El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) inauguró el jueves una oficina desconcentrada del Servicio de Registro Cívico (Serecí) en el municipio de San Buenaventura, ubicado en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, con el fin de brindar todos sus servicios a la población.

El nuevo predio está ubicado en un lugar estratégico para atender los requerimientos de los habitantes de esa región. La oficina desconcentrada comenzó a brindar los servicios de emisión de duplicados en las categorías de nacimiento, matrimonio y defunción; además, se realizan las gestiones administrativas de saneamiento documental, cuyo trámite es gratuito.

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Angélica Ruiz Vaca Diez, destacó la importancia de llegar a los lugares más lejanos de Bolivia, con un servicio accesible, física y económicamente.

Por su parte, el presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, Franz Jiménez, manifestó que el OEP busca hacer cumplir los derechos civiles y políticos de la población, el derecho a una identidad mediante la emisión del certificado de nacimiento.

Las nuevas instalaciones del Serecí cuentan con los insumos técnicos y logísticos para también realizar la inscripción de personas mayores de 18 años al Padrón Electoral Biométrico.

Para brindar todos esos servicios de manera eficiente y rápida, se designó a un responsable de la oficina desconcentrada y a un técnico especializado, quienes atenderán todos los días hábiles, desde las 08.00 hasta las 16.00.

El Reporte N° 592 del Ministerio de Salud y Deportes informó que la cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 606 casos este jueves; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 380. Los decesos llegaron a 4 y los casos descartados a 6.521 durante esta jornada.

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que presentaron el mayor número de contagios, con 299 y 108 casos, respectivamente. La Paz registró 82 casos; Tarija 47; Chuquisaca 46; Oruro 13; Potosí 8; Pando 3; y Beni 0.

El reporte añade que hay 19.002 casos activos y 2.085.287 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 512.460 casos de COVID-19 hasta la fecha, de los cuales 474.543 se recuperaron y hubo 18.915 decesos.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Edson Foronda, pidió este jueves el inicio de las acciones penales pertinentes para determinar la verdad histórica de los hechos y sancionar, por el delito que corresponda, a los participantes en el caso de la niña embarazada como resultado de una violación en el municipio de Yapacaní, del departamento de Santa Cruz.

“Hoy se debe iniciar las acciones pertinentes, como decimos nosotros los abogados, para averiguar la verdad histórica de los hechos y a partir de ahí sancionar por el delito que corresponda. Ya hemos tipificado, calificado, violación, etc., pero tiene que haber un proceso para determinar aquello”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

En ese contexto, Foronda calificó como una decisión “total y absolutamente acertada” de la Defensoría del Pueblo de plantear demandas penales contra la entidad municipal de protección de niños y adolescentes de Yapacaní, un centro hospitalario de Santa Cruz y miembros de la Iglesia Católica.

Los actores coyunturales que generaron las complicaciones legales en el caso deben ser sancionados, complementó.

“No puede haber fanatismos, porque ante todo se debe resguardar el bien mayor, que es la seguridad de la menor”, sostuvo.

El representante del ente colegiado dijo que las decisiones tomadas hasta el momento en el caso atentan contra la vida de la niña y la seguridad jurídica nacional porque las “normas están para obedecerse”.

“No están sujetas a condicionamiento, no están sujetas a valoración, deben cumplirse. La normativa es clara y precisa. Hoy hubo muchas personas que transgredieron la norma y generaron este conflicto“, concluyó.

El Ministerio de Salud y Deportes garantizó la contratación de 95 profesionales sanitarios entre médicos, enfermeras y personal de limpieza, para la atención de pacientes COVID-19 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, como forma de prevención a una cuarta ola de la pandemia. 

“Hemos venido al Hospital de Clínicas para consolidar la contratación de 95 profesionales que permitirán el funcionamiento de esta Unidad de Terapia Intensiva. De estos 95 profesionales, 8 son médicos intensivistas, 8 son médicos especialistas, 6 médicos generales, 4 fisioterapeutas, 36 licenciadas en Enfermería, 26 auxiliares en Enfermería, y personal de limpieza en un número de 6”, detalló el ministro Jeyson Auza, según un boletín.

La contratación del personal es en cumplimiento a uno de los puntos de las conclusiones que fueron emitidas durante esta jornada en la reunión entre el Ministerio de Salud y los gobiernos subnacionales. 

El también denominado “Complejo Hospitalario de Miraflores”, es uno de los más grandes de la ciudad de La Paz y, en ese marco, tiene gran afluencia de pacientes.

El titular de Salud afirmó que el área COVID-19 queda nuevamente reforzada en previsión a una cuarta ola; sin embargo, dijo que el deseo del Gobierno nacional, a la cabeza del presidente Luis Arce, es evitar que un boliviano sea internado en una UTI a causa de la enfermedad.

“Queremos decirle al pueblo boliviano que acuda a los centros de vacunación; quisiéramos, en un ideal, que estas unidades de terapia intensiva no sean ocupadas por pacientes con COVID-19, sino que sirvan para aquellos pacientes que tengan otras patologías y que requieran de esta atención”, concluyó.