El médico del Banco de Referencia Departamental de La Paz, Yudy Butrón, informó este miércoles que los funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social acudieron de forma voluntaria a donar sangre para salvar vidas.

“En alianza estratégica con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social hemos tenido buena respuesta de los funcionarios; ya tenemos unas 30 unidades que vinieron a donar de forma voluntaria en esta jornada y para salvar vidas de niños con cáncer, mujeres embarazadas y otras personas que necesitan de una transfusión de sangre”, dijo a la ABI. 

Explicó que entre los beneficios para las personas que donan sangre se les realiza estudios de laboratorio para saber su estado de salud, se les entrega un carnet de donante voluntario, para cuando tengan la necesidad de sangre, sea para ellos o algún familiar .

Agregó que se le entrega también un carnet con la identificación de su grupo sanguíneo. Entre los funcionarios del Ministerio de Trabajo dijo que se encontró a personas de los grupos especiales de sangre A, B incluso O Negativo “que es muy especial”.

“En Bolivia más del 80 por ciento de la población tenemos el grupo sanguíneo de O Positivo, el 15 por ciento son de los grupos especiales de A, B, AB, tanto positivo como negativo, y un poco más especial es el O Negativo, que tienen menos del 3% de la población”, detalló. 

Agradeció la buena respuesta de los funcionarios del Ministerio de Trabajo por la aceptación y coordinación para incentivar la donación de sangre.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, recordó este miércoles que las niñas no deben ser madres y que el embarazo de una menor de edad es considerado como una forma de tortura en el contexto internacional.

“Las niñas son niñas, no son madres. Nosotros vivimos en un Estado laico y por supuesto, a nivel internacional, se considera que el embarazo de una menor es una forma de tortura”, manifestó a los periodistas.

En ese contexto, la autoridad estatal condenó el caso de una niña de 11 años, de la localidad de Yapacaní del departamento de Santa Cruz, que quedó en estado gestación por una violación de su abuelastro y dijo que la continuidad de su vida no debería depender de decisiones de instituciones o personas ajenas al caso.

“No deberíamos para nada decidir en este caso, lamentablemente se lo está haciendo desde algunas instancias sobre la vida de una niña, que en ningún momento ha elegido ser madre”, sostuvo.

Además, dijo que la sociedad, desde todas sus instancias, debe condenar “de manera rotunda” a los violadores, “a los responsables de estas atrocidades”, concluyó.

A seis años de la implementación de la política social del Gobierno nacional, desde octubre de 2015 hasta este año, el Subsidio Universal Prenatal Por la Vida benefició a 555.000 madres bolivianas sin seguro con la entrega de 2 millones de paquetes nutricionales en todo el país.

“Nuestro Subsidio Universal Prenatal por la Vida cumple seis años apoyando con alimentos a todas las mamás gestantes. Estos años entregamos 2 millones de paquetes a 555.000 madres, con inversión de 659 millones de bolivianos. Este es uno de los avances sociales de los que estamos más orgullosos”, escribió en sus redes sociales, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

El Programa Bono Juana Azurduy y el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), conmemoraron este miércoles el sexto aniversario del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, en un acto desarrollado en la plaza San Francisco de la ciudad de La Paz, con la implementación de una feria de salud y la participación de los diferentes programas del Ministerio de Salud, además de la presencia de representantes de las organizaciones sociales.

La coordinara nacional del Bono Juana Azurduy, Zulema Rodríguez, resaltó que mediante el Decreto Supremo 2480 se instituyó el “Subsidio Universal Prenatal por la Vida”, destinado para las mujeres gestantes que no están registradas en ningún ente gestor del Seguro Social de Corto Plazo. Tiene la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal.

Resaltó que recientemente, a través de una alianza con el Banco Unión, se efectuó la “Bancarización del Bono Juana Azurduy” para que las madres gestantes tengan facilidades para recibir el bono en sus cuentas.

Por su parte, la gerente general del Sedem, Fátima Pacheco, resaltó el trabajo coordinado con los municipios y los productores que ofrecen sus mejores productos para el subsidio y así fortalecer la alimentación de las mujeres embarazadas.

(Foto: BBC)

El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) exhortó este miércoles a proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados en el marco de las leyes establecidas en los ámbitos nacional e internacional.

“ONU Bolivia hace un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, que se constituyen en actos de tortura”, se lee en un comunicado que la entidad publicó en sus cuentas en las redes sociales.

Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas, el cual debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas, señala el reporte. 

Según esa entidad, el embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación.

Asimismo, ONU Bolivia reafirmó que es imprescindible que, en caso de violencia sexual y embarazos, el Estado active los mecanismos de protección integral de manera oportuna, incluidos los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales vigentes para el ejercicio de los derechos de las niñas.

“Ellas y sus familias, antes de otorgar consentimiento o tomar una decisión, deben recibir información y orientación clara, científica y oportuna, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole que promuevan la revictimización y atenten contra sus derechos”, enfatizó.

Apuntó que someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son "formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante".

Así también, el Comité Contra la Tortura, en reiteradas oportunidades estableció que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable.

En cuanto a la normativa nacional, el artículo 61 de la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad.

El Código Niña, Niño y Adolescente, en su artículo 1448, garantiza a las niñas el derecho a ser protegidas contra la violencia sexual. Además, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 establece que la mujer y la niña podrán, como una opción, acceder a la interrupción legal del embarazo en caso de violación, incesto, estupro y cuando su vida o salud esté en riesgo, recordó.

“Naciones Unidas reafirma su compromiso de continuar trabajando por la promoción del cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y la prevención de la violencia sexual y de embarazos no deseados, mucho más en niñas, a través del fortalecimiento de los servicios de atención y protección, la educación integral de la sexualidad, y el fomento de masculinidades positivas en el sistema educativo, en las familias y comunidades”, remarcó ONU Bolivia.

ONU Bolivia reiteró la importancia de contar con una ley marco de derechos sexuales y reproductivos compatible con otras normas referidas a la salud e integridad física, psicológica y emocional de las niñas, para poner fin al silencio y la impunidad, asegurando que ellas puedan alcanzar su pleno potencial y desarrollo.