El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este miércoles por la noche que además del caso denominado gases lacrimógenos, existen seis hechos de corrupción e indicios de otros 15 que están en investigación.

“Toda la ciudadanía sabe que cuando llegó al gobierno Jeanine Áñez, sus ministros y todos sus colaboradores fueron de escándalo en escándalo de hechos de corrupción, es decir, esos hechos la ciudadanía los conoce, pero, además, lo que habrán hecho y habrá quedado que la ciudadanía no conoce, y entre esos tenemos aquí el caso gases lacrimógenos; pero, tenemos siete casos más”, aseveró en entrevista con el programa Primer Plano de Bolivia TV.  

Uniformes militares

La autoridad gubernamental explicó que uno de los seis casos está vinculado a la compra de 50.000 uniformes militares por un monto que asciende a Bs 13 millones. Indicó que lo que provocó la alerta es que en el Ministerio de Defensa se realizó todo el proceso de adjudicación, inclusive el contrato estaba listo; pero, extrañamente, no pagaron a la empresa que entregó los trajes.

“Lo que hacemos es ver el costo de los uniformes y estaba en 261 bolivianos por unidad. Nos fijamos en el histórico y estaba por uniforme 196, 197, 194 bolivianos. Entonces, vimos un sobreprecio. Lo estoy manifestando porque no se explica de otra manera por qué no pagaron a la empresa, por qué no giraron el cheque. Creo que llegado el momento dijeron: ‘No firmo el cheque, que venga el anterior (gobierno) y, como todo está hecho, va a tener que firmar”, denunció Novillo.

Mantenimiento de vehículos

Un segundo caso al que hizo referencia es el vinculado al mantenimiento y reparación de vehículos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, trabajos que se hicieron en talleres de Oruro.

Explicó que una de las alertas se dio por la exigencia de varios talleres que demandan la cancelación de servicios que no cuentan con documentación de respaldo del trabajo ejecutado y que no se conoce el tipo de procedimiento porque se desconocen datos de un contrato, licitación, fecha del servicio, entre otros aspectos.

“No sé cuál fue la decisión por la que se tuvo que entregar las movilidades y las empresas nos pidieron (la cancelación de los servicios). Lo curioso es que no hay documento de respaldo para cancelar”, dijo la autoridad gubernamental.

Cobro a premilitares

Un tercer caso está vinculado al cobro extra de Bs 300 a premilitares de la gestión 2020 - 2021 durante la administración del exministro de Defensa, Fernando López, dinero que se devolvió en la gestión del presidente Luis Arce a los afectados, dijo.

Novillo explicó que ese dinero estaba previsto para el pago de bonos a los efectivos militares que iban a dar la instrucción a los premilitares; pero, incumpliendo la Ley Financial que establece que no se puede generar bonos al margen de la norma.

“Hicimos el análisis y vemos que (el cobro extra) no correspondía, era ilegal. Entonces, hemos tenido que devolver a los padres de familia los 300 bolivianos”, informó.

Contratos privados

Otra denuncia hecha por la autoridad fue que en la gestión de Áñez, el exministro de Defensa, Fernando López, evadió procesos administrativos para la compra de insumos y el alquiler de dos cisternas.

“El exministro López realiza contratos privados sin proceso de contratación”, dijo, y aseguró que se desconoce el destino de los insumos debido a que no existe descargo de los mismos.

Observación en la Declaración Jurada

Novillo explicó que el exministro de Defensa no realizó su Declaración Jurada a momento de dejar el cargo, por lo que se desconoce la cifra de su patrimonio a tiempo de cesar de sus funciones.

Indicó que tampoco devolvió los celulares institucionales que se le otorgó mientras cumplió funciones en el Ministerio de Defensa, aparatos que la Fiscalía requiere para obtener la información que existe en la memoria de los dispositivos.

“Los celulares digamos que no tienen mucho precio, pero es la información”, dijo en la entrevista.

Disposición de bienes

Indicó que otro caso está relacionado a la disposición arbitraria de bienes. Dijo que la lucha contra el contrabando tenía disposiciones legales de 48 motocicletas y 24 camionetas. 

“Deja la lucha contra el contrabando con las 48 motocicletas y las 24 movilidades y, con eso, a título de la lucha contra la pandemia, en realidad se hace toda una represión, y, en la lucha contra el contrabando, no hay motocicletas, no hay vehículos y quedan las fronteras sin los medios”, aseveró.

