El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia calificó este sábado como injerencia en asuntos internos el pronunciamiento del secretario de Estado, Antony J. Blinken, respecto a supuestos “signos de comportamiento antidemocrático y la politización del sistema legal” en el país, ante la detención preventiva de exautoridades del gobierno de facto.

Mediante un comunicado, la Cancillería boliviana manifestó su preocupación “porque este tipo de pronunciamientos son una desafortunada muestra de injerencia en asuntos internos”.

“No contribuyen a desarrollar una relación de mutuo respeto entre nuestros Estados, no responde a información objetiva y atentan precisamente contra la institucionalidad que pretenden defender”, se lee en el documento difundido en su página oficial.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que este tipo de declaraciones transgrede el principio de no injerencia previsto en el Artículo I, numeral 2, del Convenio Marco de Relaciones Bilaterales de Mutuo Respeto y Colaboración suscrito entre los Estados Unidos de América y el Estado Plurinacional de Bolivia, el 7 de noviembre de 2011, que dispone de forma expresa que ambos Estados tienen “El deber de abstenerse de intervenir en asuntos internos de otro Estado”.

En ese marco, la Cancillería boliviana convoca a Estados Unidos a dar cumplimiento a las obligaciones asumidas.

Agrega que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la cultura del diálogo que caracteriza al pueblo boliviano, reitera toda su predisposición para mantener y fortalecer sus relaciones de amistad con toda la comunidad internacional, con base en el respeto a su soberanía y autoderminación.

Asimismo, ratifica que es de conocimiento de la comunidad internacional que luego de la ruptura del orden constitucional acaecido en noviembre de 2019, con las elecciones generales celebradas el 18 de octubre de 2020, el Estado Plurinacional de Bolivia recuperó la democracia a partir de la asunción al mando del presidente Luis Arce Catacora, el 8 de noviembre de 2020, “reponiéndose la plena vigencia de  los derechos y garantías constitucionales y los definidos por el derecho internacional de los derechos humanos”.

“Nosotros lo que queremos es justicia”, demandó Líder Choque Cruz, un comunario de la zona de Isinuta del trópico de Cochabamba, quien fue aprehendido, torturado y encarcelado en la masacre de Sacaba en noviembre de 2019.

“Esto no es una persecución política”, recalcó, en una entrevista con el programa Somos Democracia, una alianza de los medios estatales, en referencia a los procesos penales que se sigue a los sindicados por la ruptura constitucional.

El entrevistado afirmó que la mayor parte de los responsables de las muertes, lesiones, torturas y aprehensiones están todavía libres.

“Yo a veces digo ¿Por qué para los pobres no hay justicia y para los ricos si hay?”, cuestionó.

El entrevistado lamentó, finalmente, que las personas aprehendidas durante la masacre de Sacaba fueron encarceladas “como si nada”, mientras que a los autores “no pueden meter” a la cárcel a más de un año de investigación.

“Eso yo me pregunto ¿Hasta cuándo no va a haber justicia en nuestro país? Con tantas pruebas. ¿Quién va a pagar de todo ese daño? Eso tiene que investigar nuestra justicia boliviana, pero hasta ahora ya pasa más de un año y no hay culpables”, concluyó.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, informó este sábado que Bolivia y México tienen el objetivo de rescatar la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que fue “secuestrada” por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro.

“Nuestro objetivo es rescatar a la OEA. La institucionalidad de la OEA en este momento, lastimosamente, ha sido secuestrada por Almagro y por algunos intereses que no son americanos”, manifestó en una entrevista con radio Patria Nueva.

La autoridad gubernamental afirmó que se precisa agotar todos los esfuerzos y las instancias para lograr que la OEA funcione “como está concebida” y no descartar la intención de que los pueblos de América estén hermanados.

En ese sentido, Mayta recordó que el presidente de México, Manuel López Obrador, fue “muy claro” en un posicionamiento, en las últimas semanas, con respecto al rechazo a la injerencia de Almagro en las decisiones de los gobiernos miembros de la OEA, en especial en el caso de Bolivia, porque no sería conveniente para los pueblos.

Bolivia coincide con la posición mexicana porque el organismo internacional es una instancia que tiene un fin y sirve de escenario para el encuentro de los gobiernos para marcar una agenda de trabajo y ver un horizonte común, añadió.

“Nada de esto existe en este momento, y estamos claros en que el secretario general Almagro en vez de cumplir su trabajo, que para eso digamos le paga la comunidad internacional que forma parte de la OEA, está más en una cuestión de resguardar o defender determinados intereses políticos de algunos sectores de nuestra Latinoamérica, calificando o descalificando a determinados gobiernos en una posición que es directamente de injerencia”, concluyó.

El expresidente colombiano y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, mediante su cuenta de Twitter, coincidió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que en Bolivia hubo golpe de Estado en 2019.

“El presidente @lopezobrador_ confirmó lo que ya dijeron los Parlamentos de Mercosur y la CAN: que en Bolivia hubo un golpe de Estado, orquestado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y bendecido por el gobierno de EEUU. ¿Cómo pedir que no se establezcan responsabilidades y opere la justicia? (sic)”, escribió Samper en su cuenta de Twitter.

En el marco de la visita oficial del presidente Luis Arce a México, López Obrador elogió al Gobierno boliviano y ratificó que en país hubo una “ruptura del orden constitucional” en 2019, con la instalación del “gobierno de facto” de Jeanine Añez, además destacó el papel del pueblo boliviano, que protagonizó una “hazaña” para la recuperación de la democracia.

“Se ejecutó en Bolivia una ruptura al orden constitucional. Se obligó al presidente Evo (Morales) a renunciar y se estableció un gobierno de facto. Hubo acoso, agresiones, nuestro país recurrió a su tradición de solidaridad y aplicación al derecho de asilo. Se ofreció esta protección al presidente Evo, a los principales dirigentes del movimiento democrático de Bolivia”, señaló.

En noviembre de 2019, Samper aseveró que en Bolivia hubo un golpe de Estado, al referirse a lo sucedido con el entonces mandatario. Afirmó que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas “sencillamente le quitan el respaldo como fuerza pública al Presidente”.