El director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Antonio Valdez, condenó este miércoles los hechos de corrupción cometidos en medios estatales durante el régimen de Jeanine Áñez.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció hoy que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“La preocupación enorme desde la Carrera de Comunicación Social frente a un hecho que lamentablemente no se puede permitir. Hay actos de corrupción que deben ser castigados con la ley”, indicó Valdez en entrevista con Bolivia TV.

Alcón denunció que, tras el golpe de Estado de 2019, se pudo evidenciar la suspensión forzosa de Bolivia TV durante tres días, 20 horas y 16 minutos. Cuestionó que en aquella oportunidad los periodistas del medio y sus familias fueron amenazados en su integridad física.

Aseguró que en Bolivia TV se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280.

Al respecto, Antonio Valdez dijo: “La institución, por este robo, por estos actos de corrupción, se queda afectada, porque no hay posibilidad económica de avanzar en la compra de ningún equipo”.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada de las emisoras.

La presidenta de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), Verónica Palenque, lamentó este miércoles el manejo irregular de los medios estatales y el cierre de muchas emisoras comunitarias durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Vemos con dolor cómo se han manejado a los medios de comunicación que deberían ser medios respetados e intocables, porque somos la representación del pueblo. Veo con dolor que no solamente se han acallado emisoras comunitarias, sino que se ha hecho un sesgo en el tema publicitario”, aseveró en declaraciones a Patria Nueva.

Afirmó que uno de los rasgos de la dictadura es maltratar a los medios de comunicación, caso que se evidenció durante el gobierno de facto, porque muchas emisoras comunitarias fueron obligadas a cerrar, otras fueron desmanteladas e incluso otros medios de comunicación debían seguir una línea para recibir publicidad estatal.

“Se ha castigado a medios que representaban al pueblo, es muy triste verlo porque un  rasgo característico de una dictadura es maltratar a los medios de comunicación”, explicó.

Aseveró que durante el régimen se realizaba una supervisión de la línea editorial que tenían los medios de comunicación que recibían publicidad porque, si eran afines a los sectores populares, eran vetadas.

“Supervisaban cuál era la línea que seguía cada uno de los medios y, por supuesto, nosotros somos un medio popular, con la línea de Carlos Palenque, un medio que escucha al pueblo que trata de saber qué es lo necesita el pueblo y ahí inmediatamente se nos identificó”, acotó.

Añadió que apoyará en las investigaciones sobre irregularidades en las radiodifusoras comunitarias y manifestó su solidaridad con las afectadas.

“Nosotros integramos a todas las radiodifusoras comerciales; pero, no por eso dejamos de apoyar a las emisoras comunitarias, porque son nuestros colegas, nuestra más absoluta solidaridad. Qué triste ver que una camada de comunicadores sociales se equivocó en la historia, que triste ver que no escuchaban lo que el pueblo realmente decía,  se equivocaron, cometieron errores y estos son los resultados”, dijo.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, develó este miércoles los resultados de una investigación documental realizada por el área jurídica y administrativa.

Se evidenció que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos irregulares  al margen de la norma en la contratación de personal. Además, se constató que muchas emisoras comunitarias fueron acalladas y desmanteladas.

El informe al 25 de octubre de esta gestión del Viceministerio de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS) reporta que los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni tienen menos del 50% de ejecución de los recursos asignados para este año.

El Gobierno nacional desembolsó recursos económicos a las nueve gobernaciones para el funcionamiento del SUS, monto que alcanza a más de Bs 468,1 millones. Se ejecutó solo el 50% y existe un saldo disponible, a dos meses de culminar la gestión, de Bs 236 millones.

Según el informe, el departamento de La Paz recibió Bs 90,7 millones y ejecutó Bs 41.3 millones significando un 46%. Tiene un saldo disponible de Bs 49,3 millones; Beni recibió Bs 17,4 millones con una ejecución de Bs 6,9 millones siendo el 40%, con un saldo disponible de Bs 10,5 millones.

En el caso de Cochabamba, recibió Bs 94,6 millones y ejecutó Bs 27,9 millones, es decir, un 29%. Tiene un saldo disponible de Bs 66,7 millones.

“Siendo un departamento (Cochabamba) que tiene el incremento de casos (COVID-19), a partir de su Dirección Departamental de Salud deberían ejecutar esos recursos, teniendo un presupuesto disponible de Bs 66,7 millones”, comentó la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo.

El informe también señala que el departamento de Tarija ejecutó el 71% de Bs 25,3 millones; Oruro, el 65% de Bs 30,8 millones; Potosí, el 58% de Bs 19,6 millones; Santa Cruz, el 57% de Bs 136,7 millones; y Chuquisaca, el 54% de Bs 52,5 millones.

El director de la Carrera de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Edgar Pomar, sostuvo este miércoles que los responsables de las afectaciones y abusos en medios estatales en el régimen de Jeanine Áñez deben ser investigados y sancionados.

“Creo que todo esto se debe sancionar, se debe investigar, porque esto no creo que se acabe ahí. Hay que seguir investigando, porque en pocos meses hubo muchos excesos, mucho abuso de poder”, dijo, según reporte de la red Patria Nueva.

Se refirió al tema luego de que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunciara que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“Se despidió a la gente, se han cerrado medios, han cambiado el nombre del periódico, hubo como tres gerentes en Bolivia TV, por ejemplo; esto se tiene que investigar. No puede quedar en la impunidad”, dijo Pomar.

Lamentó que las acciones del régimen de facto hayan coartado la libertad de expresión y el derecho a la información con el cierre y suspensión de transmisión de emisoras estatales y el canal Bolivia TV tras el golpe de Estado de 2019.