El director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez, informó este martes que la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 es compatible con otras vacunas y que permitirá incrementar las defensas contra el coronavirus.

La autoridad, entrevistada en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, indicó que el suministro de la tercera dosis de refuerzo se aplica ante la aparición de nuevos casos de COVID-19 y con el objetivo de que la enfermedad sea leve en caso de que la persona contraiga la enfermedad.

“Ahora tenemos la ampliación de 18 años hacia arriba a quienes voluntariamente quieran recibir una dosis de refuerzo. Está disponible esta vacuna en los puntos de vacunación masiva y en algunos establecimientos de salud”, indicó.

El especialista consultado si la combinación de vacunas tiene algún riesgo, indicó que, por el contrario, existe evidencia científica y empírica de que la combinación de vacunas aumenta las defensas de la persona.

“Es compatible. Ya se tiene varios estudios que han determinado que la combinación de vacunas es una nueva estrategia y que los resultados son positivos, se fortalece la inmunidad, aumenta y se incrementa considerablemente la generación de anticuerpos”, indicó.

Informó que en varios países ya se combinaron con éxito las vacunas Sputnik V con Pfizer, Sputnik V con AstraZeneca, AstraZeneca con Sputnik, AstraZeneca con Pfizer.   

“Se tiene las evidencias suficientes para demostrar que lo que estamos haciendo es correcto y que esta vacunación con distinto tipo de plataforma ayuda a incrementar estas defensas que de alguna manera van a ir con el tiempo disminuyendo”, agregó.

Enríquez aclaró que las personas que accedan a la tercera dosis de refuerzo, deben tener su esquema de vacunación completo (primera y segunda dosis) y haber recibido su última dosis mínimamente hace dos meses.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la aplicación de una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 para la población de riesgo.

La sugerencia internacional fue hecha con apoyo del Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) que respalda a la OMS sobre políticas y estrategias globales generales, que van desde vacunas, tecnología, investigación y desarrollo, hasta la entrega de inmunización y sus vínculos con otras intervenciones de salud.

La OMS asegura que, además, el fin de una dosis de refuerzo se justifica en proteger contra la hospitalización, las enfermedades graves y la muerte. Indica que la tercera dosis es necesaria si hay evidencia de una protección insuficiente contra estos resultados de la enfermedad a lo largo del tiempo.

La secretaria regional de Salud, Daysi Rocabado, informó este martes que comenzó la vacunación de la tercera dosis contra el COVID-19 para el personal de todos los centros médicos públicos del departamento de Cochabamba.

“Iniciamos la vacunación del personal de salud. Se va a vacunar en los centros de salud donde trabajan y seguramente también en los seguros a corto plazo, donde ya tenemos dispuesta la vacuna AstraZeneca”, informó.

La autoridad departamental dijo que se coordina con el presidente del Colegio Médico Departamental, Carlos Iriarte, para que los trabajadores de los nosocomios del sector privado cuenten con las dosis respectivas desde el 20 de octubre y un punto de vacunación en su sede.

Explicó que se negocia que el inmueble dispuesto esté abierto de 08.00 a 12.00 y de 13.00 a 20.00.

“Vamos a hacer el mayor esfuerzo para vacunar a todo el personal de salud, considerando que es personal de primera línea”, aseveró.

La Secretaría Regional de Salud realiza una labor de coordinación para que las dosis sean provistas a los hospitales de tercer nivel públicos y las clínicas privadas del departamento de Cochabamba, agregó.

“Yo creo que hay algo que es importante destacar. El Gobierno nacional está haciendo los máximos esfuerzos para que al pueblo no le falte vacunas y desde el gobierno departamental estamos haciendo los mayores esfuerzos para alcanzar la mayor cobertura posible”, añadió.

La titular regional de Salud recordó que en la ciudad de Cochabamba se tiene un promedio de 8.000 personas inmunizadas contra el COVID-19 por día, además que se realizan las acciones para contar con una cifra similar en el eje metropolitano, con el fin de llegar al 70% de la población departamental vacunada hasta noviembre de este año.

