Autoridades gubernamentales participaron de reuniones de alto nivel con representantes de organizaciones internacionales para impulsar la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19.

El canciller Rogelio Mayta y el vicecanciller Freddy Mamani Machaca se reunieron con directivos del South Centre y la Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Luciana Mermet.

En el encuentro semipresencial, se trató temas organizativos para concretar esta iniciativa a escala internacional y la realización de un Foro Internacional de Alto Nivel. Se explicó cómo se produce la inequidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y cuál sería el sentido de una campaña internacional en favor de la liberación de las patentes, como forma de terminar con esa inequidad.

Se acordó llevar adelante una próxima reunión que contaría con la participación de la Cancillería boliviana, el PNUD, South Centre y el Ministerio de Salud de Argentina.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, se reunieron también con la directora General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Okonjo-Iweala.

La representante internacional coincidió en que es necesaria una enmienda en el sistema de comercio mundial que permita mejorar el acceso a medicamentos, insumos y vacunas para el COVID-19.

Bolivia plantea en su campaña que países desarrollados que concentran más vacunas de las que necesitan permitan distribuirlas equitativamente a los países con mayor necesidad y efectos de la pandemia.

Además, propone que empresas farmacéuticas lleven a dominio público las patentes de diagnósticos, medicamentos y vacunas o emitir autorizaciones voluntarias oportunamente para lograr un acceso real a las mismas por parte de todas las naciones sin excepción.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, anunció que en los próximos días presentará ante la Fiscalía una demanda penal en contra de Jeanine Áñez por haber asumido la presidencia de esa instancia legislativa mediante un procedimiento irregular y violando el Reglamento General de la Cámara Alta.

“Como Presidente del Senado me corresponde informar la forma en que la senadora Áñez asumió como presidenta del Senado (en 2019). Ni la Constitución Política del Estado ni el Reglamento General de la Cámara de Senadores permiten (ese procedimiento que ella aplicó)”, sostuvo, según un boletín de prensa institucional.

El Reglamento Interno de la Cámara Alta, en su artículo 35 parágrafo II establece: “para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaria corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaria al bloque de minoría”.

En este contexto, señaló que Áñez, en su condición de senadora, lo que le correspondía era convocar a sesión y conformar la directiva, hecho que no sucedió.

“Entonces no sé cuál ha sido su interpretación jurídica para declararse presidenta del Senado, cuando no le correspondía, de ninguna manera le correspondía y después presidenta del Estado”, cuestionó Rodríguez.

Finalmente, anunció que se está recabando grabaciones, documentación y registros de la reunión de legisladores y otros funcionarios que participaron de este hecho irregular.

“Busco justicia para mis hijos”, expresó este lunes Claudina Frauz, una madre soltera de tres jóvenes, entre ellos un menor discapacitado y una embarazada, que fueron detenidos y torturados por siete meses durante el golpe de Estado de 2019.

“Yo pido justicia de tanto maltratado, torturas. Que se haga pues justicia”, recalcó en una entrevista con Bolivia TV.

La mujer contó que dos de sus hijos fueron aprehendidos el 11 de noviembre de 2019, torturados y luego recluidos en la cárcel de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz. El menor fue arrestado en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.

Según Frauz, la lucha por la liberación de los jóvenes hizo que pasara un calvario porque vio como los golpearon durante varias semanas, en especial en el caso del menor con discapacidad.

Además, denunció que varios abogados le ofrecieron tramitar la liberación de sus hijos, pero nunca cumplieron y se quedaron con sumas de entre Bs 5.000, 15.000 y 30.000 que pagó cada vez con la esperanza de tener a los jóvenes a su lado.

“Me he prestado de un banco de mineros. En febrero (de 2020) me he prestado. De eso otro más me he prestado, con eso he pagado también y nada (…) A la deuda estoy pagando todo”, lamentó.

La entrevistada manifestó que sus hijos fueron liberados en mayo del año pasado, pero lo peor de todo es que el mayor de sus hijos quedó con dolores severos en la espalda y sin trabajo, mientras que su hermana embarazada padeció por una nariz y una rodilla rotas por varios golpes recibidos en el reclusorio y como madre soltera por el rechazo de su pareja a su paternidad.

“Mi hija ha quedado muy traumada, se ha hospitalizado, así traumada camina, ya no quiere salir a la calle, tiene miedo. 'No mami', me dice. El pequeño no quiere ver (la calle). No quiere salir”, agregó.

La mujer dijo que ahora ella vive una “vida bien triste” y está “pasando momentos difíciles” por todo lo sucedido.

El presidente Luis Arce resaltó este lunes los alcances del Bono Contra el Hambre, gracias a la ampliación del plazo que benefició a miles de bolivianos hasta la fecha.

“Gracias a la ampliación del plazo para pagar el #BonoContraElHambre, 3.239 bolivianas y bolivianos accedieron al beneficio en la primera semana. Nuestro bono de Bs1.000 benefició hasta el momento a más de 4 millones de personas”, escribió en su cuenta de Twitter.

El pasado 15 de abril, mediante el Decreto Supremo 4486, el Gobierno determinó ampliar hasta 31 de mayo el plazo para el cobro del Bono Contra el Hambre de Bs 1.000.

El beneficio, junto a otras medidas, fueron aplicadas desde que el presidente Arce asumió el mando del país con el objetivo de reactivar el motor de la demanda interna, que fue uno de los pilares del crecimiento de la economía nacional en los últimos 14 años.

Los beneficiarios son las madres que cobran el Bono Juana Azurduy, los mayores de 18 hasta los 59 años que no perciben salario del sector público o privado ni pensión o renta de la Seguridad Social a Largo Plazo.