El Ministerio de Justicia anunció que se prepara una acusación por delitos de corrupción respecto al caso de Sergio Rodrigo Méndez, exjefe de gabinete del exministro de facto Arturo Murillo, quien fue detenido en EEUU por sobornos y lavado de dinero en la compra intermediada de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma para la represión durante la gestión de Jeanine Áñez.   

“El operador del prófugo Arturo Murillo, Sergio Rodrigo Méndez, fue arrestado el 21 de mayo en EEUU con 3 cómplices por lavado de dinero. La investigación evidenció que se transfirió $us 5.6 MM del @BancoCentralBO a una cuenta personal en #EEUU. Preparamos acusación por corrupción (sic)”, indica el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.

El pasado 21 de mayo fue detenido en Naple – Florida, Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza del exministro de facto, Arturo Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de Estados Unidos (EEUU).

El exjefe de gabinete de Murillo, se encontraba asilado en el país norteamericano, donde fue objeto de una investigación por parte del FBI que pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019 y que terminó con un proceso por lavado de dinero y sobornos en esa nación.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que oficialmente se solicitará a la Cancillería realizar las gestiones para la extradición del exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, quien además cuenta con ocho procesos, entre ellos, por la desaparición de droga de una incautación que se produjo en 2019.

“Vamos a promover desde el Senado, de manera oficial, ante la Cancillería y ante las instancias que corresponde, la extradición”, señaló.

Rodríguez adelantó que también se solicitará al Ministerio Público dar celeridad a las investigaciones en los diferentes casos donde está involucrado Murillo.

“Vamos a pedir de manera formal al Ministerio Público que se aceleren las investigaciones en todos los casos donde haya tenido algún grado de participación como ministro de Gobierno en la gestión de Jeanine Áñez”, dijo.

El abogado estadounidense Thomas Becker, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, informó que dentro del proceso contra Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de gabinete del  entonces ministro de Gobierno del régimen, Arturo Murillo, acusado por los delitos de soborno y lavado de dinero, también están involucrados otros dos exfuncionarios de alto rango de los ministerios de Gobierno y Defensa del gobierno de facto.

“Como digo, hay dos personas del gobierno (de Jeanine Áñez) que no son nombrados todavía, pero son parte de la operación, uno del Ministerio de Defensa y otro del Ministerio de Gobierno”, dijo en contacto con el canal televisivo ATB.

Becker, ratificó que son tres personas, Bryan Samuel Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes sobornaron a Méndez y a un exfuncionario del Ministerio de Defensa, aún no identificado, para que el régimen de Jeanine Áñez compre gases lacrimógenos y armamento no letal a una empresa brasileña a través de un intermediario, identificado como Intermediary Company.

“Según la información que hemos recibido hay muestras de las llamadas que evidencian que Sergio recibió dinero ilegalmente para comprar estos armamentos no letales”, dijo el abogado.

Este caso, según comentó Becker, fue seguido por una agencia especial de investigaciones de EEUU, que también comenzó el juicio contra Méndez y otras personas porque escucharon varias llamadas y detectaron actos de corrupción, “entonces el gobierno de EEUU comenzó este juicio, no personas civiles”, subrayó.

El abogado también mencionó la posibilidad de que el exministro Murillo sea procesado, además de otras personas que estuvieron involucradas en estos hechos de corrupción.

“Hay personas que están involucradas en el mando de responsabilidad, el jefe Murillo también puede ser procesado si estaba involucrado, como digo hay dos personas del gobierno que no son nombrados todavía, pero son parte de la operación”, ratificó.

La investigación del FBI, revela que la empresa intermediaria, ubicada en Estados Unidos, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso (dinero que sirvió también para pagar los sobornos a los exfuncionarios bolivianos).

"Al menos alrededor de noviembre de 2019 hasta al menos alrededor de abril de 2020, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, Co-Conspirador 1, Co-Conspirador 2, y otros utilizaron sus cargos oficiales para ayudar a la empresa intermediaria a obtener del gobierno contratos para el suministro de armamento no letal y equipo táctico al Ministerio de Defensa y recibir pago del Ministerio de Defensa de Bolivia (sic)", detalla el documento traducido al español.

El 25 de noviembre de 2019, el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tactital Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

El documento del FBI también señala que los depósitos de pago de parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank.

Por su parte, el exministro de la Presidencia del gabinete de Áñez, Jerjes Justiniano, señaló que en el proceso de adquisición de gases lacrimógenos y armamento no letal existió un negociado con un contrato perjudicial para el Estado boliviano, utilizando a una empresa intermediaria de EEUU, creada en EEUU y muy vinculada a Arturo Murillo.

“Este caso desvirtúa el tema de que la persecución a Murillo es política, creo que aquí hay procesos penales por los que tiene que responder, no de connotación política sino de connotación de corrupción”, enfatizó.

Justiniano lamentó que, en un momento delicado políticamente para el país, el gobierno de facto se haya dedicado a enriquecerse y a cometer actos de corrupción.

“No se olviden ustedes que este funcionario tenía calidad de asilado en EEUU y resulta que ahora está prácticamente detenido, lo que puede pasar lo mismo con Arturo Murillo que teniendo supuestamente calidad de asilado político ahora termine siendo también perseguido en EEUU y termine huyendo de EEUU lo que ya no nos causaría sorpresa”, finalizó.

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas Carrasco, informó este martes que el personal del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC) comisó tres camiones que transportaban varios quintales de maíz de contrabando por la localidad de Chua Cocani, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 

“El CEOLCC ha comisado tres camiones de alto tonelaje que contenían quintales de maíz, que no contaban con la documentación correspondiente para que el producto sea internado legalmente al país”, manifestó, citado en un boletín institucional.

La autoridad estatal explicó que los camiones de alto tonelaje comisados con el alimento de contrabando, fueron entregados a la Aduana Nacional para su aforo correspondiente, de acuerdo a procedimientos normativos vigentes.

“Allá se determinará la cantidad exacta del comiso originado en el municipio de Chua Cocani, del departamento de La Paz”, concluyó.

El Ministerio de Justicia exhortó este martes al Consejo de la Magistratura a elegir a sus autoridades bajo criterios de meritocracia, ética y moral.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional reitera su exhortación al Consejo de la Magistratura a privilegiar en todo momento la elección de autoridades bajo criterios de meritocracia, independencia, ética y probabilidad moral y profesional”, señala un comunicado emitido por esa Cartera de Estado.

Según el documento, esa institución valora como positivo el avance en la nominación de administradores de justicia, que al inicio de la presente gestión de Gobierno y después de la recuperación de la democracia, requería el nombramiento de más de 300 acefalías.

“Sin embargo, la sociedad aguarda que esos nombramientos recaigan en profesionales del Derecho sin antecedentes de prevaricato o manipulación de la justicia”, asegura.

Asimismo, señala que el Ministerio solicitó a la Magistratura copias legalizadas del proceso de selección de jueces, al verificar irregularidades y anomalías en la administración de pruebas y proceso de calificación de los postulantes, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

En la nota, recuerda que una candidata a jueza fue sorprendida con las respuestas del examen de postulación anotadas en la palma de la mano y que anteriormente se constató la circulación de la batería de soluciones a una prueba entre los aspirantes, hecho que derivó en la suspensión del examen de admisión.

El comunicado surge a raíz de la nominación como juez de un exfiscal departamental de La Paz involucrado en el proceso irregular del caso Bebé Alexander, y que promovió la sentencia del médico Jhiery Fernández sin pruebas científicas que demuestren su culpabilidad en el hecho.