La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el municipio de El Alto, Wilma Alanoca, criticó este martes al líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por no defender los derechos políticos de su exjefa de bancada en la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, y permitir su renuncia, luego de que dijo que su organización política está más cerca de tener coincidencias con el partido en función de gobierno que con Creemos.

“Yo creo que hubiera sido loable, hubiera realmente sido de una gente decente que pueda decir qué derechos tiene una mujer en el ámbito político y que se le respete, y hubiera sido muy loable todo aquello, pero ocurre todo lo contrario”, aseveró, en una entrevista con el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad edilicia lamentó que Mesa haya guardado silencio en el caso, pese a que incluso Barrientos lo defendió “fuertemente, férreamente” desde su bancada cuando se aprobó el juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

Dijo que es reprochable que el líder de CC no haya dado una respuesta equilibrada, equitativa, a la defensa de su exjefa de bancada en la Cámara Alta y que más bien sólo recurrió a “esconder la cara” y guardar silencio.

Recordó que Mesa está acostumbrado a sólo usar mensajes de Twitter o recurrir simplemente a silenciar su opinión en estos casos, como lo hizo con las víctimas de 2003 y la investigación del golpe de Estado de 2019.

“A mí no me sorprende, porque Carlos Mesa para mí es una persona cobarde desde todo punto de vista, en cualquier ámbito y ahora está demostrando que no va a dar, no va a poner las manos al fuego por nadie de su agrupación ciudadana”, acotó.

La concejal manifestó que la falta de defensa del líder de CC para el caso de Barrientos provocó que ella sea denigrada y desprestigiada para verse presionada y obligada a renunciar a la jefatura de su bancada en la Cámara de Senadores, lo que vulnera lo establecido en el artículo 17 de la Ley 243, contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

La presidenta de la Comisión de Economía Plural e Industria de la Cámara de Diputados, Lidia Tupa, presentó un proyecto de Ley que dispone la transferencia automática del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y a los gobiernos municipales de Caraparí, Villamontes y Yacuiba.

La provincia Gran Chaco percibe el 45% del total de las regalías gasíferas del departamento de Tarija, en ese contexto, el proyecto propone la transferencia directa del 10% de esos recursos a los niveles municipales de la región chaqueña.

“La propuesta responde a una vieja aspiración de los chaqueños para que sus recursos no sean retenidos en el nivel departamental, como acontece en la actualidad”, sostuvo Tupa.

La iniciativa legal se basa en la Ley N° 3384 del 3 de mayo de 2006, que establece la creación del “Fondo Rotatorio de Fomento Productivo Regional”, a favor del sector productivo, agropecuario, artesanal y de la pequeña y mediana agroindustria e industria regional. 

De la misma forma se fundamenta en los artículos 281 y 292 de la Constitución Política del Estado relativos al ejercicio de la autonomía regional.

El diputado Juan José Huanca informó este martes que solicitó una Petición de Informe Escrito (PIE) a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que dé a conocer el avance del proceso instaurado en contra del exministro de Hidrocarburos del gobierno de facto, Víctor Hugo Zamora.

A raíz de la paralización de las actividades en la planta de Amoniaco y Urea ubicada en la localidad de Bulo Bulo (Cochabamba), en septiembre de 2020, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó una querella en contra de la exautoridad por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

“Acabamos de firmar una Petición de Informe Escrito para conocer lo que está haciendo el Ministerio Público (con relación a la querella). El PIE va dirigido directamente a la Fiscalía General del Estado (…). Estamos trabajando en el tema de fiscalización, (porqué) tenemos que transparentar los recursos y estos 450 millones de dólares”, mencionó.

En diciembre del mismo año, tras una solicitud presentada por Huanca, la instancia estatal informó que, esa medida asumida por el régimen de facto generó un daño económico al país de $us 450 millones.

Finalmente, el legislador destacó las políticas de reactivación económica implementadas por el actual Gobierno, que permitieron reestablecer las actividades en la planta de Bulo Bulo.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ratificó este martes ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados que la “Pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes” sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada al “Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE”, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca - España, cumplió con todos los requisitos técnicos.

Reafirmó que la pericia internacional descartó la manipulación en el sistema de conteo de votos de los resultados finales del proceso electoral, y que cualquier manipulación sobre los resultados dejaría rastro en la bases de datos y provocaría inconsistencias que no fueron detectadas en la investigación.

Agregó que la manipulación de los resultados, imágenes de actas y registros de cada acción de manera coordinada sobre todos los sistemas, se considera desde el punto de vista técnico como altamente improbable, dada la coherencia en los datos almacenados en el sistema. 

En cuanto a la metodología de prueba y reglas de pericia que se aplican en el código de Procedimiento Penal Boliviano, dijo que en cumplimiento a dicha normativa se incorporó el dictamen pericial “Análisis de Integridad Electoral, Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia, 20 de octubre de 2019”, al cuaderno de investigaciones, actividad procesal que se encuentra sujeta al respectivo control jurisdiccional, conforme establece la norma. 

Aclaró que, en el expediente del caso, también se cuenta con una pericia en el área de seguridad informática y administración de redes, un informe pericial de análisis de integridad electoral y una pericia en el área de documentología y dactiloscopia, entre otros actuados, que sustentan el requerimiento conclusivo.

Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de impugnaciones previsto en el Código de Procedimiento Penal, después que la comisión de fiscales asignados al caso en La Paz emitiera requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria.