El pasado 21 de mayo fue detenido en Naple – Florida, Rodrigo Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza del exministro de facto, Arturo Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de Estados Unidos (EEUU).

Méndez, quien se encontraba asilado en el país norteamericano, fue objeto de una investigación por parte del FBI que pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019 y que terminó con un proceso por lavado de dinero y sobornos en esa nación.

“La orden de apremio ejecutada para Méndez fue bajo el US Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.), por formar parte de un esquema de corrupción y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y otros para el Gobierno de Bolivia, en noviembre 2019 a abril de 2020, en el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala un reporte de Detrás de la Verdad.

El informe del FBI devela una serie de sobornos y pagos que se hicieron en EEUU y Bolivia por la compra de agentes químicos en diciembre del año 2019 a la empresa Cóndor por parte del Ministerio de Defensa por encargo del Ministerio de Gobierno.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades: tres ministros y el presidente de la Aduana Nacional; además del extitular del ministerio de Economía, Óscar Ortiz, por encubrir la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

El informe también establecía acciones penales contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, “quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la ALP en el marco del proceso de investigación”.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este lunes que Bolivia tiene la meta de racionalizar y erradicar 49.000 hectáreas de coca excedente y desarticular diez organizaciones dedicadas al tráfico ilícito internacional de sustancias controladas en los siguientes cinco años, en el marco de la aplicación de la “Estrategia de Lucha Contra el Narcotráfico 2021–2025”.

“Resultado esperado de esta estrategia se han desarticulado diez organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito internacional de sustancias controladas al 2025 (…) Resultado en cuanto a control y expansión de cultivos de coca tenemos como meta poder racionalizar y erradicar en estos años 49.000 hectáreas”, afirmó en la Reunión del Grupo Temático de Drogas de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés).

Según Mamani, se tiene previsto el desbaratamiento de dos grupos delictivos dedicados al narcotráfico durante cada año.

En el caso de la hoja de coca excedentaria, la autoridad estatal explicó que el proceso se efectuará bajo la modalidad de la racionalización con el apoyo del control social de los productores en el caso de las zonas de cultivo autorizadas.

La erradicación se efectuará en el caso de las regiones no autorizadas, áreas protegidas y reservas forestales ubicadas todo el territorio nacional, agregó.

Asimismo, mencionó que el trabajo se desarrollará en el marco del diálogo, la concertación, el respeto de los derechos humanos y de la Madre Tierra.

También mencionó que se trabajará en la reducción y la mitigación del impacto en las familias afectadas por la reducción de cultivos de coca excedente en zonas autorizadas y de riesgo de expansión, por medio de proyectos productivos, obras civiles, equipamiento y medio ambiente.

“Ahí es importante resaltar la cooperación de la comunidad internacional para obras de impacto que son apoyadas para el tema de caminos, en los puentes, para poder apoyar a estas zonas productoras de hoja de coca y de esa forma para poder diversificar la producción”, concluyó.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) llevó adelante con mucho éxito el curso virtual internacional “Conceptos y Experiencias para la Investigación y Judicialización de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, actividad que contó con la participación de jueces, fiscales y policías que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

Este evento tuvo la colaboración de expertos como la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de Colombia, indica un reporte de prensa de la UIF.

En el acto de clausura, las autoridades nacionales señalaron que en éstos tiempos de pandemia se hizo necesario buscar medios alternos para proseguir con las tareas planteadas para combatir estos delitos transnacionales y que, eventos como el realizado, permiten a los Estados seguir coordinando acciones y fortalecer los mecanismos y estrategias para la investigación y judicialización de los delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo en Bolivia, mediante la especialización y el intercambio de experiencias de autoridades judiciales e investigadores con sus pares en Colombia, añade el informe.

En el curso participaron más de 200 personas entre jueces, fiscales y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico que trabajan con temas relacionados contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.

El curso se desarrolló en el marco de las acciones que se implementan para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua que efectuará nuestro país en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamerica (GAFILAT) en las gestiones 2021 y 2022.

La temática tratada en este evento estuvo comprendida en los siguientes temas: Aspectos procesales del delito de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT); técnicas especiales de investigación y otras herramientas para la persecución de finanzas criminales; experiencia y buenas prácticas en el ámbito procesal a nivel internacional; el Fiscal y las medidas restrictivas de derechos y el rol de la Autoridad Jurisdiccional, entre otros, añade el reporte de prensa.

El Fiscal General del Estado (FGE), Juan Lanchipa Ponce, informó este lunes que a nivel nacional se registraron 48 casos de feminicidio, datos que corresponden del 01 de enero al 23 de mayo de este año.

“Lo que caracteriza a todos los hechos de feminicidio es el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. En el último caso tenemos a la víctima y al presunto feminicida en estado de ebriedad. En el tema de prevención se tiene que ver muchos factores como, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas en hechos trágicos que enlutan a la familia boliviana”, dijo.

El último hecho se registró en la ciudad de El Alto, se trata de una mujer de 18 años quien se presume fue victimada por su pareja; por el caso existe una persona en calidad de aprehendida con fines investigativos.

Lanchipa señaló que el Ministerio Público coordina con el Órgano Ejecutivo temas de prevención para evitar ese tipo de hechos trágicos.

Según los antecedentes, el último caso de Feminicidio se registró este lunes en horas de la madrugada en la zona San Roque de la ciudad de El Alto; personal del Centro de Salud reportó a la Policía que a horas 22:30 ingresó al nosocomio una mujer de 18 años identificada como Marisol B.C.A., quién habría sido auxiliada por dos personas, Ludwing P.L y Ángel R.C.H., ambos con aliento alcohólico, quienes se encontraban en un vehículo tipo minibús.

La versión del médico del Centro de Salud “San Roque”, al momento de la recepción los dos sujetos indicaron que no conocían a la joven y que la encontraron en la calle, posteriormente Ludwing se identificó como concubino de Marisol. El examen físico a la víctima señala como probable causa de muerte Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC).

De acuerdo a los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, en el país se registraron 48 casos, con mayor incidencia en el departamento de La Paz con 14 casos, Cochabamba 9, Santa Cruz 9, Oruro 6, Potosí 3, Chuquisaca 3, Beni 2, Pando 1 y Tarija 1.