David Inca, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) El Alto, denunció este miércoles que la señora Amparo Carvajal, expresidenta de la APDHB, instruyó al secretario de la oficina central de esa institución rechazar cualquier informe o documentación sobre la masacre de Senkata.

“Instruyó al secretario de la oficina central de la APDHB, no recibir de parte de la APDH de El Alto, ningún informe o documento referente a las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el mes de noviembre de 2019, en especial de la masacre de Senkata”, indicó.

Inca además recordó que Carvajal no es más presidenta de la APDHB, ya que su mandato orgánico concluyó en julio de 2018; sin embargo, continúa asumiendo arbitrariamente esas funciones.

También rechazó las afirmaciones de Carvajal, en sentido de que la APDHB no entregó informes y documentos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ya que fue la representación del El Alto que, en noviembre de 2020, entregó la documentación durante la estadía de los representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bolivia.

“Es necesario desmentir a la expresidenta que la GIEI - CIDH no haya recibido ningún documento de la APDH, puedo afirmar que sí recibió oportunamente de parte de la APDH - Bolivia las denuncias, testimonios, fotografías, vídeos, nómina de víctimas, certificados de defunciones, copias de autopsias, certificados médicos, documentos de identidad, informes de instituciones de derechos humanos que reflejaron las torturas sufridas por personal policial y médico ante las víctimas alteñas”, aclaró.

A tiempo de expresar su molestia ante la actitud de Carvajal, Inca le recordó que no es propietaria de la institución de derechos humanos y que según el estatuto interno dispone que los activistas tienen la obligación de denunciar toda violación de derechos, cosa que Carvajal ocultó durante el golpe de Estado.

“El estatuto de la APDHB aprobado en el segundo congreso orgánico del año 2014, el cual la expresidenta firmó, claramente dispone que los activistas permanentes tenemos la ineludible obligación de denunciar las masacres, torturas, genocidios, juicios extrajudiciales, tratos inhumanos y degradantes; es decir, tenemos que denunciar las violaciones a los derechos humanos. No es ético, ni moral defender a la persona o grupo de personas que ordenaron usar las armas de guerra para herir o matar”, resaltó.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional emitió este miércoles un comunicado que rechaza y condena las recientes declaraciones de dos exconsejeros de la Magistratura sobre denuncias en su contra por nepotismo, porque menciona que intentan ocultar actos reñidos con la Ley y la ética.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional rechaza y condena enfáticamente las declaraciones falaces y temerarias de dos exconsejeros de la Magistratura que intentan ocultar con improperios y mentiras sus graves actos reñidos con la ley y la ética”, menciona el documento oficial.

De acuerdo con el texto, ni el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, ni el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Cesar Siles Bazán, tienen relación o responsabilidad con los hechos de corrupción y nepotismo que han empujado al Consejo de la Magistratura al centro de la crítica de la opinión pública nacional.

“Son los actos de los consejeros recientemente inhabilitados los que causaron el desprestigio de esta instancia que es parte del Órgano Judicial”, añade el documento.

Asimismo, el comunicado menciona que la Acción de Cumplimiento promovida por la verificación de actos de nepotismo de los dos exconsejeros que incurrieron en una prohibición constitucional es vinculante y de cumplimiento obligatorio. 

“Corresponde a la Presidencia del Consejo de la Magistratura actuar en consecuencia”, agrega. 

En una ayuda memoria adjunta esa Cartera de Estado recordó que los exconsejeros Dolka Vanessa Gómez Espada y Gonzalo Alcón Aliaga incurrieron en las causales de prohibición y causa de incompatibilidad constitucional y legal para el ejercicio de sus funciones, debido al parentesco de acuerdo con varios antecedentes.

En el caso de Alcón, detalla un nepotismo entre hermanos, puesto que el exconsejero tenía relación de parentesco en segundo grado con Rafael Alcón Aliaga, según la comparación de partidas de nacimiento de ambos.

Por otro lado, explica que en lo referente a Gómez se registró un nepotismo entre esposos, puesto que una partida de matrimonio establece que ella contrajo matrimonio con Remberto Basoalto Becerra el 26 de noviembre de 2011, en el departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez.

El hecho incurrió en la causal de incompatibilidad por matrimonio prevista en los artículos 3, 4, 9 y 10 del Reglamento de Incompatibilidades, Prohibiciones e Impedimentos de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, agrega la ayuda memoria.

“Gonzalo Alcón Aliaga y Dolka Vanessa Gómez Espada, desde el momento de su postulación tenían pleno conocimiento que incurrían en una de las causales de incompatibilidad funcionaria, por vínculo de parentesco consanguíneo en segundo grado y por vínculo matrimonial en primer grado, respectivamente”, asevera el texto. 

En ese contexto, el documento acota que, en atención a esos hechos, mediante nota SEPDAVI/DGE/NE/No.215/2021 de 9 de julio de 2021, el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) solicitó ante el Presidente del Consejo de Magistratura que se convoque a los suplentes de los consejeros implicados.

