La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados fiscalizará el cumplimiento de las recomendaciones del informe final del Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes (GIEI), para procesar a los autores de las graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de facto, anunció este miércoles la diputada Estefanía Morales.    

“Nosotros como fiscalizadores, como parlamentarios, vamos a hacer una fiscalización permanente y queremos que evidentemente se sancione a los autores materiales, intelectuales del golpe de Estado y de las violaciones a los derechos humanos”, señaló.

Destacó el trabajo del grupo de expertos, quienes visitaron distintas regiones del país, para recoger los testimonios de las personas que sufrieron violaciones a sus derechos y persecución durante el golpe de Estado.

“En nuestro país hubo vulneración a los derechos humanos, agresiones, torturas, vejámenes a mujeres, incluso no respetaron a las personas, más allá de la ideología política, mujeres que no eran del MAS estuvieron encarceladas y sufrieron agresiones físicas”, apuntó.

Exigió celeridad al Ministerio Público en las investigaciones para procesar a los responsables de las masacres de Sacaba, Senkata, el Pedregal y otras.

“Como bancada del MAS vamos a seguir velando por los derechos de los más desprotegidos y vamos a exigir justicia por las muertes de Senkata y Sacaba y justicia para los más de 1.500 heridos y detenidos, a quienes también se vulneraron sus derechos. Memoria, verdad y justicia”, manifestó.

El expresidente Evo Morales señaló este miércoles que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) demostró que en noviembre de 2019 se ejecutó un golpe de Estado, al observar que Jeanine Áñez no cumplió con el reglamento de la Cámara de Senadores para asumir la presidencia.

"Cuando afirma textualmente que no hubo quórum en el Senado para elegir, porque después que el presidente y vicepresidente renunció, ¿quién tenía que asumir la Presidencia?, el presidente o la presidenta del Senado. Está afirmando que no hubo quórum en el Senado, tampoco hubo quórum en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿diplomáticamente qué está diciendo?, que hubo golpe de Estado”, afirmó.

Lamentó que algunos medios de prensa y políticos de oposición pretendan realizar otras interpretaciones al informe del GIEI y recordó que un militar en uniforme de campaña, fue quien impuso la banda presidencial a Áñez en 2019.

“¿Dónde hemos visto la posesión de Jeanine Áñez como presidenta?, ¿quién le pone la banda presidencial?, un militar con uniforme de guerra, es la mejor prueba del golpe de Estado”, ratificó.

Destacó las investigaciones realizadas por el grupo de expertos independientes, que develaron la violación de derechos humanos, durante el régimen de facto.

“Reafirma que hubo contra el pueblo boliviano graves violaciones a los derechos humanos, masacres, hasta ahí sabíamos todos, pero, además, dice que hubo ejecuciones extrajudiciales, va mucho más allá que cualquier investigación correspondiente”, mencionó.

El abogado y miembro del comité impulsor del juicio por el golpe de Estado de 2019, Aldo Michel, informó este miércoles que se presentó ante la Fiscalía una solicitud para que se convoque, de forma inmediata, a Carlos Mesa y Fernando Camacho en calidad de sindicados dentro del proceso penal que llevan adelante.  

“Hemos exigido al fiscal que ya se convoque a comparecer nuevamente al señor Carlos Mesa y al señor Fernando Camacho, pero ya en su calidad jurídica de sindicados, eso es lo que debe acontecer”, señaló.

Denunció que, con el fin de obstaculizar las investigaciones, muchos de los implicados ya habrían salido del país, entre ellos Ricardo Paz, asesor de Mesa.

“Hay más de una treintena de personas que ya deben concurrir a la Fiscalía en calidad de sindicados. El señor Ricardo Paz se ha dado a la fuga y evidentemente ya ha demostrado una conducta que va a obstaculizar y obstruir la investigación y la acción de la justicia”, indicó.

Recordó que el proceso interpuesto por la exdiputada Lidia Patty, a la que adscribió el comité impulsor, es por los delitos de asociación delictiva, sedición, actos correspondientes a la conspiración, como la conformación de grupos irregulares y todos los actos que han posesionado el golpe de Estado.

“En algún momento, hay gente que malintencionadamente pretende solamente refugiarse a una condición de juicio de responsabilidades, y hay que decirlo claramente, para pretender que la señora (Jeanine) Áñez y sus cómplices se defiendan en libertad, eso no va a suceder, porque existe ya un juicio penal ordinario”, aclaró.

“Nuestro Gobierno quiere cerrar las heridas, que se haga justicia y (que) se busque el resarcimiento de los daños”, dijo el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, en referencia al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que fue presentado el martes en La Paz.

De acuerdo al informe, durante el establecimiento del gobierno de facto de Jeanine Áñez existieron masacres, ejecuciones, persecución, racismo, además de la ruptura del orden constitucional, indica un boletín.

El ministro lamentó que la Policía y las Fuerzas Armadas (FFAA), de forma separada, hayan usado la fuerza de forma "excesiva y desproporcionada", provocando el deceso de al menos 37 personas, en varios puntos del país.

Recordó que el Decreto Supremo N° 4078 fue promulgado para eximir de responsabilidad penal al personal de las FFAA, incidiendo en las masacres de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto), El Pedregal (La Paz) y otros puntos del país.

Lamentó que los grupos de choque, entre ellos, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) protagonizaran actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.

En ese contexto, rememoró la violencia que vivió el hermano del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, incidiendo en su posterior renuncia.

En cuanto a la ruptura del orden constitucional, el ministro señaló que Jeanine Áñez no practicó nada de lo que pregona la Constitución Política del Estado (CPE); al contrario, vulneró todos los procedimientos normativos.

A fin de que todas las víctimas de los hechos de violencia sean resarcidas, Montaño dijo que el Ministerio Público debe hacer su trabajo, "para cerrar las heridas y que todos los bolivianos se agarren de la mano y empiecen a trabajar por la patria".

“Yo soy víctima de aquellos atropellos y no fui a buscar a ningún funcionario de la justicia para resarcir los daños, por eso pido justicia”, dijo el ministro, quien recordó que también fue perseguido político durante el gobierno de facto.