Los trabajadores gremiales de los nueve departamentos trabajarán con normalidad y no acatarán ningún paro de labores, indicó el secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García.

El dirigente, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, solicitó a las autoridades competentes, garantizar el derecho a la libre locomoción y el derecho al trabajo de las y los bolivianos.

Dijo que el anuncio de un paro indefinido por parte de cívicos cruceños, políticos y grupos gremiales dirigidos por Francisco Figueroa, quien dejó de ser dirigente años atrás, es un “golpe a la familia gremial porque los hermanos gremialistas somos quienes vendemos desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche en nuestros puestos”

“Y día que vendemos es día que llevamos el pan a nuestros hijos y ¿cómo es posible que nosotros mismos nos podamos bloquear nuestra economía de nuestras familias?”, manifestó.

Por ello, dijo que los gremiales de los nueve departamentos trabajarán con normalidad y no acatarán ningún paro.

“Queremos expresar nuestro rechazo total, nuestro rechazo contundente”, al paro anunciado, indicó.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Mayber Aparicio, informó este miércoles que la vacunación contra el COVID-19, a adolescentes de 16 y 17 años, llegó a 10.100 de los 25.000 menores de edad de ese grupo etario.

“Hasta la fecha se vacunaron como 10.100 adolescentes de los 25.000 previstos, pese al trabajo coordinado con colegios no se pudo avanzar lo esperado, y estamos coordinando con el municipio para hacer campañas móviles para alcanzar a inmunizar a la población vacunable”, dijo a los periodistas.

Explicó que las vacunas Pfizer, que se aplican a los adolescentes de 16 y 17 años, una vez descongeladas, el frasco tiene una vigencia de 30 días; es decir, se tiene hasta el 17 de noviembre para aplicar las dosis disponibles, de las 22.000 que se dispuso para ese grupo.

En ese marco, anunció que se realizará una evaluación al terminar la semana, con el objetivo de pedir una ampliación para la vacunación a los adolescentes desde los 12 años.

“Si nuestra evaluación indica que el ritmo de vacunación es muy lento, como tenemos 22.000 vacunas descongeladas que no se están pudiendo administrar al ritmo que quisiéramos, vamos a solicitar la ampliación para no perder estas vacunas”, afirmó.

El jefe médico de la Asistencia Pública, Boris Humacayo, informó este miércoles que, como estrategia de inmunización a los adolescentes de 16 y 17 años contra el COVID-19, se aplica la vacuna Pfizer en los colegios de la ciudad de Oruro.

“Se están tomando algunas estrategias, como es el coordinar con los directores de los establecimientos educativos de nuestra área de influencia para aplicar este esquema de vacunación a la población menor de 18 años en los colegios”, dijo en declaraciones a los periodistas.

Explicó que la estrategia de coordinación con los directores de las unidades educativas se inició la anterior semana con base en un cronograma de unidades educativas a las cuales se llegará con la vacuna para los adolescentes de 16 y 17 años.

“A la fecha tenemos seis establecimientos educativos que nos han abierto las puertas, esta semana se ingresará a otros tres colegios más y se pretende ingresar a los 52 colegios que tenemos en nuestra área de influencia”, afirmó.

Agregó que, al margen de esa actividad, se continúa con el proceso de inmunización a todas las personas mayores de 18 años con las primeras y segundas dosis.

Hector Aguilar, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, dijo que el régimen de Jeanine Áñez buscó destruir los medios de difusión estatales afectando las libertades de expresión y prensa.

El representante dijo que esa organización se adherirá a la denuncia presentada este miércoles por la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, sobre la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones por parte del régimen de facto, lo que generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988.

Aguilar lamentó la “intervención del gobierno de facto a los medios estatales”, el corte de emisiones y las acciones destinadas a “desmantelar por completo las RPO (Radios de los Pueblos Originarios”.

“Sabemos muy bien que había una intencionalidad clara de hacer fracasar a los medios de comunicación del Estado (…) destruir por completo los medios ya sean radiales, televisivos y el periódico”, manifestó.

Añadió que, en el caso de las RPO, se desmanteló los equipos, se despidió a personal con el objetivo de evitar que la voz del área rural se exprese a través de los medios de difusión.

“El objetivo del gobierno de facto era acallar, destruir a los medios estatales”, indicó.

Informó que la Confederación de la prensa se adherirá a las denuncias presentadas por la viceministra Alcón quien dio a conocer los resultados de una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación.

Aguilar lamentó que el régimen de Áñez vulneró las libertades de expresión y de prensa.