El abogado norteamericano Thomas Becker abrió este lunes la posibilidad de que la Fiscalía de Estados Unidos (EEUU) negocie con el Gobierno de Brasil la extradición del exministro de Defensa del gobierno de facto, Luis Fernando López, por el caso de la compra irregular de gases lacrimógenos durante el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.

“Es muy posible que estén en una negociación con Brasil para que el país pueda extraditar a Estados Unidos, para que él (Luis Fernando López) pueda ser procesado también”, mencionó en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

El jurista manifestó que se cree que la Fiscalía de Estados Unidos está en el proceso porque nombraron a “una persona de alto nivel del Ministerio de Defensa” en su investigación, en el marco de la más reciente audiencia por el caso para el extitular de Gobierno, Arturo Murillo.

“No han nombrado la persona por su nombre, pero muchos dicen que es López”, aseveró.

El 28 de mayo de este año, el fiscal William Alave informó que el Ministerio Público recibió la información de que el exministro de Defensa está en Brasil y que comenzaría a canalizar, por intermedio de la Cancillería, los mecanismos correspondientes para su retorno, con miras a que rinda cuentas por la imputación en su contra por el caso denominado “Gases lacrimógenos”-

La autoridad judicial detalló, en aquella oportunidad, que la exautoridad del gobierno de facto de Jeanine Áñez habría ingresado en enero y por vía terrestre a territorio brasileño, con el uso de un paso existente por la localidad de Corumbá.

“El Fiscal (General del Estado) tiene conocimiento de aquello, ya que analizaremos de manera inmediata, como lo hemos hecho en el caso de Murillo, y canalizaremos vía Cancillería lo que corresponda para traerlo y que responda por esta imputación”, aseveró, en una entrevista con Radio Patria Nueva.

En el caso denominado “Gases lacrimógenos” se tiene como antecedente el hecho de que el 25 de noviembre de 2019 el Ministerio de Gobierno envió una carta-contrato a la empresa brasileña Cóndor, en la cual se invita a la firma a presentar una propuesta económica para la compra de agentes químicos para la Policía Boliviana.

Al día siguiente, el 26 de noviembre, el Ministerio de Gobierno envió otra carta a la empresa Cóndor, mediante la cual hizo conocer que decidió la compra de agentes químicos a través de la empresa intermediaria Bravo Tacticals Solutions Llc. Ambas cartas llevan la firma de altos funcionarios del Ministerio de Gobierno.

Los depósitos de pago por parte del Gobierno boliviano, en específico del Ministerio de Defensa, fueron realizados a través del Banco Central de Bolivia (BCB) a una de las dos cuentas que la empresa intermediaria tiene en US Bank, la séptima institución bancaria más grande de Estados Unidos.

Según una investigación del Buró Federal de Inteligencia (FBI, por su sigla en inglés), la empresa intermediaria, ubicada en Norteamérica, tuvo ganancias de más de $us 2 millones en todo el proceso, dinero que sirvió también para pagar sobornos a los exfuncionarios bolivianos implicados en el caso.

Ante el anuncio de Carlos Mesa y su bancada de Comunidad Ciudadana (CC) de presentar una propuesta económica al país con contenido legislativo, asambleístas del oficialismo le recordaron que es el menos indicado para hablar de ese tema, ya que por incapacidad renunció a la presidencia en 2005.

“(Carlos) Mesa, que fue Vicepresidente y Presidente en su momento, dijo ante su incapacidad gubernamental ‘tengo que extender mi mano a las instancias internacionales, pedir limosna para pagar salarios’, entonces Mesa es considerado como un ‘limosnero’ y es el menos indicado para hablar de economía”, recordó el diputado Juanito Angulo (MAS).

Dijo que Mesa, en su calidad de jefe de Estado, no tuvo la capacidad de presentar una propuesta económica y prefirió renunciar en tres oportunidades.

“No presentó un proyecto en materia económica y hoy que quiera presentar una propuesta, consideramos que simplemente es un anuncio político para encubrir su participación en el golpe de Estado”, subrayó.

Este lunes la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) anunció la presentación de una propuesta económica; sin embargo, el acto fue suspendido ante una supuesta prohibición de acceso a los ambientes del edificio del antiguo Palacio Legislativo para su jefe de partido.

El diputado de CC, Miguel Roca, señaló que la propuesta fue trabajada por Mesa y sus legisladores ante el supuesto mal manejo económico del actual Gobierno, pero que debería ser presentada en ambientes del Legislativo por lo que decidieron suspender la conferencia de prensa anunciada.

Ante esa situación, el senador Adolfo Flores señaló que, para presentar propuestas económicas, Mesa tuvo su oportunidad como Vicepresidente y Presidente de Bolivia y no lo hizo.

“Lamentablemente en su época Carlos Mesa no presentó ni media ley, lo único que hizo en su momento es permitir el asesinato de más de 80 personas y más de un millar de heridos, entonces no sé qué propuesta quiere presentar ahora”, subrayó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, dijo este lunes que el comunicado de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que respalda el informe de ese mismo organismo sobre las elecciones de octubre de 2019, tiene el objetivo de lavar la imagen de Luis Almagro debido a que hasta la fecha no pudieron demostrar su teoría del supuesto fraude.

