El Ministerio de Salud reportó este lunes 757 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que la cifra de recuperados en la jornada ascendió a 620.

De acuerdo al reporte N° 351 que publicó esa cartera de Estado, Santa Cruz es el departamento más afectado con 355 nuevos contagios. Le siguen Tarija, con 83 casos y Cochabamba, con 76.

La Paz reportó este lunes 75 nuevos casos; Oruro, 61; Potosí, 43; Chuquisaca, 34; Beni, 25; y Pando, cinco.

El reporte también detalla que el total de pacientes recuperados desde el comienzo de la pandemia asciende a 19.625, los decesos suman 11.666 y los casos descartados son 475.277.

A la fecha, el acumulado de casos COVID-19 a nivel nacional asciende a 249.767.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado viabilizó con varias autoridades la gestión de obras y proyectos para la ciudad de El Alto que se apresta a celebrar su aniversario, informó la senadora por la urbe alteña, Virginia Velasco.

Esa bancada sostuvo este lunes una reunión de coordinación con autoridades de los ministerios de Planificación, Economía y Obras Públicas, para efectivizar dichos proyectos que serán presentados en el marco de la celebración del 36 aniversario de fundación de la ciudad de El Alto, indica un reporte de prensa del Senado.

“Es importante que en este 36 aniversario tengan su regalo (…), hoy nos hemos reunido con el Viceministro de Planificación, el Ministro de Obras Públicas y Viceministro de Economía y Finanzas. Yo creo que mañana, en la sesión de honor, el presidente constitucional Luis Arce Catacora estará anunciando obras para la ciudad de El Alto, porque lo merece, por su lucha, por su trayectoria”, indicó Velasco.

La legisladora destacó el aporte de El Alto a la economía del país y su lucha por el respeto a los derechos de sus habitantes. “Saludar a todos los hermanos alteños y alteñas por esa lucha inclaudicable, revolucionaria, por esos hombres que son realmente innovadores y creativos”, manifestó.

La Defensoría del Pueblo verificó este lunes que, de 50 establecimientos de salud en todo el país, 40 trabajan con normalidad, es decir el 80%, y no acata el nuevo paro del servicio público. Otros cinco aplicaron la medida extrema, el 10%, y los cinco restantes la cumplieron de manera parcial.

De los centros médicos que acataron uno es de primer nivel, uno de segundo nivel, dos de tercer nivel y uno de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Ese fue el resultado de la cuarta verificación sobre el paro médico. Las tres primeras se realizaron a la primera convocatoria de protesta que duró 10 días. La primera, realizada el viernes 19, estableció que el 73% de los establecimientos visitados no cumplía con la medida de presión; la segunda concluyó, el lunes 22, que el 80% no acataba la medida extrema; y la tercera, hecha el martes 23, también encontró que el 80% no cumplía con la huelga de los médicos.

La verificación de este 1 de marzo se hizo luego de que un nuevo paro médico fuese convocado, esta vez por 15 días, por el Consejo Nacional de Salud (Conasa) que demanda la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria.

“Los establecimientos que cerraron sus puertas son: Hospital Wálter Kholn de Oruro, Hospital de Niñoz Mario Ortiz y Hospital Japonés de Santa Cruz, Hospital Obrero Nro. 8 de Beni y Hospital Municipal San Juan de Dios de Puerto Suárez. Los que acataron el paro parcialmente son: Hospital Jaime Mendoza y Policlínico 25 de Mayo de Chuquisaca, Hospital San Juan de Dios y Hospital Obrero Nro. 7 de Tarija, y Hospital Daniel Bracamonte de Potosí”, se lee en un comunicado de la Defensoría.

Un sector de los médicos inició el viernes 19 de febrero la medida de presión contra la Ley de Emergencia Sanitaria que establece acciones en la lucha contra la pandemia del COVID-19, entre ellas el control a clínicas privadas, la estandarización de precios de medicamentos y la inmunización masiva gratuita. Los galenos demandan la abrogación de la norma porque consideran que el contenido atenta a sus derechos.

El diálogo entre el Viceministerio de Agua y Saneamiento, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y los trabajadores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) ingresó en cuarto intermedio hasta el jueves.

Con mediación de la Defensoría del Pueblo, las autoridades se comprometieron a analizar las denuncias en contra del nuevo interventor Gonzalo Iraizos y sobre los despidos injustificados. Y, por parte de los empleados, indicaron que no realizarán ninguna medida de presión.

El encuentro se realizó la mañana de este lunes en el edificio nacional de la Defensoría del Pueblo. Las partes en conflicto firmaron un acta de acuerdo. La nueva reunión se realizará el jueves a las 09.00.

“Las autoridades nacionales se comprometieron a ‘realizar un análisis y evaluación de las observaciones presentadas por los trabajadores’ en contra del interventor y a ‘la destitución inmediata’ en caso de corroborar las denuncias en contra del sindicado. Además, firmaron garantías de estabilidad laboral para los trabajadores de esa empresa paceña y se comprometieron a dar celeridad al pago de sueldos”, se lee en un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

Uno de los resultados del diálogo fue la creación de una comisión revisora para analizar caso por caso los despidos que provocaron las protestas de los trabajadores.

El viernes, mediante un comunicado, la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento dio a conocer que el nuevo interventor, Gonzalo Iraizos, garantizaba los derechos que tienen cada uno de los trabajadores. Además, indicó que actuará dentro del marco legal y no al margen de la ley, como algunos trabajadores denunciaron.