La responsable Nacional de Salud del Régimen Penitenciario, Mariana García Vargas, informó este miércoles que la salud de la exmandataria Jeanine Áñez es estable. Afirman que esta mañana la llevaron al Hospital del Norte para realizarle exámenes complementarios, por lo que trataron de comunicarse sus familiares, pero sus hijos no contestaron las llamadas.

“Hoy, se realizó una tomografía axial computarizada simple de tórax para esta privada de libertad, con todos los resultados que tenemos podemos decir que el estado de salud de la señora Áñez es estable”, señaló García en conferencia de prensa.

Añadió que este examen complementario se realizó en el Hospital del Norte, porque el Hospital del Tórax no tenía la disponibilidad, porque estaba atendiendo pacientes con COVID-19 y para evitar susceptibilidad de la familia la llevaron a otro nosocomio.

García indicó que trataron de comunicarse con los hijos de la exmandataria para que la acompañen; sin embargo, sus hijos no respondieron las llamadas a tiempo. Con el objetivo de precautelar su salud se la traslado para que hagan un examen complementario “minucioso”, con el que se evidenció que la salud de Áñez es estable. 

El director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, aseguró que se comunicaron con el médico de la detenida para informar sobre su salida para hacer los exámenes complementarios que están en los parámetros normales.

Limpias lamentó que existan “discursos” de familiares de la exmandataria que indican que el Régimen Penitenciario niega información sobre el estado de salud de la privada de libertad.

“El historial clínico ha estado a disposición de sus médicos, los médicos que han entrado en 10 oportunidades al centro penitenciario, estoy hablando de los especialistas de la señora Áñez, han tenido acceso prácticamente a todos los informes que tenemos en el centro penitenciario, entendemos que por eso también lo han recibido”, indicó.

Limpias añadió que el Régimen Penitenciario siempre precautelará la salud de los privados de libertad, y en este caso se solicitará la conformación de una junta médica de especialistas para analizar los resultados y que den a conocer el estado de salud de la exmandataria, para evitar posibles especulaciones.

“Hemos tomado la decisión que vamos a hacer llegar una nota al director del Hospital del Tórax para solicitarle que puedan convocar a médicos especialistas para que vean conveniente un análisis de los resultados, para dar una información sobre la salud de la privada de libertad”, dijo Limpias.

Durante la entrega del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) este miércoles en el Distrito 8, zona Senkata de la ciudad de El Alto, se ratificó que no existió intención de generar una explosión en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicada en ese sector, en los conflictos de 2019.

“El GIEI tuvo la oportunidad de evaluar objetivamente argumentos en los que se señalaba a la población alteña con una intención de generar afectaciones a la planta YPFB de Senkata, no obstante, a partir de investigaciones objetivas, acudiendo a la planta, analizando expedientes investigativos y mediante estudios técnicos del equipo de antropología forense, nos es posible afirmar taxativamente que no existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Senkata”, sostuvo el experto Juan Méndez, citando el informe del GIEI.

Previo a la ejecución del operativo policial-militar en Senkata, el 19 noviembre de 2019, la entonces presidenta de facto Jeanine Áñez y sus ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López, acusaron a la población movilizada de intentar hacer explotar esta infraestructura.

“Hemos recibido agresiones físicas a instalaciones estratégicas nacionales, como son ductos estropeados y amenaza de agresiones explosivas que destruirán totalmente plantas estratégicas de hidrocarburos como la de Senkata”, decía Áñez en conferencia de prensa junto al Alto Mando, el 15 de noviembre de 2019, para justificar la intervención en la que perdieron la vida 11 personas y dejó decenas de heridos.

El informe del GIEI establece además que, durante el operativo del 19 de noviembre de 2019, en Senkata, hubo un uso desproporcionado de la fuerza y de armamento letal. 

“En noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía ejecutaron un operativo conjunto con uso desproporcionado de la fuerza, lo que derivó en 11 personas fallecidas. Asimismo, el GIEI puedo verificar, a raíz de las autopsias, que el calibre empleado y de los casquillos encontrados en el lugar y en los cuerpos de las víctimas, es compatible con armas de uso exclusivo del Ejército”, detalla el informe.

El presidente de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia, José Antonio Pereira, denunció este miércoles que varios estudiantes de un colegio particular de la ciudad de La Paz, fueron expulsados de las clases virtuales porque no cancelaron las pensiones mensuales.

“Hemos entregado (una carta) el 13 de agosto con esta denuncia, se vulnera los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se expulsa de las clases virtuales y se amenaza de que perderán el año, si los padres no cancelan las pensiones”, dijo en declaraciones a Radio Éxito.

El dirigente dijo que esas acciones asumidas por los administradores de una unidad educativa privada van en contra de la resolución 01/2021, emitida por el Ministerio de Educación y la misma Constitución Política del Estado, que consigna a la educación como un derecho humano.

Lamentó que los colegios privados no estén cumpliendo con el instructivo emitido por el Ministerio de Educación a inicios de gestión, en el que se señala una escala de descuentos en las mensualidades que cobran los colegios privados desde un 10 hasta un 35%.

“Un 5 por ciento (de colegios) en todo el país está obedeciendo al instructivo ministerial con el descuento del 10,25 y 35 por ciento, quiere decir que casi nadie está obedeciendo”, aseveró.

La carta de denuncia fue presentada ante el secretario de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y se espera una respuesta y acciones de parte de las autoridades.

El recto de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia, informó este miércoles que implementarán algunas actividades presenciales en el desarrollo académico y se evalúa un posible retorno a clases en aula.

“En realidad a clases no vamos a retornar, sin embargo alguna actividades como laboratorios, talleres, exámenes, defensa de trabajos dirigidos, tesis, exámenes de grados se irán implementando presencialmente; porque hay menos posibilidad de hacinamiento y cumpliendo con las medidas de bioseguridad correspondientes”, dijo a los periodistas.

Relató que la gente adecuó a una nueva realidad, con la presencia del coronavirus, sale a trabajar, asisten a reuniones familiares, y se ve necesario volver a una normalidad presencial en un mediano o largo plazo.

Dijo que como universidad que hacen ciencia deben tener informes científicos para tomar decisiones, respecto al retorno a las clases presenciales.

Según el Rector de la UMSA el Gobierno les asignó Bs 12 millones del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH), mismos que fueron utilizados en investigación, infraestructura, y en implementación de medidas de bioseguridad.