Este miércoles concluyó en la ciudad de La Paz, Bolivia, la II Reunión de Altas Autoridades de Iberoamérica con Pueblos Indígenas, en la que los asistentes evaluaron los avances en la implementación del Plan de Acción para el Cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocidos por las Naciones Unidas.

“En el evento, se identificaron al menos 11 derechos esenciales cuyo ejercicio pleno los Estados de la región no han logrado garantizar, más allá de las declaraciones o su incorporación en los cuerpos jurídicos nacionales, que no se cumplen”, indica una nota de prensa.

El relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Cali, hizo un breve resumen de las conclusiones del encuentro “Avances y Desafíos para la implementación del Plan de Acción rumbo a la primera evaluación de 2022”.

“El futuro es hoy y tenemos que pasar del diálogo al reconocimiento efectivo de los derechos de los Pueblos Indígenas”, dijo Cali, quien parafraseó a Jessica Vega, miembro de la Red de Jóvenes Indígenas y del Caucus Global.

Los asistentes reunidos en el salón Tiahuanaco de la Cancillería boliviana, país anfitrión, evaluaron los cuatro objetivos de la hoja de ruta decenal (2018-2028), que son: ajustar los marcos normativos e institucionales nacionales a los estándares internacionales de derechos de los Pueblos Indígenas (Objetivo 1); e incluir la perspectiva de los Pueblos Indígenas, en especial de mujeres y jóvenes, en los planes nacionales para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 2).

A esos dos se suma el establecer mecanismos permanentes de participación plena y efectiva, diálogo y consulta entre Estados y Pueblos Indígenas (Objetivo 3); y visibilizar y fortalecer la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en la generación de políticas públicas dirigidas a la especial atención y prevención de las diversas formas de violencia de las que son víctimas (Objetivo 4).

“He punteado las ideas relevantes de los distintos ponentes que se presentaron hoy, y este relator pudo observar que hay necesidades de que se haga efectivo el derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas, al autogobierno a través del reconocimiento de los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho”, dijo Cali.

El invitado especial del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe también se refirió a los problemas y conflictos en tierras y territorios provocados esencialmente por la actividad minera y la criminalización de los indígenas que salen en defensa de su territorio y del medio ambiente.

“Es necesario, para que se evite esta problemática, la titulación de las tierras y el saneamiento de los títulos de propiedad”, dijo Cali.

En el II encuentro participaron como ponentes invitados especiales, especialistas, representantes de organismos internacionales bilaterales y multilaterales que apoyan el desarrollo y los derechos de los Pueblos Indígenas.

En casi todas las ponencias –añadió Cali– se dijo que la consulta previa, libre e informada no ha sido efectiva.

“Por supuesto, este relator podría agregar de que el proceso de consulta es un proceso, el objetivo es lograr el consentimiento previo libre e informado de los Pueblos Indígenas, sobre toda actividad que se desarrolle en sus territorios o que les afecten en forma directa”, indicó.

También se destacó la necesidad de que haya reconocimiento de los Pueblos Indígenas, porque hay países donde todavía no se reconoce su existencia.

Los expositores también hicieron hincapié en el racismo y discriminación, específicamente en el acceso a los servicios básicos, como salud y educación, que afectan más a las mujeres indígenas.

Cali enfatizó también el planteamiento de poner en marcha un modelo de desarrollo “con respeto a la cosmovisión de los Pueblos Indígenas” y que rescate el concepto del “Buen Vivir”.

La necesidad de participación Pueblos Indígenas en los planes de conservación de la diversidad biológica; la participación de las mujeres indígenas y afrodescendientes en las decisiones políticas y programas estatales que les atañen: la falta de acceso a la justicia, a la salud, a la autonomía económica, la educación y la tecnología también fueron recogidas por el relator especial de Naciones Unidas.

En cuanto a los jóvenes, Cali rescató de las ponencias “el acceso a internet como un derecho a la participación política efectiva pública, educación intercultural, la voluntad de los Estados de dar un espacio a las iniciativas de las juventudes indígenas, a visibilizarlos en sus estadísticas, a promover programas de salud para los jóvenes, en particular la salud sexual y reproductiva y la salud mental, además de fomentar espacios para capacitar liderazgos colectivos vinculados con las comunidades.

Colectivos de mujeres se apostaron en puertas de las oficinas de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en la calle Potosí de la ciudad de La Paz, para protestar por la intervención de la Iglesia Católica que se opone al cumplimiento de una sentencia constitucional que avala la interrupción de embarazos en casos de violación, específicamente en el caso de la niña de 11 años que fue violada por su abuelastro y que resultó embarazada en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

“No pueden obligar a una niña abusada a dar a luz”, gritaban las mujeres indignadas por el caso que fue dado a conocer en los últimos días.

Además de organizaciones de mujeres activistas, exautoridades también se hicieron presentes en la protesta expresando su respaldo a niñas y adolescentes ante injerencia de la Iglesia Católica.

