El viceministro de Relaciones Exteriores, Freddy Mamani Machaca, informó este lunes que la supresión de visas con México tendrá beneficios para Bolivia, sobre todo, en las áreas del comercio y el turismo. 

“A partir de mayo o junio, ingresarían sin visa los connacionales bolivianos hacia México y, obviamente, eso permitirá turismo, comercio y otros rubros que están ligados con el tema de los visados”, dijo en entrevista con la red UNO.

La semana anterior, el presidente Luis Arce visitó México y a su homólogo Manuel López Obrador. Como resultado del encuentro, se acordó el restablecimiento de relaciones bilaterales entre Estados con una declaración conjunta de 23 puntos estratégicos.

En el documento, se establece el deseo mutuo de concluir las etapas del proceso que permitan facilitar la movilidad de los nacionales de ambos países en estancias cortas con fines de turismo, culturales, de negocios, entre otros, mediante la supresión del requisito de visa de visitante.

“Con la visita que realizamos restablecimos plenamente nuestras relaciones bilaterales entre México y Bolivia, dañadas en el golpe de Estado”, aseveró el Vicecanciller.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Chuquisaca admitió 225 solicitudes de excusa de jurados electorales designados para la segunda vuelta del 11 de abril en el marco de los comicios subnacionales.

Los casos fueron presentados en ventanilla de atención y a través del sitio web https://excusajurados.orp.org.bo/, habilitado por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Fueron admitidas 69 solicitudes de excusa por enfermedad, 19 por estado de gravidez, 57 por casos de fuerza mayor o caso fortuito, dos solicitudes de jurados que son dirigentes políticos o candidatos y 78 trámites de trabajadoras y trabajadores que brindan servicios indispensables.

“El TED de Chuquisaca atendió estos requerimientos en apego estricto a las normas y leyes”, informó el OEP en su portal Fuente Directa.

Damián Condori de Chuquisaca Somos Todos (CST) y Juan Carlos León del Movimiento Al Socialismo (MAS) son los candidatos que van a una segunda vuelta para la Gobernación del departamento.

En Brasil, el diplomático Ernesto Araújo y el general Fernando Azevedo renunciaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Defensa, respectivamente. Las dimisiones se dan en un contexto marcado por una crisis política y sanitaria que afecta al gobierno del presidente Jair Bolsonaro. 

La situación de los ahora exministros provocó que el mandatario brasileño asuma medidas como la reconfiguración de su equipo de colaboradores. Ahora, cuenta con seis nuevos integrantes en Secretaría de Gobierno, Casa Civil, Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia y Asesoría General de la Unión.

El general Fernando Azevedo indicó, mediante un comunicado, que se fue “con la certeza de la misión cumplida”, sin explicar el motivo de la renuncia. En el caso del diplomático Ernesto Araújo dimitió después de una fuerte presión del Congreso que cuestionó el deterioro de las relaciones bilaterales con China, uno de los socios comerciales más importantes de Brasil y uno de los mayores proveedores de insumos para la lucha contra el coronavirus, según informa el portal brasileño Estadão.

Bolsonaro tuvo que aplicar los cambios después de dos años de gobierno en medio de una emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 y la nueva cepa brasileña que genera alarma en la región.

La directora General de la Niñez y Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ninoska Durán, explicó que el proyecto de modificación a la Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente, permitirá completar el marco normativo de protección a 5.600 menores que se encuentran bajo tutela del Estado, mediante la agilización de los procesos de adopción.

“Nuestra posición contundente desde el Gobierno nacional está vinculada a que toda niña, niño o adolescente tenga una familia. Si no tuvieron familia de origen por una situación de abandono o por vulneración de derechos y el Estado tuvo que retirar a ese niño de su familia biológica, la adopción es una opción cualitativa, segura y ahora queremos que sea ágil”, explicó Durán.

Un estudio realizado en 2016 por el Ministerio de Justicia develó que en el país existían 8.369 niñas y niños institucionalizados. Tras la aplicación del marco normativo y políticas públicas impulsadas en los últimos años, la cantidad se redujo a 5.600 menores que viven en hogares de acogida.

“Desde el Gobierno nacional, hay la posición de que existan menos hogares y más familias. La cultura de adopción ha venido refrendada desde el marco normativo, la Ley 1168 (de abreviación procesal para garantizar la restitución del derecho humano a la familia de las niñas, niños y adolescentes), que data del año 2019, generó cambios cualitativos para la abreviación procesal de adopciones”, aseveró.

La directora agregó que la permanencia de niños y niñas en hogares o centros debe ser la medida excepcional, y para evitar el abandono se deben aplicar políticas públicas específicas.