El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, recomendó a la población boliviana extremar las medidas de bioseguridad con el uso del barbijo, el distanciamiento social y acudir a la vacunación, ante un leve incremento del 6% de los casos de COVID-19 que se presentó en el informe epidemiológico de la semana 32.

“Se ha reportado un leve incremento de casos del 6 por ciento y es por eso que aprovechamos para solicitar a todos los bolivianos y bolivianas, extremar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, el uso de barbijo, el lavado de manos, son importantes para poder contener la pandemia y mitigarla, es importante también acudir a los centros masivos de vacunación a inmunizarse porque solo así vamos a poder pensar en una reactivación”, dijo, citado en un boletín institucional.

Ratificó que Bolivia durante nueve semanas consecutivas mantuvo una desescalada de casos según el reporte epidemiológico de la semana 32, que se toma en cuenta hasta el sábado 14 de agosto.

Auza insistió que la única forma de evitar que una persona llegue a terapia intensiva es acudiendo a inmunizarse para proteger su salud y la vida de sus familiares.

“La única manera de pensar en una nueva normalidad es acudir a la vacunación, vacunación para una reactivación. El Gobierno nacional no solamente está garantizando la llegada de las vacunas al país para todo el pueblo boliviano, sino también le está dando accesibilidad a la población”, aseveró.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó este martes que el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que será presentado hoy permitirá elaborar una agenda sobre los derechos humanos para que el Estado garantice los derechos fundamentales y nunca más se masacre la protesta social.

“Este informe tiene que permitir, a través de sus recomendaciones, implementarlas de la forma más saludable, para que mejore, no solamente la política pública alejada de cualquier forma de represión sangrienta (…), sino también hacer agenda de los derechos humanos para que se garanticen las libertades fundamentales, para que nunca más se masacre todo lo que es la protesta social”, explicó Cox en entrevista con Bolivia Tv.

Asimismo, Cox indicó que este informe final permitirá identificar a las personas que trasgredieron los derechos humanos, ya sea por acción u omisión, y quiénes realizaron un manejo irresponsable de la política gubernamental durante septiembre y diciembre del 2019.

"Este documento, no solamente va a ser histórico en su contenido, tiene que ser para que se dé vuelta la página, pero sin perdón ni olvido. Lo que se ha vivido en Bolivia, nunca más se puede reeditar”, expresó.

Cox considera que este documento será un respaldo para que el Ministerio Público, la Policía, además de las autoridades judiciales den continuidad a las investigaciones en búsqueda de justicia para las familias bolivianas que sufrieron por las masacres y violaciones a los DDHH.

“(Este informe) nos va a dejar grandes acciones para que podamos programar, como bolivianos y bolivianas, como autoridades (…), lo que tenemos que hacer para que nunca más se trastoque la democracia y para que nuestro Estado de derecho sea mucho más saludable en función a las recomendaciones, que venga a dar tranquilidad a la población que ha sufrido de la violencia estatal dentro de un gobierno de facto”, indicó Cox.

Bolivia puede vacunar hasta septiembre al 70% de su población mayor de 18 años, para alcanzar la "inmunidad de rebaño" contra el COVID-19, anunció la viceministra de Salud, Alejandra Hidalgo.

"El tiempo para poder tener una cobertura, una inmunidad de rebaño está planteado hasta el mes de septiembre, con todo este trabajo que se va desplazando en coordinación con autoridades de los departamentos y autoridades locales", dijo la funcionaria a la televisión estatal.

La población mayor de 18 años, objetivo inicial de la campaña de vacunación, suma casi 7,2 millones de personas, de las cuales se necesitaría alcanzar al menos el 70% para lograr la inmunidad colectiva, según cifras oficiales.

Hasta el fin de semana, la campaña de vacunación había sumado poco más de cinco millones de aplicaciones, de las cuales casi tres millones fueron primeras dosis y dos millones restantes, segundas dosis o vacunas unidosis, reportó el Ministerio de Salud.

Hidalgo hizo la declaración poco antes de que China entregara una donación de 300.000 dosis de la vacuna anticovid Sinopharm, la más utilizada en el país.

Paralelamente, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, dijo a reporteros que Bolivia recibió ya más de nueve millones de dosis de vacunas de diversas marcas y había asegurado la recepción, hasta septiembre, de lo necesario para llegar al 100% de la población objetivo.

"La población vacunable es de casi 7,2 millones de personas, ya hemos recibido primeras dosis 5,5 millones equivalentes al 76% de la población objetivo, mientras que nos falta el 37% de segundas dosis", detalló.

Blanco confió en que Bolivia habrá recibido hasta septiembre el 100% de las vacunas necesarias para inmunizar a todos sus ciudadanos mayores de 18 años, pero advirtió que el éxito de la operación estaba supeditado a la capacidad de los gobiernos regionales para movilizar los equipos y el personal requeridos.

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, destacó la credibilidad, seriedad e imparcialidad del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que presentará mañana martes su informe sobre violación a los Derechos Humanos en 2019 y alertó que los medios de difusión conservadores buscarán minimizar ese reporte o distorsionarlo, como hicieron con lo referido a las 37 víctimas de las masacres ocurridas en ese año.

El analista, entrevistado en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, explicó que ese informe se tratará de un “dictamen” que contribuirá a la búsqueda de justicia para las víctimas del golpe de Estado ya que no se podrá lograr la reconciliación de la sociedad boliviana en base a la impunidad.

El GIEI está conformado por “profesionales independientes que están al margen de cualquier motivación política, partidaria o de direccionamiento ideológico. Se ha hecho un trabajo muy meticuloso, muy objetivo para determinar lo que ocurrió en los luctuosos sucesos de 2019”, indicó.

Ferreira dijo que las autoridades judiciales competentes son las encargadas tomar en cuenta ese dictamen, ese informe técnico elaborado por especialistas.

El analista lamentó que varios medios de difusión intenten colocar en la agenda pública la idea de que Jeanine Áñez es una “mártir” sufrida, pero se olvidaron de las 37 personas muertas en las masacres de 2019 o de las viudas y huérfanos. Es más, esos medios mostraron a las víctimas como personas que resultaron afectadas porque “ellos se lo buscaron”.

Dijo que esos mismos medios ahora pretenden minimizar el informe del GIEI o distorsionar su impacto.