El director del Centro de Relaciones Internacionales, Luciano Neri, informó este jueves que varios grupos de activistas, intelectuales y organizaciones de izquierda de Italia preparan la realización de una campaña en la Unión Europea (UE) para informar sobre el golpe de Estado registrado de 2019 en el país y respaldar el proceso democrático de Bolivia.

“Lo que es importante saber es que por primera vez en Europa empieza una campaña para decir, uno, que en Bolivia hubo un golpe de Estado, para decir que los ciudadanos de Italia y de Europa están con la democracia de Bolivia, están con los movimientos sociales, con los ciudadanos democráticos y con las instituciones democráticas de Bolivia”, dijo en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

En ese contexto, Neri manifestó que la iniciativa servirá también para hacer un llamamiento y una demanda formal para que las instituciones de la UE asuman su responsabilidad por la participación de su exembajador en Bolivia, León de la Torre, en las reuniones extra legislativas entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en La Paz, que terminaron con la sucesión inconstitucional de Jeanine Áñez tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Dijo que se pedirá que los demandados digan si es normal que uno de sus representantes diplomáticos esté en una discusión que determinó una ruptura constitucional “muy grave” y definió que una representante de la extrema derecha sea presidenta de facto.

“Yo creo que las instituciones europeas tienen que responder claramente, de forma clara, a una pregunta muy clara”, sostuvo.

El titular del Centro de Relaciones Internacionales adelantó, sin embargo, que la participación de De la Torre en las reuniones extra legislativas no fue correcta y no está conforme a los lineamientos del derecho internacional ni a las normas de la Carta Constitutiva y lineamientos fundamentales de la UE.

“Nosotros tenemos el derecho de demandar, ellos tienen la obligación de responder de forma clara”, finalizó.

La Cámara de Diputados informó este jueves que se elabora un proyecto de ley para que las personas de la tercera edad puedan acceder a créditos bancarios con la garantía de sus hijos, a través de la incorporación del artículo 5 en la Ley N° 369, de 01 de mayo de 2013, Ley General de las Personas Adultas Mayores.

“La propuesta normativa que fue difundida a propósito del Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, establece el acceso a crédito bancario para este sector de la sociedad en casos de emergencia de salud y riesgo de extrema pobreza”, señala la propuesta.

Asimismo, establece una garantía hipotecaria de un bien inmueble o mueble que garantice en coordinación con la entidad bancaria, de acuerdo a la valoración de cada caso, señala una nota de prensa.

Según la proyectista, la diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), María Tinta, existen motivos suficientes para viabilizar la norma como la situación económica social, la crisis sanitaria por la pandemia, riesgo de salud, entre otros aspectos.

“Es muy preocupante, más aún con el tema de pandemia ocasionada por el COVID-19, siendo que, debido a situación física o biológica algunos sufren de abandono por parte de sus hijos o familiares”, indicó Tinta.

Desde 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia conmemora el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. La fecha fue instituida mediante Decreto Supremo del 17 de diciembre de 1948 y ratificado por el presidente Evo Morales en 2013.

El exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo este jueves que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debe ser responsabilizado por el golpe de Estado de 2019, porque fue un “peón político” de Estados Unidos (EEUU) para quebrar la democracia de Bolivia.

“Lo que se concluye es que Luis Almagro hizo el papel de peón político de Washington, de los Estados Unidos, no solamente para quebrar la democracia boliviana, sino para tratar de destruir el proyecto político del Movimiento Al Socialismo (MAS) (…). Por lo tanto, a Luis Almagro se le debe responsabilizar por el golpe de Estado”, manifestó en una entrevista con Radio Patria Nueva.

Según Quintana, el titular de la OEA tiene responsabilidad porque el informe preliminar que difundió sobre presuntas irregularidades en las elecciones generales de 2019 fue un acto de injerencia y ocasionó que el entonces presidente Evo Morales renuncie para impedir que haya un baño de sangre.

Recordó que el documento sirvió para que las fuerzas de la derecha política irrumpan en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y presionen para que Jeanine Áñez se autonombre presidenta interina y que se instale un gobierno ilegítimo por la falta de una transición democrática y constitucional.

“Entonces, la denominada injerencia política de la OEA es precisamente eso, una violación flagrante de la soberanía nacional al intervenir políticamente, a través de un informe que desencadena esta sucesión de hechos dramáticos para el país y que permite instalar un régimen de facto prácticamente, un régimen inconstitucional que ha tenido consecuencias devastadoras para el orden democrático, para los derechos humanos, para la economía nacional y para la salud pública”, sentenció.

Entre los resultados del régimen de facto, Quintana mencionó que se caracterizó por ser “policiaco-militar, cuya prioridad fue la masacre, el asesinato, la persecución, la tortura y la violencia”.

“Además, la prioridad fue el asalto a las arcas del Estado, la corrupción. En menos de 12 meses hemos visto prácticas de corrupción que no se han visto en los últimos 50 años, de asalto masivo al patrimonio nacional; una gestión en materia de salud pública desastrosa que condujo a la muerte de cientos de compatriotas por la falta de atención médica, por la falta de una adecuada planificación, una respuesta ante la pandemia (del COVID-19)”, añadió.

Quintana planteó, por último, que el Secretario General de la OEA responda por la ruptura constitucional en Bolivia “ante alguna corte penal internacional”.

El presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, recordó este jueves que la aprobación de la ley para la devolución parcial o total de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s), fue un compromiso que realizó el presidente del Estado, Luis Arce, durante la campaña electoral, luego de que el gobierno de facto de Jeanine Añez se negará de manera rotunda a la propuesta.

“Agradecemos a nuestro presidente Luis Arce Catacora porque el año pasado, en su condición de candidato, había prometido este tema (devolución de aportes) y se está consolidando. Recordemos que el año pasado el gobierno de facto se negó rotundamente a esta asignación y nosotros, con el equipo económico, a la cabeza de nuestro hermano ‘Lucho’ Arce, hicimos la propuesta”, señaló.

Explicó que la iniciativa fue ajustada a partir de un trabajo conjunto que realizó esa instancia legislativa y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que tomó en cuenta las propuestas de los diversos sectores que se beneficiarán con la norma. 

“Creemos que estamos cumpliendo, es una promesa de campaña de nuestro hermano Presidente, que está cumpliendo con el pueblo boliviano y como ustedes saben se aprobó en la Cámara de Senadores y ahora estamos esperando el decreto reglamentario”, indicó.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y la presidenta del Movimiento Moneda, Yoseline Machaca, acompañaron a Yujra en la conferencia de prensa. 

Montenegro destacó que los procesos de concertación y diálogo con los sectores sociales en el análisis y refuerzo de distintas normativas son una característica del gobierno de Arce. 

“Nosotros hemos incorporado las peticiones que se han sugerido, se han estudiado de forma técnica, de manera tal que los compañeros que tenían aportes en sus cuentas previsionales mayores a 100.000 bolivianos ahora han sido incluidos con un monto fijo de 15.000 bolivianos”, reiteró.

Por su parte, Machaca dijo que con la norma se está dando una mano a las personas que necesitan de esa devolución y que es una respuesta a la demanda de las distintas representaciones del país.