La exministra de Salud, Gabriela Montaño, señaló que “la iglesia intenta debatir algo que no se puede debatir como es el derecho a la vida”.

Por su parte, Sonia Brito, activista por los derechos humanos, dijo que “la iglesia está naturalizando la violación de una niña”.

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció este miércoles la presentación de acciones legales en los ámbitos nacional e internacional con la finalidad de salvaguardar la vida, dignidad e integridad de la menor de 11 años violada y embarazada en Yapacaní (Santa Cruz), cuyo proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que corresponde en ese caso, fue interrumpido.

“La Defensoría del Pueblo, en el marco de su compromiso institucional con la niñez y adolescencia, y en especial con las víctimas de violencia sexual, y considerando la ausencia de instancias de protección estatal en el caso de la menor de 11 años de edad, ha definido realizar tres acciones legales”, anunció en conferencia de prensa.

Cruz explicó que las acciones planteadas abarcan una acción de libertad y una solicitud de medidas cautelares en contra de las defensorías de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní, del Hospital Percy Boland, así como en contra del Arzobispado.

Dijo, además, que se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se apliquen medidas cautelares en contra del Estado boliviano, tomando en cuenta que la niña de 11 años de edad en situación de embarazo ya constituye un hecho grave, de acuerdo con lo que reconoce el mismo sistema interamericano.

“La suspensión de la Interrupción Legal del Embarazo está generando una afectación que puede ser irreparable a la vida, salud, integridad de esta menor”, indicó.

La autoridad defensorial señaló que ya se han entregado los informes correspondientes al monitoreo que realiza la Relatora País y a la Secretaría Ejecutiva de dicha comisión.

Además, anunció la presentación de una denuncia penal para que no queden en la impunidad y no se repitan nunca más ese tipo de hechos, a fin de salvaguardar a las niñas, adolescentes y mujeres de Bolivia.

“Estamos presentando una denuncia penal en contra de las defensorías de la niñez y adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz, del personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland, la ONG y el Arzobispado de Santa Cruz que ha intervenido, y también en contra de la madre, por los delitos, en lo que corresponda, de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas”, señaló Cruz.

Dijo que con esa acción se busca que los responsables sean sancionados con una pena de entre 15 a 20 años de prisión, pues la víctima es una menor de edad.

“De acuerdo con la OPS (Organización Panamericana de la Salud), las niñas menores de 15 años de edad tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida que una mujer mayor edad. Esperemos que sea la acción de libertad o la medida cautelar la que genere el impulso suficiente para que el Estado asuma su deber de protección y de garantía en este caso”, puntualizó la Defensora.

El Movimiento Ambientalista ProPacha de La Paz realizó, con la ayuda de diversas instituciones nacionales e internacionales, la 1ra Cumbre Boliviana de Jóvenes por el Clima (CBJLC) entre los días 16 y 17 del presente mes, en modalidad virtual, con la presencia de más de 100 jóvenes de toda Bolivia.

“Como consigna de lo sucedido en este encuentro, el martes 26 de octubre se hizo la entrega de la Declaratoria del evento al Ministerio de Medio Ambiente, quienes son parte de la Delegación Oficial que viajará a representar a Bolivia en la Cumbre Mundial de Cambio Climático de Naciones Unidas, a ser realizada desde este domingo en Glasgow, Escocia”, señala una nota de prensa del Movimiento Pro Pacha.

Al mismo tiempo, diversas organizaciones que se dieron cita en la Sede de Gobierno, dieron inicio a las actividades de la Red de Organizaciones “ROC” (Red de Organizaciones por el Clima), plataforma nacional que se creó a raíz de la cumbre.

En el evento participó la Plataforma Potosina Medioambiental; Líderes Ambientalistas por la Conservación y Uso de Suelo (LACUS) del departamento de Beni; la Asociación Amigos por la Tierra (ASAT) de Nor Yungas de La Paz; la Sociedad Científica Estudiantil de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana (UCB); la Global Youth Biodiversity Network; Ideas Verdes de la ciudad de La Paz; entre otras, además de los dos representantes de la juventud que acompañarán a la Delegación Oficial en la COP-26, algo que será inédito para ese tipo de representaciones diplomáticas.

La declaratoria está firmada y respaldada por más de 60 organizaciones de jóvenes e instituciones aliadas de todo el país y cuenta con diversos planteamientos que van desde la necesidad de crear una Política Nacional de Cambio Climático, así como la urgencia de captar financiamientos internacionales para incentivar la industrialización de productos del bosque y de contar con organismos internacionales que tengan decisiones vinculantes hacia los Estados parte, como el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

Asimismo, se espera contar con un evento similar al retorno de la delegación al país, para evaluar la participación de la misma en la COP-26 y posicionar una Agenda de la Juventud con un cronograma conjunto de acciones a nivel nacional, a partir de los resultados obtenidos en las negociaciones climáticas.