Novillo aseguró que en su administración se impulsarán procesos para denunciar los hechos de corrupción para que el Ministerio Público y la Justicia actúen.

“Tenemos todavía 15 casos que están en Transparencia y auditoría, porque hemos visto indicios, pero serán los resultados los que nos digan los hechos irregulares de manera concreta y objetiva”, aseguró.

La Procuraduría General del Estado (PGE) y la Universidad Técnica de Oruro (UTO) ratificaron este miércoles su convenio marco de Cooperación Interinstitucional destinado a establecer mecanismos de cooperación y asistencia recíproca entre ambas instituciones, lo que permitirá la construcción y consolidación del nuevo paradigma y deontología del derecho a través de la formación y capacitación de los profesionales que prestan servicio en la administración del Estado.

En palabras de circunstancia, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, destacó el afianzamiento de la amistad académica con la universidad orureña remarcando que las instalaciones de la PGE también pertenecen a la intelectualidad y pueblo orureño, indica un boletín de prensa.

“Hoy estamos empezando una relación que se estableció en su momento con la Universidad Técnica de Oruro, la academia y la Procuraduría General del Estado; hemos renovado un convenio que junto al Director de la Escuela de Abogados determinamos que es importante contar con el apoyo de la academia en sus más altos niveles a objeto que nuestra Escuela de Abogados del Estado y en general los miembros de la Procuraduría estemos conectados académicamente”, manifestó Chávez.

Asimismo, dijo que es muy importante que la UTO tenga acreditación internacional y que la PGE seguirá ese ejemplo en los cursos post-graduales en defensa legal organizados por la Escuela de Abogados “Evo Morales Ayma”.

“Tenemos que ver mecanismos alternos de enseñanza –aprendizaje y es ahí donde se nos facilita a nosotros el poder comunicarnos e impartir cursos nuevos a través de las tecnologías de información y comunicación que es un gran desafío que debemos incluir y aprovechar en el convenio que hoy hemos suscrito”, concluyó.

El evento, que se cumplió en las oficinas centrales de la PGE ubicadas en la ciudad de El Alto, permitió la ratificación de un anterior acuerdo firmado entre la PGE y la UTO y viabiliza la capacitación de los profesionales que trabajan en la administración pública y quienes postulen a cumplir esas responsabilidades.

Por su parte, David Rojas, Rector de la UTO, señaló que “la Universidad Técnica de Oruro es una de las pocas universidades de Bolivia que, en posgrado, ha salido de las fronteras de la Bolivia”.

“Tenemos varias maestrías en el exterior”, indicó a tiempo de manifestar su satisfacción por suscribir con la PGE el Convenio de Cooperación que permitirá brindar asistencia técnica-académica a los profesionales abogados, además de contemplar el beneficio de las pasantías”.

“Desear que este Convenio sea en buena hora, la Universidad Técnica de Oruro es una universidad que tiene 89% de las carreras con acreditación nacional como internacional, tenemos convenio con las universidades de Europa en las carreras que están acreditadas al Mercosur”, indicó.

La capacitación se realizará mediante diplomados, especialidades, maestrías y doctorados sobre temas inherentes a arbitrajes internacionales, inversiones, defensa legal del Estado, derechos humanos y medio ambiente, además de otras áreas que requieran el desarrollo de destrezas y habilidades teórico-prácticas.

Del mismo modo, el Convenio Interinstitucional permite la facilitación de actividades complementarias para que los alumnos de la UTO realicen pasantías en la Procuraduría General del Estado.

También se señala la gestión para la inclusión de la materia de defensa legal del Estado en la Carrera de Derecho y otras carreras de las ciencias sociales y económicas de la UTO.

El Convenio Marco permite la contribución en el diseño y edición de publicación de resultados de los mejores trabajos de investigación de los programas de postgrados de la universidad orureña.

Finalmente, el acuerdo suscrito entre la UTO y la PGE pone a disposición de ambas instituciones sus bibliotecas para fortalecer el desarrollo de sus actividades y permite que se proporcione asesoramiento técnico en temas curriculares y académicos a la Escuela de Abogados del Estado “Evo Morales Ayma”, que depende de la Procuraduría General, añade el boletín.

El Departamento de Justicia de EEUU informó este miércoles que el exministro de Gobierno del régimen de Áñez, Arturo Murillo, puede recibir una sanción de 20 años de cárcel por estar involucrado en un hecho de sobornos y lavado de dinero por el caso denominado gases lacrimógenos.

