Más de 70 organizaciones, colectivos y bloques urbanos de La Paz y El Alto determinaron crear una coordinadora en defensa del proceso de cambio y del Gobierno del presidente Luis Arce, ante intentos de desestabilización impulsados por grupos políticos de oposición.

Canela Crespo, representante de la coordinadora, llamó este miércoles a otras organizaciones a sumarse a esta iniciativa de unidad, para evitar nuevas arremetidas de grupos políticos de derecha, que al igual que en 2019, pretenderían generar un escenario de desestabilización en Bolivia.

“Así se ha creado el golpe de Estado de 2019, con la movilización de algunos sectores y la conformación de grupos paramilitares, nosotros no vamos a reaccionar desde la violencia, pero si vamos a defender a nuestro Gobierno”, indicó.

Asimismo, demandó de las autoridades competentes, justicia para los asesinados, detenidos y perseguidos durante el gobierno de facto.

“No se puede llamar persecución política al pedido de justicia por las masacres de Sacaba y Senkata, el Pedregal y otros territorios del país. Entendemos que se debe respetar los principios constitucionales del debido proceso, sin embargo, sí se debe hacer justicia por todos los caídos y detenidos ilegalmente”, manifestó. 

Llamó a la unidad de todas las organizaciones que comparten el ideal de justicia social, ante los intentos golpistas promovidos por algunos medios de comunicación, alcaldías, gobernaciones, cúpula de la Iglesia Católica y políticos de oposición. 

“Esta vez, ninguna arremetida golpista nos va a encontrar desorganizados o desmovilizados. Les decimos con claridad a todos aquellos que pretenden promover un golpe de Estado, no pasarán”, aseveró.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sostuvo este miércoles que el Gobierno nacional reafirma el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos en el Día Internacional de la Democracia.

“El Estado boliviano, a través del Gobierno Nacional, reafirma el respeto al Estado de Derecho y la promoción de los Derechos Humanos como pilares fundamentales de la democracia (sic)”, sostuvo mediante una publicación en su cuenta en la red social Facebook.

La autoridad mencionó el tema en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Democracia que se recuerda este 15 de septiembre, fecha instituida por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para reflexionar sobre la implementación del sistema democrático a nivel global.

“El año 2019 nuestro país sufrió una ruptura Constitucional que desmoronó 37 años de democracia, el Golpe de Estado instituyó una serie de acciones reñidas con la institucionalidad y los mecanismos democráticos (sic)”, sostuvo el Ministro de Gobierno.

Tras la ruptura institucional de 2019, Bolivia recuperó su democracia en las urnas en octubre de 2020, cuando por mayoría de votos respaldó al Movimiento Al Socialismo (MAS) que tuvo como candidato al ahora presidente Luis Arce.

“El año 2020, gracias a la voluntad del pueblo boliviano, recuperamos la democracia con el 55% de los votos por el presidente Luis Arce. Ahora es nuestro deber defender la democracia de amenazas como la desigualdad social, el racismo y grupos que no comulgan con los valores democráticos”, añadió Eduardo del Castillo.

El diputado Juanito Angulo (MAS) recordó este miércoles que Jeanine Áñez es también responsable del caso de corrupción por la adquisición de gases lacrimógenos durante su gestión de facto, ya que avaló, con la aprobación de tres decretos supremos, esta compra irregular.

“Esta compra irregular se justificó con decretos supremos, el 4090, 4116 y 4168, lo tres decretos firmados por Jeanine Áñez, sus ministros y ministras. Es decir, la responsabilidad no solo es del señor Arturo Murillo, sino de todos los que han firmado, los que han participado en este proceso de contratación, principalmente los que han autorizado y justificado esos decretos supremos”, indicó.

La declaración surge luego de que el martes, la Fiscalía General del Estado (FGE) oficializara la solicitud de extradición del exministro de Gobierno del régimen de facto, Arturo Murillo, procesado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y otros, relacionados al caso denominado “gases lacrimógenos”.

“Entonces, no solo va a ser investigado el señor (Arturo) Murillo, sino debe empezar desde la señora (Jeanine) Áñez, ella tiene que sustentar, justificar, aclarar por qué razones y circunstancias se compró ese material y otros elementos con sobreprecio, y permitió usar intermediarios”, mencionó.

Recordó que Áñez tiene una doble responsabilidad en este caso, ya que ratificó a Arturo Murillo y a su exministro de Defensa, Fernando López, luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los censuró, tras haber identificado irregularidades en el proceso de compra de gases lacrimógenos y responsabilidad de estas dos exautoridades.

“La Asamblea Legislativa el año pasado los cuestionó, los censuró por estos hechos de compras irregulares y recomendaron a la presidenta de facto destituir a Arturo Murillo y a Fernando López, no lo hizo, no cumplió con esta sugerencia de parte de la Asamblea que cumplía con su labor constitucional de fiscalización”, subrayó.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional censuró al exministro de facto, Arturo Murillo, por considerar injustificada su ausencia a la interpelación en la que debía responder por el denominado caso “cases lacrimógenos”, a raíz de la adquisición con presunto sobreprecio de armamento no letal para la Policía Boliviana.

La censura tenía como efecto la destitución del Murillo, de acuerdo con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, días después, Áñez restituyó en su puesto a su Ministro de Gobierno.

En marzo había ocurrido una situación similar con el exministro de Defensa, Luis Fernando López, quien, tras la censura legislativa, fue destituido para horas después ser posesionado nuevamente por Jeanine Áñez.

El vicecanciller Freddy Mamani Machaca indicó este miércoles que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) debe ser fortalecida como un espacio de integración propio de la región.

Explicó que la Celac es una alternativa política porque en la actualidad la Organización de Estados Americanos (OEA) ya no responde a las necesidades de los países que la integran debido a las acciones políticas que asume la secretaría general a cargo de Luis Almagro.

“Consideramos que este espacio de la Celac debe convertirse en el futuro en un espacio de integración propio de los países latinoamericanos y caribeños”, aseguró en entrevista con Bolivia TV.

Las declaraciones de la autoridad gubernamental se dan a tres días de que la VI cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), programada para el 18 de septiembre, se realice en México, donde Bolivia propondrá que este bloque regional se fortalezca como alternativa a la OEA. Hasta la fecha, 33 países, confirmaron su participación.

La Celac es el único mecanismo de diálogo y concertación que agrupa en forma permanente a los 33 países de América Latina y el Caribe, conformándose como un foro y actor político para avanzar en el proceso de integración política, económica, social y cultural de la región.

El Secretario General de la OEA es cuestionado, en el caso boliviano, por su participación en los comicios generales de 2019, sobre todo por su denuncia basada en un informe preliminar y un supuesto fraude.

Con esas acciones, provocó movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la dimisión de Morales, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Áñez aprovechó ese escenario para tomar el poder y aplicar un régimen de violencia como en el caso de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

“Estamos absolutamente claros que la OEA en ese momento tomó una posición política que obviamente llevó a la convulsión social y el golpe de Estado. Es uno de los temas que estamos trabajando en los espacios multilaterales”, dijo Mamani.