El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que el Decreto Presidencial 4461 de Amnistía e Indulto beneficiará al menos a 3.180 privados de libertad, entre los cuales hay perseguidos políticos, víctimas de retardación de justicia y otros, cuyo objetivo es lograr el descongestionamiento de las cárceles y resguardar la vida de los internos.

La autoridad gubernamental explicó que los centros de reclusión en Bolivia tienen la capacidad para albergar a 6.765 personas, pero viven 17.863, por lo que existe un hacinamiento de 167%. En el área urbana hay una hacinamiento de 189% y en el área rural del 86%.

Especificó que Chonchocoro puede cobijar a 103 internos, pero viven 488, lo que significa un hacinamiento de 364%; Palmasola, en Santa Cruz, puede recibir a 1.171 personas, pero viven 5.110, lo que significa un 336%; y San Pedro, de La Paz, tiene un congestionamiento del 542%.

Explicó que entre los que se beneficiarán de la amnistía e indulto hay perseguidos políticos, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad , con enfermedades crónicas o en estado terminal, progenitores o tutores que tienen hijos menores de 12 años o tutores que tienen hijos con algún grado de discapacidad.

Siles señaló al noticiero El siete a las seis, de Bolivia Tv. que el decreto no beneficiará a quienes hayan sido sentenciadas a pena privativa de libertad de más de 10 años, autores de genocidio, asesinato, parricidio, feminicidio, infanticidio, homicidio, trata de personas, tráfico de personas, robo agravado, secuestro, contrabando, tenencia ilegal de armas y delitos financieros.

En audiencia de medidas cautelares, el Ministerio Público presentó indicios de que Casiana R. V., de 29 años, es la presunta autora del delito de infanticidio en grado de tentativa contra su hija de 10 años, por lo que el Juzgado de Instrucción Penal N° 6 de Cochabamba determinó su detención preventiva en el penal de mujeres de San Sebastián, informó la fiscal departamental, Nuria Gonzáles.

“Como Ministerio Público, presentamos el informe de intervención policial, informe médico forense, declaraciones testificales y otros elementos. Asimismo, concurrieron los riesgos de obstaculización y fuga, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva de la procesada en un centro penitenciario al que será trasladada una vez sea dada de alta del Hospital Viedma, donde recibe atención médica; pues no solo atentó contra la vida de su hija, sino también ingirió raticida en un intento suicida”, señaló Gonzáles, según cita un boletín informativo de la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal de materia, Ramiro Altamirano, indicó que el hecho ocurrió el 12 de febrero de 2021 en el municipio de Sacaba. Según relató, ese día Casiana R. V. preparó un jugo al que le puso veneno, para luego dárselo a su hija, P. B. R.

Tras el hecho, habló por teléfono con el padre de la menor y le dijo que ya no la vería. En la conversación, la niña pidió ayuda a su progenitor.

El padre de la niña llegó al domicilio donde se encontraban su hija y su expareja, las encontró delicadas de salud y las llevó a un centro médico para que reciban atención. Actualmente ambas se encuentran estables y en recuperación.

De acuerdo al informe médico forense elaborado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), la niña P. B. R. presenta intoxicación por carbamato e hipokalemia moderada asintomática.

El director nacional de Tránsito, coronel Juan Carlos Espinoza, informó que en los días de Carnaval hubo 157 accidentes de tránsito que dejaron el saldo de 86 personas heridas y 14 fallecidos. Sin embargo, la cifra es menor en relación al pasado año debido a los diferentes operativos que se desarrollaron en todo el país.

“Accidentes en sus diferentes modalidades como colisiones, choque a objeto fijo, atropellos, choque a vehículo detenido, embarrancamiento y otros, en los cuatro días como viernes, sábado, domingo y lunes se han producido 157 hechos de tránsito”, señaló el Jefe policial a Bolivia TV.

Espinoza especificó que La Paz encabeza con 52 casos de tránsito; Santa Cruz, 49; Cochabamba, 17; Tarija, 10; Potosí, 10; Oruro, 12; Sucre, tres; Pando, cuatro; y Beni no registró ninguno.

El Juzgado 1ro de Instrucción en lo Penal de Montero dictó 30 años de cárcel para Roger M., de 65 años, luego de que, en un juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas que es el autor del feminicidio cometido contra Rosana P. G., de 34 años, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

“Como Ministerio Público, se presentaron pruebas contundentes en contra del acusado, entre ellas, acta de registro del lugar del hecho, muestrario fotográfico, informe médico forense, entre otros elementos que fueron determinantes para que el Tribunal dicte sentencia de 30 años de cárcel para el autor del hecho”, señaló, de acuerdo a un boletín informativo de la Fiscalía.

Mariaca detalló que el imputado deberá cumplir la pena en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom).

Por su parte, el fiscal de materia, Daniel Ortuño, informó que, de acuerdo a la investigación, el 29 de enero, aproximadamente a las 08.00, Rosana G. P. se encontraba sentada en la plaza principal de Montero, donde se encontró con Roger M., con quien sostenía una relación sentimental.

Dijo que ambos fueron hasta la parada de un microbús para trasladarse a Santa Cruz de la Sierra, luego fueron al cordón ecológico del río Piraí, donde el hombre ahorcó con las manos a su entonces pareja. Posteriormente la sumergió en el agua, ocasionando su fallecimiento.

Tras cometer el feminicidio, el autor abandonó el cuerpo semidesnudo de la víctima y retornó a Montero.

El 13 de febrero, el hermano de la víctima, José G. P., formalizó la denuncia ante la Policía y el mismo día, él junto a su familia, detuvieron al autor del hecho y lo trasladaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Montero.