Mediante un comunicado oficial, indicó que Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020.

“Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EEUU”, se lee en parte del comunicado difundido esta jornada.

El 21 de mayo fue detenido en Florida, Rodrigo Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza de Arturo Murillo, acusado de haber recibido dinero en sus cuentas de EEUU.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó esta tarde que Murillo ya fue aprehendido e imputado en EEUU.

El exministro de Jeanine Áñez es investigado por recibir sobornos para asegurar un contrato con el Gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.

Según la información proporcionada por el Departamento de Justicia de EEUU, los estadounidenses Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron $us 602.000 en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, Méndez y otro boliviano funcionario público de ese entonces.

Los indicios muestran que el objetivo de ese pago irregular fue que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente, un contrato de aproximadamente $us 5,6 millones para proporcionar a esta cartera de Estado gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que Arturo Murillo, exministro de Jeanine Áñez, fue aprehendido e imputado en EEUU. La exautoridad está acusada por los delitos de soborno, lavado de dinero y por impulsar un clan mafioso que incluye a su hermana, su cuñado, varios oficiales de la Policía, exfuncionarios públicos y enlaces internacionales que construyeron una red para succionar del Estado boliviano más de $us 2,3 millones provenientes de la corrupción y el narcotráfico.

"Acabamos de recibir de manera pronta, es un comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos que acaba de informar que el señor Arturo Murillo ha sido detenido e imputado en los Estados Unidos", dijo Del Castillo.

La autoridad, en conferencia de prensa, denunció la existencia de un clan mafioso que fue conformado, en Bolivia, por Arturo Murillo, su hermana, Magda Mireya Murillo Prijic; su cuñado, Daniel Leonardo Aliss Paredes; el oficial de policías Ívar Víctor Gómez Apaza; y el capitán de policías Daniel Bellot.

A ellos se suman Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete de Arturo Murillo; Luis Berkman, Bryan Berkman, Philip Lichtenfeld, así como otros exfuncionarios públicos de la gestión de Jeanine Áñez.

Según Del Castillo, el exministro Arturo Murillo y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, están acusados de recibir sobornos pagados por individuos ligados a una empresa intermediaria para asegurar un millonario contrato con el gobierno boliviano entorno a la adquisición de gases lacrimógenos.

Acorde a documentos judiciales oficiales, Arturo Carlos Murillo Prijic (57), Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal (51), Luis Berkman (58), Bryan Berkman (36) y Philip Lichtenfeld (48) participaron en un clan mafioso que operaba entre noviembre de 2019 y abril de 2020, indica un reporte de prensa del Ministerio de Gobierno.  

Los sobornos se efectuaron para que la empresa de Bryan Berkman, Bravo Tecnical Solutions, con sede en Florida, obtuviera transacciones del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente se trataba de un contrato de aproximadamente $us 5,6 millones para proporcionar al gobierno de Añez gas lacrimógeno y otros equipos no letales.

Para asegurar el esquema de sobornos, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia, añade el informe.

Los cinco sindicados están acusados por conspiración, por cometer lavado de dinero y, si son declarados culpables, enfrentarían una pena de hasta 20 años de prisión. Será un juez de un Tribunal de Distrito Federal que determinará la sentencia acorde al procedimiento jurídico de los Estados Unidos.

Por otra parte, el Ministro de Gobierno dijo que ese clan mafioso actuó en Bolivia recaudando dinero de actividades ligadas a la corrupción y el narcotráfico. En ese sentido, el oficial Ívar Gómez, el 20 de octubre de 2020, realizó dos depósitos bancarios por un total de Bs 100.000 en la cuenta de Arturo Murillo.

Según el oficial de policías, ese dinero fue entregado por el capitán de policías, Daniel Bellot, quien se desempeñaba como ayudante de órdenes de Arturo Murillo, informó Del Castillo.  

Tras esos depósitos, Murillo hizo un giro de $us 1.700.000 a sus cuentas en Estados Unidos, lo que mostró el acopio de dinero que realizaba ese clan mafioso, dijo el Ministro de Gobierno.

Además de ello, Daniel Leonardo Aliss Paredes, cuñado de Murillo, realizó retiros, en distintas fechas, de cajas de seguridad que el exministro de Gobierno posee en un banco boliviano.

Aliss Paredes fue aprehendido este miércoles.