El vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, expresaron este martes, por separado, su solidaridad con las familias de los siete estudiantes que fallecieron en el accidente registrado en la Universidad Pública de El Alto (UPEA).

El incidente ocurrió tras una asamblea de estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la casa de estudios superiores de la urbe alteña, donde una baranda del quinto piso cedió debido al tumulto de los universitarios que protagonizaban trifulcas.

“La violencia no resuelve los conflictos, pero siempre tiene consecuencias fatales. Toda nuestra solidaridad a las familias y la comunidad universitaria de la UPEA, por la irreparable pérdida de jóvenes estudiantes”, escribió el Vicepresidente del Estado.

Por su parte, el titular de Justicia expresó su “profundo pesar” por el trágico fallecimiento de estudiantes de la UPEA. “Desde mi experiencia como docente, lamento los sueños y futuros truncados. Nuestra solidaridad con las familias y la comunidad universitaria”, publicó en su red social.

“Como padre, alteño, profesor y asambleísta quiero expresar mis más sinceras condolencias a las familias dolientes por la tragedia ocurrida en la Universidad Pública de #ElAlto (UPEA)”, señaló, por su parte, el Presidente de la Cámara Baja.

La tragedia tuvo lugar este martes en horas de la mañana. En las imágenes que se difundieron a través de las redes sociales se observa que los estudiantes permanecían tendidos en el hall del edificio, quienes luego fueron socorridos por personal de salud y trasladados a diferentes nosocomios.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, entregó este martes cerca de 10 toneladas de alimentos, medicamentos, carpas, equipos médicos e insumos de bioseguridad para aproximadamente 52 familias afectadas por los desbordes de ríos en los municipios: Filadelfia, El Porvenir, Bella Flor y Cobija, en el departamento de Pando.

“Estamos presentes, aquí, para hacer la entrega oficial de alrededor de 10 toneladas de ayuda humanitaria que está llegando”, indicó a los periodistas, en la ciudad de Cobija.

El lote fue entregado a las autoridades de la Gobernación de Pando y del Servicio Departamental de Salud, para la posterior distribución entre las familias afectadas que están conformadas por 260 personas.

De acuerdo con Calvimontes, cerca de 6,5 toneladas entregadas corresponden a medicamentos, equipos médicos e insumos de bioseguridad.

“Además, estamos trayendo alimentos, vituallas, carpas y herramientas menores para atender a las familias que han sido afectadas y que posiblemente van a seguir siendo afectadas porque la temporada de lluvias todavía no ha pasado en el país”, aseveró.

Además, explicó que la Gobernación de Pando informó que también está colaborando a las familias afectadas.

“El estado de desastre que se ha presentado en el departamento de Pando está controlado”, agregó.

El titular de Defensa Civil mencionó que esa entidad proveerá un nuevo lote de ayuda humanitaria durante la segunda quincena de marzo, para la atención de las familias que sean afectadas por las riadas.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, se reunió este martes con los representantes de las víctimas de las dictaduras militares durante las décadas de los años 70 y 80, para diseñar una normativa que permita la reparación de los daños y el esclarecimiento de los hechos luctuosos relacionados a la vulneración de los derechos humanos perpetrados durante los gobiernos de facto. 

“Quisiera dirigir esta reunión para llegar a conclusiones y poderlas materializar (…). Mi presencia es para concretar los compromisos asumidos con anterioridad”, indicó Siles, tras dar inicio al encuentro con los representantes que sostienen una vigilia frente a la infraestructura de esa cartera de Estado.

Según un boletín institucional, la autoridad estatal lamentó que haya transcurrido tanto tiempo para la búsqueda de “soluciones integrales”, pero aclaró que esa tarea no involucra a una sola entidad pública, sino a varias.

Por su parte, la secretaria general de la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, Sobrevivientes de las Dictaduras, Victoria López, indicó que se busca la reparación de los daños, justicia y el conocer la verdad de los hechos ocurridos durante las últimas décadas del siglo pasado, cuando regímenes militares vulneraron los derechos humanos de centenares de personas por el simple hecho de pensar diferente y defender el sistema democrático.

“Estamos ocho años acá en las carpas, frente al Ministerio de Justicia, tratando de lograr una solución a nuestro problema planteado, que se basa fundamentalmente en nuestros derechos de acceso a la justicia, a la verdad, a la memoria, a la reparación y a las garantías de no repetición”, manifestó.

El objetivo del encuentro fue establecer mecanismos de coordinación con las diferentes agrupaciones de víctimas de violencia política, así como identificar sus peticiones para establecer una estrategia de atención, de acuerdo con las competencias del Ministerio de Justicia y otras instituciones públicas.

Como resultado del encuentro se estableció que, a partir del 3 de marzo, se trabajará en mesas técnicas en el marco del proyecto de “Ley de Reparación para Víctimas de Violencia Política en las Dictaduras”.

En cumplimiento a la Ley de la Comisión de la Verdad (879), de diciembre de 2016, se informó que a la fecha se coordina la entrega del informe final de la extinta entidad al presidente Luis Arce.

De igual manera, se socializó con las víctimas de violencia política el proyecto de creación de la “Casa de la memoria”, elaborado por el Ministerio de Justicia.

Asimismo, se propuso el apoyo del Ministerio de Justicia para la obtención de la personería jurídica de las instancias que agrupan a las víctimas de violencia política en las dictaduras.

Bolivia registra 36.839 hectáreas de cultivos afectadas por el desborde de ríos e inundaciones, informó este martes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

“En este momento tenemos cuantificado en el país 36.839 hectáreas”, señaló en una entrevista con el canal de televisión Abya Yala.

La mayor extensión de producción agrícola con daños fue reportada en los cultivos de arroz y soya del departamento de Santa Cruz.

Según Calvimontes, el personal del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se reunió la anterior semana con los productores para recabar datos y definir el tipo de cooperación que se brindará para la recuperación de sembradíos “cuando bajen las aguas”.

Por otro lado, el titular de Defensa Civil recordó que se reunió ayer, lunes, con los dirigentes de la Federación Departamental de Ganaderos de Beni, quienes informaron que tuvieron 850 haciendas con afectación por desbordes de ríos e inundaciones.

Sin embargo, dijo que los ganaderos perjudicados no tuvieron una pérdida significativa de animales, pero sí movilizaron a 300.000 ejemplares a zonas más altas.

“Ellos durante algunos años atrás vienen trabajando en una alerta temprana que ha permitido que los ganaderos puedan movilizar a su ganado a lugares mucho más altos”, sostuvo.

Finalmente, Calvimontes mencionó que el Viceministerio de Defensa Civil cooperará a los ganaderos para garantizar la alimentación de sus animales una vez que disminuya el nivel de las aguas desbordadas de los ríos.