El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y en coordinación con la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo, en el marco del proyecto “Fortalecimiento a la instancia técnica del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y al Sistema Penal para Adolescentes”, presentó el primer “Estudio sobre factores que influyen en las conductas antisociales y delictivas de adolescentes en naciones y pueblo indígena originario campesinos”.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, aseguró que el estudio permitirá formular políticas de prevención de delitos en ese sector de la sociedad.

“La realización de este estudio aportará con información relevante que servirá de insumo para la formulación de políticas públicas que permitan la prevención de delitos y la atención de las y los adolescentes de manera diferenciada, conforme a un enfoque de derechos humanos”, dijo según un reporte del Ministerio de Justicia.

Por su parte, la directora general de Niñez y Personas Adultas Mayores, Ninoska Durán, indicó que el estudio brinda insumos cualitativos para visibilizar fortalezas y debilidades entre migración del área rural, centros urbanos intermedios a ciudades capitales.

Además de identificar cómo los diferentes factores sociales, económicos y culturales que viven cotidianamente las y los adolescentes pueden influir en su conducta de forma positiva o negativa para buscar soluciones sostenibles.

Giuseppe Cerasoli, vicedirector de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS), afirmó que se debe comprender las dinámicas sociales en contextos indígenas, originarios y campesinos que han abierto muchas otras interrogantes sobre las nociones de identidad, pertenencia y adolescencia durante la realización del estudio.

“Este estudio ofrece aportes que consideramos importantes para proponer soluciones sostenibles para la compleja realidad de adolescentes vinculados con la comisión de delitos”, acotó.

Precisó que es documento dio muchas más luces para comprender la comisión de delitos, las conductas antisociales y la posibilidad de abordar ambos temas desde un enfoque de justicia restaurativa.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, y el director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Néstor Ríos, firmaron este miércoles un convenio para la actualización, por cuatro años, de la tarifa solidaria que beneficia a las personas con discapacidad en el acceso a llamadas y mensajes por teléfonos móviles y el uso de Internet.

“Este convenio a partir de hoy (miércoles) va a tener una duración de cuatro años y esto nos permite seguir avanzando en esta política de atención a la discapacidad, que tiene que ser algo que caracteriza a nuestro Estado. Todos avanzamos sin dejar a nadie atrás”, dijo Auza, en una conferencia de prensa.

Por su parte, Ríos detalló que la actualización permitirá que la cantidad de los mensajes por teléfonos celulares (SMS) suba de 100 por mes a 150 por día.

Dijo que en el caso de llamadas por telefonía celular se reducirá el costo de 0,60 a Bs 0,50 centavos por minuto.

“Y finalmente, el beneficio de hoy en día es que reducimos el precio del megabyte de Bs 0,04 el mega a Bs 0,008; es decir, que si antes compraba 1.000 megas con Bs 4 ahora son sólo 0,80 centavos”, agregó.

La autoridad estatal manifestó que la reducción de la tarifa solidaria por el uso de megabytes será “vital”, porque permitirá que las personas con discapacidad que necesitan estudiar y trabajar con Internet cuenten con un acceso “muy preferencial”.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, manifestó, por su lado, que la actualización en la tarifa solidaria beneficiará a más de 95.000 familias de personas con discapacidad del país.

“Ahora van a tener una reducción y un acceso más libre y soberano a las telecomunicaciones y todos los días incesantemente, de acuerdo a las instrucciones de nuestro hermano presidente Luis Arce, es que estamos realizando acciones para que todos los bolivianos y bolivianas entremos en las mismas condiciones para educarnos, para capacitarnos, para tener información en el día”, enfatizó.

El titular de Obras Públicas, Servicios y Vivienda adelantó, por otro lado, que se realiza el redondeo de uso de megabytes de Internet para todos los bolivianos, lo que será “otra sorpresa para el pueblo”.

Los gremiales de todo el país trabajaran con normalidad mañana jueves y los siguientes días ya que “día vendido, es día comido”, aseguró Juan Carlos García, Secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia, quien afirmó que la Ley 1386 no afecta en ningún aspecto a su sector.

El representante gremial, entrevistado en el programa “Contragolpe”, de radio Patria Nueva, lamentó que algunos sectores políticos, como el de Francisco Figueroa, pretendan desinformar a la población, buscar la confrontación y “no dejar la mamadera”.

“Mañana trabajaremos en forma normal”, indicó García.

Los gremiales “no podemos darnos en lujo de hacer un paro o hacer bloqueos” ya que vivimos con lo que vendemos diariamente, señaló. “Día vendido, día comido”, aseguró.

Explicó que los gremiales cada día se encomiendan a Dios para que les cuide y les ayude en las ventas de sus productos para poder sobrevivir junto a sus familias.

Informó que ante la suceptibilidad de que la Ley 1386 pueda tener algún impacto directo en los gremiales, se reunieron con las autoridades de Gobierno y aclararon que dicha norma jurídica no afecta a su sector en absoluto.

Sin embargo, para tener garantías de que esa Ley no los afectará en su reglamentación, los gremiales participarán en la elaboración del reglamento de la norma, indicó.

García criticó que algunos sectores políticos ligados a Francisco Figueroa, impulsen medidas políticas.

Figueroa fue militante del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), amigo de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, además de que llegó a ser diputado suplente por Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

Se perpetuó en el cargo desde 1994 y sólo defiende sus intereses personales en desmedro de la mayoría, indicó García.

Se dice también que Figueroa es aliado de Luis Fernando Camacho, junto a “Toño” Siñani, dirigente de la Federación de Comerciantes Minoristas del Distrito 6 de El Alto.

Hasta 2006 fue dirigente, pero después de un congreso salió elegido Braulio Rocha en Oruro y Figueroa fue desconocido por el sector y fue expulsado varias veces desde ese ampliado, porque no tiene representatividad.

(Foto: Cortesía David Inca)

El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Huayllani (Sacaba), Roberto Jucumari, lamentó este miércoles que algunos medios de comunicación no brinden la cobertura necesaria, como lo hicieron con la marcha indígena afín al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

"Si estaría marchando la gente de (Luis Fernando) Camacho o de (Carlos) Mesa, seguramente estarían saliendo en vivo en redes sociales, en los noticieros, pero para gente pobre no hay medios de comunicación, ni prensa", lamentó el representante en declaraciones difundidas por radio Patria Nueva.

Jucumari indicó que, pese al cansancio de los marchistas y las ampollas en sus pies, continuarán su marcha de protesta exigiendo justicia por las masacres de 2019, ejecutadas durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Nosotros no nos vamos a callar, nosotros no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta llegar a La Paz, nosotros estamos pidiendo justicia”, exclamó el marchista.

Las víctimas cumplen su segundo día de marcha desde que partieron de Caracollo (Oruro); más de un centenar de personas, entre hombres y mujeres, se dirigen hacia La Paz exigiendo que los procesos penales avancen y se castigue a los autores materiales e intelectuales de las masacres de Huayllani, en Sacaba (Cochabamba), y Senkata y Pedregal, en La Paz.

Asimismo, demandan que se dé cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).