El diputado cruceño Anyelo Céspedes (MAS) denunció este miércoles que la Gobernación de Santa Cruz procedió al despido del personal de guardaparques de la reserva Tucabaca, en momentos en que existe riesgo por los incendios forestales.

“Imagínense, la Chiquitania se nos incendia y a los funcionarios que tienen la capacidad, que tienen el conocimiento de la reserva forestal de Tucabaca los están despidiendo”, señaló.

Instó al gobernador Fernando Camacho a trabajar en la atención de los incendios y dejar de hacer política, y que al no tener la capacidad, deje que el Gobierno nacional atienda la emergencia.

“Quiero pedirle al señor (Fernando) Camacho, sino tiene la capacidad para luchar contra los incendios, que acuda al Gobierno nacional, nosotros estamos dispuestos a ponerle los mejores técnicos, porque nos han demostrado que ellos, su secretaría, sus funcionarios de la Gobernación, no tienen la capacidad, o es que no quieren ir a apagar los incendios”, mencionó.

Anunció que, en su calidad de legislador cruceño, junto a 100 bomberos voluntarios se dirigirá a las áreas afectadas, para coadyuvar con la mitigación de los incendios en la Chiquitania.

“Vamos a ir al lugar de los hechos, no a sacarnos selfies, vamos a estar todo el tiempo que el pueblo boliviano nos necesite. Pedimos al señor Camacho, no incendiar la Chiquitania en las redes sociales y le pedimos que lleve a sus funcionarios que no hacen nada, que vayan a apagar incendios”, manifestó.

La diputada Deysi Choque (MAS) informó este miércoles que presentó una denuncia formal ante la Comisión de Ética, contra legisladores de oposición, por la comisión de faltas graves y al decoro en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el 6 de agosto, establecidas en reglamento. 

“Estamos interponiendo una demanda ante la Comisión de Ética contra los diputados que cometieron las faltas graves y gravísimas, estipuladas dentro del reglamento de la Comisión de Ética”, mencionó.

Los legisladores denunciados son: Alba Moira Osinaga Rivero, Erwin Bazán Gutiérrez, María René Álvarez Camacho, Marioly Daysi Morón Osinaga, Walthy Egüez Paz y Alberto Vladimir Astorga Torrez, quiénes, según la diputada Choque, vulneraron el decoro.

“Nosotros, como Asamblea Legislativa, somos la representación del pueblo boliviano ante totos los bolivianos y las bolivianas, y el día 6 de agosto, en el discurso de nuestro Presidente estuvimos vistos a nivel internacional, por tanto, las actitudes de estos diputados y diputadas mellan la dignidad del pueblo boliviano y también la dignidad de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional”, indicó.

El Reglamento de Ética de la Cámara de Diputados establece como falta gravísima, entre otras, a la participación en hechos ofensivos y acciones agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea Legislativa Plurinacional o en lugares públicos, cuando la conducta de la diputada o diputado atenta contra el decoro de la Cámara de Diputados.

“Por tanto, amparados en los reglamentos de la Comisión de Ética, nosotros estamos pidiendo la suspensión por 12 meses sin derecho a ningún sueldo, ninguna retribución económica. No puede ser que las diputadas y los diputados en un acto tan importante cometan la vulneración al decoro”, ratificó.

El jefe de bancada de la agrupación política Creemos, Erwin Bazán, informó este miércoles que solicitó el cambio de uno de sus parlamentarios, Omar Rueda, en la Comisión de Ética, por supuestamente haber sido comprado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En dos oportunidades he solicitado que se sustituya al diputado Omar Rueda, les muestro al personaje, he solicitado que se sustituya en la Comisión de Ética, que se lo cambie al diputado Omar Rueda”, ratificó mostrando la foto del asambleísta aludido.

Acusó a su colega Rueda de haber sido comprado por el MAS, culpándolo de ser el verdugo de los legisladores de oposición.

“Este señor es el diputado que el MAS se compró para perseguir políticamente a Creemos, este señor es un cómplice del MAS y que se está prestando al juego de perseguir a la bancada de Creemos”, reiteró el legislador de la agrupación de Fernando Camacho.

Para el diputado Renán Cabezas (MAS), esta actitud es una muestra clara de la persecución política que la bancada de Creemos aplica al interior de esta agrupación, en contra de aquellos legisladores que se atreven a contradecir a su jefe.

“Lastimosamente, no respetan sus mismas decisiones y empiezan a perseguir a sus mismos compañeros de partido. La derecha está desorientada y va a empezar a perseguir a sus mismos compañeros con injuria y calumnia. Algunos parlamentarios de Creemos tienen conciencia, tienen patriotismo y son conscientes de que Creemos no tiene un proyecto político y lo único que hace es mentir y calumniar, y hay asambleístas que no están de acuerdo con ello”, subrayó.

Cabezas reveló que el caso del diputado de Creemos, Omar Rueda, no es el único, ya que existirían otros legisladores de la bancada de oposición que no están de acuerdo con la línea política que instruye Fernando Camacho.

“No solo es el miembro de la Comisión de Ética, conozco a otros diputados de Creemos que no están de acuerdo con la línea política que (Fernando) Camacho les da, entonces, esa crisis está causada porque no se respetan entre ellos mismos”, resaltó.

El exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Idelfonso Mamani, aseguró este martes que una auditoría hecha el 20 de octubre de 2019, día de los comicios presidenciales, demostró que los datos electorales no fueron afectados. 

“En el TREP (transmisión de resultados electorales preliminares), se desarrollaron las auditorías el propio 20 de octubre de 2019, donde certifica la propia empresa auditora que los datos no sufrieron ningún tipo de afectación y ni siquiera han estado expuestos a peligro alguno. Eso lo certifica la propia empresa Ethical Hacking, que era nuestra empresa auditora contratada por el Tribunal Supremo Electoral (sic)”, dijo en entrevista con la red UNO.

Explicó que tanto la empresa Neotec, que administraba los servidores con resultados electorales durante la jornada del 20 de octubre, y la empresa auditora Ethical Hacking proporcionaron información que aportó a las investigaciones para demostrar que no existieron alteraciones en los resultados finales de las elecciones.

Mamani se refirió al tema luego de que la Organización de Estados Americanos (OEA) indicara que en 2019 existieron presuntas irregularidades en el proceso electoral y los resultados.

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En un informe final, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. Demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.