“Parto como llegué, hombre libre de ataduras, independiente de fuerzas políticas o intereses de grupo”, expresó el todavía titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, al anunciar este miércoles que mañana oficializará su renuncia a la presidencia y a la vocalía del ente electoral.

“Al presentar mañana la renuncia a la Presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un Tribunal presto para encarar nuevos desafíos”, afirmó en conferencia de prensa.

Previamente, Romero hizo un recuento de las actividades que desarrolló como cabeza del Órgano Electoral, destacando las condiciones adversas y la exacerbada polarización política, social y regional por la que atravesaba el país en noviembre de 2019, cuando asumió el cargo, por designación directa de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.

“Asumí la responsabilidad consciente de ese entorno, guiado por una profunda convicción: para continuar siendo el régimen donde todos cabemos, la paz sea nuestro modo de relacionamiento y las disputas se resuelvan por canales institucionales, la democracia necesitaba un ciclo electoral libre, justo, competitivo, participativo, íntegro”, manifestó.

En la gestión de Romero, el Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales condujeron dos procesos eleccionarios: los nacionales, en octubre de 2020, y los subnacionales, desarrollados el 7 de marzo, con una segunda vuelta el 11 de abril.

“La razón por la cual acepté la encomienda de integrar y presidir el Tribunal Supremo Electoral en la época más desafiante desde el retorno a la democracia se ha cumplido, como se cumplió la esencia de las promesas que formulé al asumir un cargo que me interesó por el servicio durable a la reconciliación y la democracia en Bolivia”, expresó.

Asimismo, resaltó que Bolivia fue el primer país del mundo que desarrolló con éxito dos comicios electorales de alcance nacional en plena pandemia.

Tras oficializarse la renuncia de Romero, la vicepresidenta María Angélica Ruiz Vaca Diez tendría que sucederle en el cargo.

Salvador Romero obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre los principales cargos que ejerció, fue vocal, vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral (2004-2008), así como vocal y vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz – sala provincias (1995-1998). Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras (2011-2014). Ejerció como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL/IIDH) entre 2014 y 2015. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia (2017), según información del Órgano Electoral.

El todavía titular del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, anunció este miércoles que mañana oficializará su renuncia a la presidencia y la vocalía del ente electoral. La vicepresidenta María Angélica Ruiz Vaca Diez tendría que sucederle en el cargo.

“Al presentar mañana la renuncia a la Presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un Tribunal presto para encarar nuevos desafíos”, afirmó en conferencia de prensa.

Salvador Romero obtuvo la licenciatura, la maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Entre los principales cargos que ejerció, fue vocal, vicepresidente y presidente de la Corte Nacional Electoral (2004-2008), así como vocal y vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz –sala provincias (1995-1998). Fue el primer director del Instituto Nacional Demócrata en Honduras (2011-2014). Ejerció como director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (CAPEL/IIDH) entre 2014-2015. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia (2017), según información del Órgano Electoral.

(Noticia en desarrollo)

La senadora Virginia Velasco y el contralor, Henry Ara, presentaron este miércoles el Proyecto de Ley de Supervisión y Acceso a Información en el Ejercicio del Control Gubernamental, que amplía la capacidad de fiscalización de la Contraloría General del Estado.

“Este proyecto respalda la Ley Nº 1178, ampliando la capacidad de la Contraloría para realizar la supervisión prevista en la Constitución Política del Estado; asimismo, establece sanciones por la negación o rechazo en la entrega de información”, señaló Velasco en conferencia de prensa.

Indicó que el proyecto también permite a la Contraloría solicitar información a personas jurídicas privadas que hayan ejecutado fondos públicos.

Indicó que la iniciativa pretende, además, fortalecer el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Las comisiones pueden requerir el apoyo de la Contraloría en sus acciones de fiscalización, por tanto, es un trabajo que tenemos que realizar el Contralor y la ALP”, precisó la legisladora. 

Por su parte, el Contralor destacó el trabajo conjunto con el Órgano Legislativo y adelantó que el proyecto será fundamental para mejorar el trabajo de esa instancia de control gubernamental.

“Esto nos va a ayudar, principalmente, en el acceso a la información que por distintos acontecimientos no podemos acceder ahora y sin información nosotros no podemos hacer auditorías. En este sentido, esta ley nos va a permitir requerir información inmediata y apoyar en la labor de fiscalización que tienen las cámaras de Senadores y de Diputados”, dijo Ara.

El contralor general del Estado, Henry Ara, anunció este miércoles que el informe de las auditorías realizadas a los procesos de contratación de los respiradores y de agentes químicos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez fueron completamente ilegales.

En el caso de los respiradores, Ara dijo que la denuncia fue remitida al Ministerio de Salud, para que, en el marco de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 004, presente una querella adhiriéndose a la denuncia presentada por la Contraloría.

“Se ha encontrado principalmente irregularidades en el proceso de contratación, hay incumplimiento de deberes y principalmente hemos visto los procesos de contratación que han sido procesos ilegales con muchos problemas y en base a eso se ha generado las responsabilidades necesarias y se ha emitido la denuncia con un informe”, detalló.

Explicó que el informe establece responsabilidades de altas autoridades de la gestión de facto y también de privados que participaron en la compra irregular de los respiradores. 

“Son varias personas, los informes están en la Contraloría, hay responsabilidades desde altas autoridades hasta todos aquellos que han sido parte del proceso de contratación, hay muchos delitos como incumplimiento de deberes, incluso también en la parte privada, porque se ha visto que hay asociaciones delincuenciales en estos actos”, manifestó Ara.

En el caso de la adquisición de agentes químicos, dijo que la figura es similar y que la denuncia ya fue derivada a los ministerios de Gobierno y de Defensa para que formen parte del proceso.

“Hay varios delitos, pero principalmente está el incumplimiento de deberes, está el tema de asociación delincuencial, porque ustedes saben que ha habido asociaciones con privados, hay problemas con el tema de avalúos, además algunas resoluciones contrarias que se han emitido para darle forma a estas compras”, complementó el Contralor.

En abril de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, el gobierno de facto procedió a la compra de 170 ventiladores y 324 respiradores chinos, por $us 16,3 millones. La falta de transparencia e irregularidades en su adquisición derivaron en procesos contra exautoridades del gobierno de facto.