“Solamente están queriendo lavar su imagen (de Luis Almagro) porque no ha podido sustentar, por lo menos con una prueba de que hubo fraude. La OEA se aplazó, por lo tanto, es parte del golpe, eso ha quedado claro”, indicó.

Afirmó que día que pasa se presentan más evidencias de que el discurso de fraude fue armado para generar un golpe de Estado y que existen más elementos que indican que sí hubo un golpe de Estado.

“En nuestro país se está aclarando mucho más y con seguridad tendremos más elementos de que el 2019 hubo un golpe de Estado”, ratificó.

Respecto a la recomendación a los países latinoamericanos de evitar convocar a veedores de la OEA para posteriores procesos electorales, Mamani dijo que por la salud de la democracia es mejor que ya no formen parte de los mismos.

“Por la salud de los diferentes pueblos es mejor, para la salud de la democracia de nuestros países latinoamericanos es mejor que no sea parte de todo esto, para tener una democracia mucho más transparente y de decisión del soberano”, subrayó.

Los exvocales de los tribunales departamentales electorales (TED’s) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazaron este lunes la ratificación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, del resultado de su informe sobre el análisis de integridad de las elecciones generales de 2019, porque “trata de sostener falacias y acusaciones sin fundamento, tergiversadas y malintencionadas”.

“Los exvocales de los Tribunales Departamentales Electorales y del Tribunal Supremo Electoral, ante el reciente comunicado de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA, manifestamos nuestro profundo rechazo e indignación ante un nuevo intento de sostener las falacias, acusaciones sin fundamento, versiones tergiversadas y malintencionadas del señor Luis Almagro, cuyo propósito evidente es generar nuevamente caos y desestabilización, esta vez al nuevo gobierno elegido también democráticamente en octubre de 2020”, menciona un comunicado difundido por las redes sociales.

Las exautoridades nacionales recuerdan que fueron perseguidas, acusadas y encarceladas “injustamente”, habiéndose vulnerado sus derechos más elementales a obtener un proceso justo, transparente y objetivo, por lo que ahora que fueron sobreseídos por no haber cometido delitos “quieren dar a conocer ante el pueblo su verdad ante la ola de acusaciones, humillaciones y descrédito en su contra”, que fue creada por los operadores del golpe de Estado de 2019.

Según los suscribientes del documento, el nuevo comunicado de la OEA vuelve a incurrir en los errores iniciales, por la falta de argumentos sólidos y veraces que sostengan sus enunciados.

En primer lugar, recuerdan que el informe de la OEA sobre el proceso electoral de 2019 se circunscribió principalmente al componente informático, específicamente a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), su paralización y una posible alteración de los datos informáticos. 

“Ahora que la Universidad de Salamanca realiza un trabajo de revisión, precisamente del TREP en lo informático y certifica que no existió manipulación de datos o alteración de los mismos, la OEA contraria y maliciosamente manifiesta que este informe se limita a lo informático”, agregan en el texto.

Además, mencionan que la observación principal está relacionada a la paralización del TREP y se obvia intencionalmente que ese sistema de conteo rápido no era vinculante y que varios países del mundo no lo utilizan y sus sistemas electorales no son observados. 

“Es más, dicho sistema fue directamente suspendido en el proceso electoral de octubre de 2020 y los actores políticos protagonistas del golpe no generaron ninguna observación al respecto”, añaden.

Por otro lado, manifiestan que la OEA desplegó todo un equipo de observadores que acompañaron el proceso antes y después del día de las elecciones en los diferentes TED’s y que avalaron, en su momento, cada una de sus actuaciones, como consta en los informes elaborados para el efecto y que su informe no menciona de “forma intencional”, pues eso equivaldría a mostrar su cuestionable accionar.

Asimismo, determinan que a cada uno de los delegados de partidos políticos del país se les entregó una copia del acta, como manda la norma electoral en vigencia, por lo que con ese mecanismo de control es imposible hacer alguna modificación al momento de vaciar al sistema los datos de los resultados electorales.  

“La OEA insiste falazmente en que no hubo una adecuada supervisión y desconoce que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), preocupado justamente por garantizar un control óptimo y una adecuada transparencia, contrató a una empresa auditora para monitorear todo el proceso”, aseveran.

Por otra parte, indican que la aparente vulneración a la “cadena de custodia” de las actas, “achacada además al TSE y a los respectivos TDE’s”, no toma en cuenta que esa tarea era responsabilidad, en su momento, de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, para lo que se firmaron convenios basados en planes consensuados entre los actores involucrados. 

“Los sucesos posteriores, como la quema de material electoral, fueron impulsados por agentes afines a la oposición política y no pueden atribuirse a deficiencias en el control realizado por el TSE y los TED’s”, acotan.

Finalmente, las exautoridades nacionales mencionan que con un padrón de 7.315.364 votantes habilitados en 2019, la OEA encontró supuestas irregularidades en 38.000 votos, es decir en el 0,55% del universo del electorado. 

“Apenas logró observar 200 actas electorales de un universo de 35.000, dichas observaciones no tenían ningún sustento”, concluye el documento.