“El barrio Cofadena, donde habitan alrededor de 4.000 personas que integran 870 familias, se mantuvo prácticamente cercado hasta la madrugada del 31 de octubre ante la omisa respuesta policial para contener la situación”, relata una parte del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue presentado y entregado este viernes a los representantes de esa localidad ubicada en el departamento de Santa Cruz.

El informe también detalla que entre las 02.00 y 03.00 del 26 de octubre, grupos afines al movimiento cívico se trasladaron al barrio Cofadena al grito de “collas de mierda los vamos a matar”. 

Las personas de Cofadena, que fueron entrevistadas por el GIEI, refirieron que muchos de sus vecinos resultaron lesionados de diversas formas y que, cuando menos, cuatro casas fueron saqueadas y dos quemadas en los límites del barrio por personas simpatizantes al movimiento cívico.

“Como ejemplo, se encuentra el caso del señor Juan González Acosta, morador de Cofadena que, en uno de estos enfrentamientos, fue golpeado por los agresores después de haber quedado inconsciente al recibir un impacto de piedra en la cabeza. El señor González recibió atención médica ese mismo día en el Hospital General de Montero, pero comentó que al día siguiente tuvo que huir porque lo estaban buscando los cívicos”, cita el documento del GIEI.

Varios profesionales de la salud fueron perseguidos penalmente por prestar asistencia a los heridos en Cofadena, las personas que perdieron la vida y las que resultaron heridas, no han obtenido justicia hasta la fecha de publicación del informe del GIEI.

Cofadena es un barrio del municipio de Montero, Santa Cruz, que está integrado por 870 familias, en su mayoría humildes.

De ese hecho, el GIEI concluye que las autoridades actuaron con opacidad para prevenir o impedir el cerco a Cofadena, así como los actos violentos que se iniciaron el 23 de octubre en Santa Cruz y se fueron incrementando hasta los hechos en Montero.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló este viernes que las propuestas reunidas en las Cumbres Departamentales que lleva adelante el Gobierno nacional para la Reconstrucción Económica y Productiva en Bolivia, serán recogidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para perfilar proyectos de Ley que favorezcan a la economía del país.

“Estas nueve mesas que se van a instalar, van a ser una referencia para que nosotros, desde la Asamblea Legislativa, incorporemos algunas iniciativas que tienen que convertirse en proyectos de ley que vamos a trabajar con todo gusto (…). Lo primero es trabajar en los diferentes departamentos, con nuestras organizaciones sociales, quienes son los que viven las necesidades y problemáticas, y además tienen las fortalezas”, señaló.

Mamani acompañó al presidente Luis Arce en el acto de inauguración de la “Cumbre para la Reconstrucción Económica y Productiva” que se desarrolla en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija. 

En la oportunidad, destacó el aporte de la región tarijeña al crecimiento económico de Bolivia. 

“Como ha indicado nuestro presidente, el trabajo se tiene que duplicar en este departamento, porque sabemos que Tarija ha contribuido bastante en el crecimiento económico de nuestro país”, indicó.

En la actividad también participan representantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de Unidad, que aglutinan a distintos movimientos sociales indígenas de Bolivia.

Al concluir las cumbres departamentales, se sistematizarán los aportes de las mesas de trabajo de las organizaciones sociales en un documento, que será presentado en octubre próximo.

El diputado Hernán Durán (MAS) informó este viernes que una Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) revisará el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) para ver si corresponde alguna acción, tras ratificarse que la exsenadora Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Senado y luego presidenta del Estado sin el quórum correspondiente.

“Como Asamblea Legislativa tenemos que conformar una Comisión Mixta, tanto de diputados y senadores, para que ellos hagan la revisión y después, conforme al informe correspondiente nos podremos reunir en Asamblea ordinaria y podamos determinar lo que corresponda”, adelantó.

Dijo que, por el mismo hecho, Áñez ya enfrenta un proceso ordinario y que será la ALP la que asuma alguna otra determinación. 

“Todo lo que ha llevado (Jeanine) Áñez, ha sido algo inconstitucional, no ha cumplido con los reglamentos, no ha cumplido con la misma Constitución y se ha autoproclamado y por eso en este momento se le está haciendo el proceso ordinario y está con la detención preventiva”, manifestó.

Por su parte, su colega Juanito Angulo reafirmó que, ante el incumplimiento de la Constitución Política del Estado y del reglamento de la ALP, ahora ratificado en el informe del GIEI-Bolivia, la expresidenta de facto debe enfrentar el proceso por el golpe de Estado.

“Jeanine Áñez no tuvo el quórum en la Cámara de Senadores y no obtuvo el quórum pertinente en la Asamblea Legislativa, es decir, no cumplió con los procedimientos legislativos; en ese contexto, lo que vamos a pedir desde la Asamblea Legislativa, tras confirmados estos hechos en el informe del GIEI, un informe a la Fiscalía sobre el avance del proceso, porque en Bolivia hubo un golpe de Estado”, reafirmó.

Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló este viernes que el informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sepultó todas las versiones e intentos de generar una mentira sobre los hechos violentos de noviembre de 2019.

“Se construyó todo un relato de odio, de desinformación y de mentira, que tenía la finalidad de encubrir la responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos, que tenía por finalidad exactamente eximir de responsabilidad a aquellos que habían premeditado, formulado y ejecutado operaciones y acciones generalizadas y sistemáticas de violación a los derechos humanos, en contra del pueblo boliviano”, indicó en contacto con Bolivia TV.

Recordó que se generó una campaña de desinformación nacional e internacional para descalificar el contenido del informe de la primera comisión de la CIDH, sobre los hechos de noviembre de 2019, calificándola de sesgada e imparcial.

“Todas las versiones y la campaña de difamación que se ha disparado, dentro del país e internacionalmente, para descalificar los hallazgos técnicos de la primera misión de la CIDH, que fue acusada de sesgada de imparcial, se cayó, y las personas que han mantenido, durante todo este tiempo estas versiones de desinformación, de fake news, hoy no tienen más moral para seguir opinando respecto a esta historia”, subrayó.

Resaltó que el informe del GIEI, ratificó los hallazgos que fueron identificados en la primera visita de los miembros de la CIDH, sobre ejecuciones sumarias, extrajudiciales y que hubo persecución sistemática contra opositores políticos, detenciones arbitrarias y torturas en las cárceles.

“Nosotros ya lo habíamos identificado, porque visitamos las cárceles, escuchamos a la gente, el relato de las víctimas y esa fuerza moral de las mamás, de los familiares, de todos aquellos que fueron afectados por ese ambiente de terror de Estado que se implementó por parte del gobierno de transición”, mencionó.

Resaltó que el informe del GIEI establece la necesidad y la obligatoriedad del Estado, de construir procesos judiciales que identifiquen a los responsables por todas estas afectaciones, llamadas graves violaciones a los derechos humanos.

“Las graves violaciones a los derechos humanos son consideradas imprescriptibles, que no pueden ser dejadas de sancionarse, no pueden ser utilizadas amnistías para ser perdonadas. Se tiene que construir todo un proceso de memoria histórica, para evitar el propio olvido o la negación de los hechos como estrategia para la impunidad”, manifestó.