El senador William Torrez denunció, este viernes, que la derecha boliviana está utilizando escenarios internacionales como el Parlamento Europeo para desestabilizar al Gobierno democráticamente electo en el país.

“La derecha boliviana está utilizando escenarios internacionales como el Parlamento Europeo con argumentos como son los derechos humanos para intentar desestabilizar al Gobierno de Bolivia”, señaló.

Indicó que la ultraderecha en el Parlamento Europeo propició una acción abierta de injerencia en asuntos internos del país, mostrando un desconocimiento pleno de lo acontecido en Bolivia durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.

“Aparentemente algunos miembros del Parlamento Europeo no conocen que en aquella ocasión la ex senadora Jeanine Áñez se autoproclamó y bajo su mando se produjeron masacres de bolivianos y bolivianas”, recordó.

El diputado Juanito Angulo aseguró que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, se fue sin haber podido comprobar la narrativa del fraude electoral, al igual que las investigaciones del Ministerio Público.

“El fraude electoral ya es un caso cerrado porque se ha establecido con diferentes pruebas testimonios y documentos que no hubo en las elecciones del 2019 y eso lo han determinado las autoridades del Ministerio Público en cuanto al proceso que se ha iniciado a los exvocales departamentales donde no encontraron ni una prueba, ni el mismo Salvador Romero ha podido encontrar las pruebas para establecer ese hecho”, dijo el legislador.

Sostuvo que la narrativa del fraude fue impuesta por sectores de la oposición respaldados por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que la usaron como una herramienta para desestabilizar al Gobierno.

“En ese sentido, el fraude no existió, simplemente ha sido una herramienta política de la oposición que la usaron para generar un proceso de desestabilización que ha vivido el país el 2019”, indicó.

En reunión de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se eligió este viernes al vocal Óscar Hassenteufel como nuevo presidente de esta instancia electoral.

La misma autoridad electa fue la encargada de comunicar en conferencia de prensa la decisión asumida por unanimidad por los vocales del TSE. “Esa elección fue realizada por la totalidad de los miembros y por unanimidad El resultado fue la elección de quien les habla como presidente, y la elección de la licenciada Nancy Gutiérrez como vicepresidente”, comunicó.

Hassenteufel adelantó que mantendrá la política de puertas abiertas en la institución, además de mantener la independencia e imparcialidad. 

“Nuestra tarea será la misma hasta ahora, tratar de llegar a consensos para tomar grandes decisiones, pero sobre todo mantener ese espíritu de independencia e imparcialidad con el cual ha estado funcionando el TSE”, manifestó.

El nuevo titular de 75 años, fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional como vocal en diciembre de 2019. Fue vocal de la Corte Nacional Electoral y presidente de esa institución entre 2002 y 2006. También fue magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 1999 y 2001.

La Procuraduría General del Estado de Bolivia dio a conocer, este viernes, las conclusiones de un informe enviado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) respecto a los hechos ocurridos en 2019 por los conflictos postelectorales.

El informe “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales, Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia” establece cuatro conclusiones.

En el ejercicio de la representación jurídica de la defensa legal del Estado, la Procuraduría General del Estado indica, en su primera conclusión que, a raíz de los conflictos postelectorales de 2019, “Bolivia sufrió la ruptura del orden constitucional como consecuencia de un golpe de Estado perpetrado por dirigentes cívicos, policías, militares, grupos parapoliciales, quienes ejerciendo violencia extrema vulneraron derechos humanos de la población”.

Resalta, en su segunda conclusión que, una vez instaurado el régimen de facto de Jeanine Áñez Chávez, el pueblo boliviano atravesó por un periodo de represión de las protestas sociales, de persecución política a dirigentes del partido MAS-IPSP y exautoridades del gobierno de Juan Evo Morales Ayma.

Menciona también que el pueblo boliviano rechazó, de forma democrática, las políticas del régimen de facto y eligió a Luis Arce en las urnas. El Presidente asumió en noviembre de 2020, después de recibir un apoyo del 55,11% de los votos válidos en las elecciones presidenciales del domingo 20 de octubre, según datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Ese porcentaje de preferencia electoral, desvirtúa materialmente la narrativa del presunto fraude”, se lee en la tercera conclusión.

El documento incluye que el Gobierno se comprometió a viabilizar la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI–Bolivia) que investiga los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“El gobierno de Luis Arce Catacora asumió el compromiso de investigar las vulneraciones de derechos humanos sucedidos durante el gobierno de facto y sancionar a los responsables; a este efecto, actualmente, se desarrollan las investigaciones por las masacres de Sacaba y Senkata; viabilizó la labor del GIEI y genera espacios de coordinación con las víctimas para poder otorgarles una reparación integral”, indica en su cuarta conclusión.