Fuerzas Armadas que violaron el Artículo 244 de la Constitución Política del Estado, que le impide involucrarse en temas internos, y la violación del Artículo 271 por parte de la Policía, que amparó a los grupos paramilitares.

En ese marco, aseveró que las renuncias del entonces presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García Linera y de sus ministros “fueron por la fuerza”.

"Jeanine Áñez asume sin que la Asamblea tenga quórum y no siendo ella la sucesora natural de lo que correspondía en caso de que hubiera renunciado Evo Morales y luego vinieron las matanzas de decenas de manifestantes en contra del golpe de Estado, fueron masacrados, eso es lo que se juzga, se juzga un golpe de Estado", apuntó Laborde.

Por otro lado, advirtió sobre el rol de Almagro a quien calificó como cómplice del golpe de Estado y que ahora, con la creación de una comisión de investigación de la corrupción de Bolivia en la época de Evo Morales, pretende cuestionar el ejercicio del sistema judicial.

"Hubo un golpe evidentemente, el pueblo tuvo la inteligencia de recuperar la democracia en las últimas elecciones y Luis Almagro insiste en intrigar contra la democracia y promover golpes de Estado en nuestra región, hay que estar muy atentos", concluyó.