(Foto: Cortesía APDH)

Tras recorrer aproximadamente 20 kilómetros, desde Caracollo, Oruro, rumbo a La Paz, familiares y víctimas de las masacres de 2019 llegaron a la población de Vila Vila y ahora se dirigen a Panduro, donde descansarán para retomar mañana la movilización en demanda de justicia.

Entre los marchistas, está Natividad, una mujer de la tercera edad, quien decidió sumarse a la movilización porque exige que los autores de los hechos de violencia de 2019 sean detenidos, procesados y sancionados por la justicia.

“Queremos justicia. Quiero que detengan a (Arturo) Murillo, (Luis Fernando) Camacho y Carlos Mesa;  felices están caminando, a ellos quiero que (los) detengan”, dijo.

En contacto con Bolivia TV, recordó que su hijo de 25 años fue víctima de la represión  en 2019 al recibir un impacto de bala en la planta del pie durante los conflictos.

“Han baleado a mi hijo (…) Hasta ahora, está mal, no está sano”, relató entre lágrimas.

Martha Vargas recordó que en noviembre de 2019 transitaba por la Ceja de la ciudad de El Alto, donde su hija cayó herida por un impacto de bala y quedó con secuelas que no le permiten caminar largos trayectos.

“Estábamos pasando por ahí (puente distribuidor de la Ceja), mi hija apareció baleada, (…)  ya está mal de por vida, ya no resiste cuando camina”, lamentó.

Más de un centenar de personas continuarán el miércoles con su marcha hasta llegar a La Paz con el objetivo de exigir justicia por los hechos del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

El Ministerio de Salud y Deportes informó este martes que rescindió el convenio interinstitucional que tenía desde 2019 con la institución privada Instituto del Riñón de la ciudad de Santa Cruz, al evidenciar en una inspección sorpresa a denuncia de los propios funcionarios de ese centro, serias irregularidades que van desde la existencia de medicamentos sin registro sanitario ni control de calidad, hasta la falta de profesionales calificados, lo que representa un atentado contra la salud y la vida de los pacientes, además rompe toda norma internacional de protección de enfermos renales.

“El informe del Programa Nacional de Salud Renal establece que los fármacos no cumplen con normas de buenas prácticas de almacenamiento, por tanto, no existe garantía de calidad de medicamentos, la entrega de los mismos es irregular, no cuenta con profesionales multidisciplinarios como nutricionista, psicólogo, trabajador social, bioquímico/farmacéutico, entre otros, que nos muestran la precariedad de la atención a pacientes que requieren de un delicado tratamiento y que deben estar en observación constante”, afirmó el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, citado en un boletín institucional.

Según información oficial y certificada mediante firmas de los funcionarios de dicho Instituto, en la inspección realizada por el Programa Nacional de Salud Renal, se identificó medicamentos vencidos, sin registro sanitario o inexistentes, esto último demuestra la no dotación completa de medicamentos, y que por tanto los pacientes que acuden a ese centro a realizarse la hemodiálisis, reciben esos fármacos sin percatarse que fueron engañados.

El Gobierno boliviano garantiza sesiones de hemodiálisis y atención gratuita a pacientes con enfermedades renales en todo el territorio nacional mediante el Sistema Único de Salud (SUS), aseguró.

Terrazas rechazó las acusaciones del director médico del Instituto del Riñón de Santa Cruz, Herland Vaca Diez, quien trata de justificar las falencias en la atención a pacientes renales con acusaciones de falta de pagos de esa cartera de Estado y remarcó que el Ministerio de Salud en todo momento cumplió fielmente el convenio.

Para evitar cualquier sobresalto y precautelando la salud de los enfermos renales que eran atendidos en ese centro, se dispuso por instrucción del ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, su traslado inmediato a diferentes unidades de hemodiálisis privadas para continuar su tratamiento pese a que el mencionado Instituto se niega a entregar el historial clínico de los pacientes para ser transferidos, complementó.