A través de Nota CITE: OF.SP-CM N° 796/2021 de 14 de julio de este año, Omar Michel Durán, en calidad de Presidente del Consejo de la Magistratura, sobre la nota presentada refirió: “En cumplimiento a la determinación asumida en la Sala Plena Ordinaria de 14 de julio de 2021, se decidió rechazar in limine y desestimar su requerimiento”.

“En mérito a lo señalado en fecha 21 de julio de 2021 se interpuso Acción de Cumplimento contra dos (2) consejeros de la Magistratura, por omisión en el cumplimiento de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025, tramitado ante la Sala Constitucional Segunda, resultado de esta acción de defensa se ha dictado la Resolución N° 150/2021 de 26 de julio de 2021, a través de la cual se otorga tutela jurídica respecto de la petición de cumplimiento, debiendo el Presidente del Consejo de la Magistratura activar los mecanismos a efecto de dar cumplimiento a la disposición señalada en el Art. 174. II de la Ley del Órgano Judicial”, añade el documento.

El artículo 174 II de la Ley del Órgano Judicial menciona que: “En caso de impedimento temporal, cesación del cargo de una o uno de las consejeras o los consejeros de la Magistratura, la presidenta o el presidente del Consejo de la Magistratura, convocará a una o uno de los suplentes elegidos, siguiendo el orden de la votación que hubieren obtenido. La suplente o el suplente convocado accederá a la titularidad con todos los derechos y prerrogativas”.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, aseguró este miércoles que el peritaje presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) ratificó lo que se dijo desde un inicio, que no hubo fraude, y que solo un grupo de personas que no aceptaban el resultado de las elecciones de octubre de 2019 se movilizó generando violencia y convulsión social en el país.

“Nosotros lo hemos dicho desde un principio, nunca hubo fraude; lo que hicieron fue no aceptar los resultados que hubo en su momento, así que esto nuevamente nos da la razón a nosotros y espero que la justicia actúe de una forma imparcial y que haga cumplir todo lo que dice nuestra Constitución y nuestras normativas”, manifestó.

Copa señaló que, en reiteradas oportunidades, cuando ejerció la presidencia del Senado, manifestó que no hubo fraude electoral en los comicios de 2019 y que los resultados electorales no fueron manipulados.

Con los resultados de la pericia en el área de seguridad informática y administración de redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, suman siete los análisis de diferentes universidades y medios de comunicación extranjeros que indicaron que no existió fraude en el proceso electoral.

The Washigton Post, The New York Times, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el Center for Economic and Policy Research (CEPR), el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la Fundación Carolina y la Universidad de Salamanca realizaron los estudios periciales y no encontraron argumento alguno sobre un supuesto fraude electoral en 2019.

El martes, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, anunció el cierre del caso de supuesto fraude electoral, después de conocer el informe de la pericia internacional que encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), en la Cámara de Senadores, recordó este miércoles que los políticos de la oposición nunca presentaron pruebas sobre su teoría del supuesto fraude electoral, relato que fue desestimado nuevamente por una pericia internacional, está vez por expertos de la universidad de Salamanca, España.

“Queremos decir y ser absolutamente claros, que la oposición jamás demostró los procedimientos, o los documentos, o las personas que hubieran cambiado una sola acta, y que por eso ahora conocemos la verdad de los hechos, no existió fraude el 2019”, indicó el jefe de bancada Adolfo Flores.

Ante las advertencias de sus colegas de oposición, de acudir a instancias internacionales para denunciar el cierre del caso fraude por parte de la Fiscalía General del Estado, Flores dijo que “seguro serán los mismos que apoyaron el golpe de Estado”.

“Con seguridad que se van a volver a unificar, unirse en reuniones seguramente con algunos miembros de la OEA (Organización de Estados Americanos), como lo hicieron en la elección de 2019, tal vez con algunos de la Comunidad Europea también, tal vez con la Embajada de Brasil”, mencionó.

Ante algunas observaciones sobre la contratación de los expertos internacionales, aclaró que la Fiscalía, de acuerdo a procedimiento, tiene la facultad de acudir a equipos internacionales, como aconteció con el caso de los peritos de la universidad española.

“El Ministerio Público, de acuerdo al procedimiento penal, tiene la facultad de solicitar o contratar equipos de peritos nacionales o internacionales y en cumplimiento a esa normativa ha contratado a peritos internacionales de la Universidad de Salamanca”, ratificó.

Destacó la experiencia y profesionalidad del encargado de la investigación del presunto fraude de 2019, Juan Manuel Corchado, doctor en Inteligencia Artificial de la University of the West Scotland, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Salamanca, director del IOT Digital Innovation Hub, e investigador del grupo reconocido BISITE (Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa), además de investigador en las universidades Paisley (Reino Unidos), Vigo (España) y en el Plymouth Merine Laboratory (Reino Unido). 

“Confiamos en este equipo de técnicos internacionales, que han operado especialmente en el tema del cómputo electoral el 2019”, finalizó.