El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que la Dirección de Régimen Penitenciario invertirá en esta gestión Bs 8,5 millones en la compra de medicamentos para combatir el coronavirus, mantenimiento y ampliación de obras en ocho cárceles y en actividades de rehabilitación y reinserción social de los internos en la sociedad.

“Dotaremos de medicamentos, insumos médicos y equipamiento básico, fortaleceremos los talleres de producción, realizaremos cursos, talleres, encuentros, jornadas y otros, diseñaremos el protocolo de servicio de atención médica y analizaremos gestiones para interactuar y fortalecer los vínculos de padres o madres privados de libertad con sus hijos”, indicó la autoridad en el Encuentro Nacional de Régimen Penitenciario y los talleres de Seguridad Ciudadana y Lineamentos de la Policía Boliviana que se desarrolla en santa Cruz.

Anunció la creación de un sistema de información para conocer el número de internos, si tienen sentencia ejecutoriada, cantidad de hombres y mujeres, cuantos pertenecen a los pueblos indígenas, personas con enfermedad de base, diabéticos, con VIH, y otros datos, cuyo objetivo es contar con información pronta y oportuna “para generar políticas reales en base a datos y estadísticas concretas”.

Del Castillo lamentó que el gobierno de facto de Jeanine Áñez, haya descuidado la atención en los centros penitenciarios porque 51 internos fallecieron a causa del COVID-19, aunque la cifra no es creíble debido a varios factores.

Afirmó que el indulto y la amnistía beneficiará a personas víctimas del sistema judicial que sufren de la retardación de justicia, padres de familia que tienen niños dentro de las cárceles, personas con enfermedades de base, adultos mayores y víctimas del gobierno de facto.

“Una señora de 80 años está detenida en el departamento de La Paz por más de 11 meses acusada de quemar los Puma Katari, imagínese como una persona de 80 años va a quemar los buses”, concluyó.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que el personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) secuestró más de 170 kilos de cocaína y marihuana durante los cuatro días de Carnaval.

“Se ha ejecutado en todo el territorio nacional 95 operativos antinarcóticos logrando secuestrar más de 170 kilos de droga”, dijo en una entrevista con radio Patria Nueva.

La autoridad gubernamental explicó que ese resultado fue logrado con el despliegue de más de 1.500 efectivos de la FELCN en el territorio nacional.

Además, mencionó que el trabajo antinarcóticos incluyó la destrucción de cinco fábricas de producción de cocaína entre el 12 y el 16 de febrero de este año.

“Se ha aprehendido a 18 personas tanto de nacionalidad boliviana y nacionalidad extranjera”, aseveró.

Finalmente, Mamani indicó que se secuestró, además, siete vehículos pertenecientes a personas vinculadas con el tráfico de drogas.

En audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público demostró que Ariel Vargas Siancas, de 26 años, y Rigoberto Calicho Gandarillas, de 22, son los autores de un asesinato cometido en contra de Jorge L. T. B., de 57 años, por lo que el Juzgado de Instrucción de la Niñez y la Adolescencia de Ivirgarzama determinó sentenciarlos a 30 años de cárcel, informó la fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles Romero.

De acuerdo a un boletín informativo institucional, la pena deberá ser cumplida en el penal de El Abra.

“Durante la audiencia, la Fiscal a cargo del caso presentó las pruebas suficientes que demuestran la autoría, participación y responsabilidad penal de cada uno de los sindicados, quienes reconocieron haber cometido el delito y solicitaron someterse a la salida alternativa de procedimiento abreviado, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó sentencia condenatoria de 30 años de cárcel para ambas personas”, informó Gonzáles.

La fiscal de materia, Miriam Orellana, señaló que el hecho ocurrió el 16 de enero pasado en la localidad de Ivirgarzama. Relató que el vendedor de autopartes, Jorge L. T. B., fue a cenar con su ayudante, Ariel Vargas, y con Rigoberto Calicho.

Posteriormente, las tres personas fueron a descansar a la casa de Ariel; sin embargo, cuando Jorge dormía, Rigoberto lo golpeó con una piedra en la cabeza dejándolo inconsciente. Mientras tanto, Ariel procedió a cortarle el cuello con un machete. Luego de cometer el hecho, los sujetos colocaron el cuerpo dentro de un saquillo en el que también pusieron dos piedras grandes para luego arrojarlo al río Sajta.

El 18 de enero, un familiar de la víctima denunció la desaparición ante el Ministerio Público, indicando que la última persona que estuvo con Jorge fue Ariel. Luego de realizar las investigaciones, se conoció que el motivo del hecho fue robarle a la víctima Bs 50.000.

El 15 de febrero, Ariel y Rigoberto fueron aprehendidos y trasladados a celdas policiales para su correspondiente investigación.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, visitó la zona Norte, Distrito 5, del Quinto Anillo de la ciudad de Santa Cruz, para efectuar el lanzamiento del plan “Mi Barrio Seguro”, que tiene como objetivo luchar contra la delincuencia y construir una sociedad en convivencia pacífica.

“El año 2018, se registraron 2.274 delitos en esta zona; el año 2019 hubo un breve aumento con 2.370 delitos y, finalmente, el año 2020 se llegó a 1.830, fundamentalmente por la pandemia. De estos delitos, la mayoría son hechos de tránsito, después siguen actos de violencia y asaltos, incluyendo violencia contra la mujer. También hemos detectado que el 12 por ciento de los robos del total de la ciudad de Santa Cruz, desde el 1 de enero hasta ayer, se registraron en este barrio”, señaló el Ministro.

La autoridad, según un boletín de prensa institucional, lamentó que las autoridades municipales y departamentales no respondieron a la solicitud del Ministerio de Gobierno para trabajar el tema de seguridad ciudadana y no contestaron a las cartas enviadas, ni tampoco tuvieron una gestión eficiente en este ámbito.

“Quisimos hacer esto con las autoridades departamentales, municipales y ellos no asistieron. Y es por eso que los delitos siguen existiendo, porque a las actuales autoridades no les interesa el tema de la seguridad ciudadana (…), como Ministerio de Gobierno, nos interesa, y también debería interesarle a la Alcaldesa y al Gobernador. Es lamentable que no sea así”, manifestó.

Del Castillo declaró que en ese sector se tiene 80 efectivos policiales trabajando, una Estación Policial Integral (EPI), cuatro módulos policiales y casi una veintena de vehículos.