El diputado cruceño Jerjes Mercado (MAS) afirmó este miércoles que la marcha que arribará en las siguientes horas a la ciudad de Santa Cruz carece de legitimidad, debido a que los representantes orgánicos de las 34 naciones de tierras bajas no la avalaron y que las personas que la encabezan cuentan con procesos por tráfico de tierras y avasallamientos.

“Autoridades legítimas de las 34 naciones de tierras bajas no han avalado esa marcha y no la liderizan, son exdirigentes de 1990 quienes la lideran; segundo, hasta ahora no han hecho llegar su pliego petitorio; y tercero, hay una tremenda manipulación política de (la marcha) por personas que están con procesos por tráfico de tierras, avasallamientos, por lo tanto, es una marcha ilegítima”, señaló.

Observó que, hasta la fecha, los movilizados no hayan presentado su pliego petitorio y ratificó que el Gobierno nacional está abierto al diálogo con cualquier sector para atender sus demandas e invitó a los marchistas a sumarse a las mesas de trabajo que instalaron autoridades nacionales, en coordinación con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob).

“Es la primera vez que veo una marcha que no sabe las razones de su movilización, recién el 30 (de septiembre) van a presentar su pliego petitorio; en todo caso, reitero, está en su pleno derecho y el Estado le ha garantizado su seguridad, inclusive cierta logística, para que puedan llevar adelante su marcha”, manifestó.

Agregó que “si tienen un pliego petitorio, yo creo que lo correcto es que se sumen a las mesas de trabajo que tenemos con las instancias legalmente constituidas, que representan realmente a los pueblos de tierras bajas, y eso es la Cidob”.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, señaló este miércoles que los ministros del gobierno de facto de Jeanine Áñez deben también ser procesados por el caso gases lacrimógenos, ya que avalaron con su firma los tres decretos supremos que viabilizaron la compra irregular de ese material.

La declaración surge tras conocerse que cuatro procesados en Estados Unidos (EEUU) por los delitos de lavado de dinero y soborno, en el caso de la adquisición de material antidisturbios el 2019 en Bolivia, se declararon culpables.

“En la medida que cuatro de los cómplices de (Arturo) Murillo admitieron la culpa, implícitamente esto involucra a que los que acompañaron esos actos administrativos, que dieron lugar a las compras irregulares con sobreprecio y que aún se encuentran en el Estado, tengan que ser también objeto de sanción y persecución”, apuntó.

Recordó que, para la compra de los gases lacrimógenos, se tuvo que generar un escenario jurídico, que permitió una contratación de esa naturaleza, es decir, la aprobación de tres decretos supremos avalados por el consejo de ministros presidido por Áñez, que posibilitaron el acto anómalo.

“El consejo de ministros en su integridad, son solidarios con las responsabilidades que emerjan. En este momento son 17 ministros los que integraban el consejo de ministros de la señora (Jeanine) Áñez, y solo uno está siendo objeto de persecución y de sanción en un Estado, el señor Murillo, quien el 8 de octubre seguramente va a señalar lo mismo que sus cómplices señalaron, aceptar la culpa y esperar la sanción correspondiente”, mencionó. 

Agregó que “en el Estado boliviano lo que corresponde hacer es convocar al resto de los 16 ministros para que puedan ser procesados bajo los criterios que señala el artículo 166 de nuestra Constitución Política del Estado, que dice que las decisiones del consejo de ministros sean asumidas de manera solidaria. Por eso es que nosotros estamos reclamando, también, que el Ministerio Público sea contundente en este proceso investigativo”.

Dijo además que, la declaración de culpabilidad de los cuatro cómplices de Murillo es una confirmación de que en el gobierno de facto es responsable de ese delito y de otros actos de corrupción que se cometieron durante su gestión.

“Es una confirmación de lo que siempre hemos sostenido, que en el gobierno de la señora (Jeanine) Áñez lo que se ha hecho, a partir del 12 de noviembre de 2019, los que se hicieron cargo de la administración de la cosa pública, fueron delincuentes prontuariados y los actos que desarrollaron en aquella oportunidad fueron actos delincuenciales que los hemos denunciado en su momento, días previos incluso al proceso electoral de la gestión 2020”, subrayó.

La wiphala es la bandera que representa a los pueblos indígenas en Bolivia y fue elevada a símbolo nacional con la Constitución Política del Estado en 2009. Durante los conflictos de 2019, los sectores críticos al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al entonces presidente Evo Morales aprovecharon la situación para desconocerla y agraviarla.

El parágrafo II del Artículo 6 de la Constitución Política del Estado establece que la bandera tricolor rojo, amarillo y verde y la wiphala son símbolos oficiales del Estado.

“La wiphala es símbolo de unidad, dignidad, solidaridad, diversidad y lucha de los pueblos libres contra toda forma de racismo, colonialismo e imperialismo. Durante el gobierno de facto, fue emblema de resistencia al golpismo. Con su desagravio advertimos: los golpistas no pasarán”, publicó el líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, en su cuenta en la red social Facebook el lunes 27 de septiembre.

La agudización de la crisis en 2019 estuvo marcada por diferentes acontecimientos, entre los cuales destacan el motín policial, la publicación del informe preliminar de los resultados de la auditoría que la Organización de Estados Americanos (OEA) y las declaraciones de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía para presionar la renuncia de Evo Morales.

Al final del día 8 de noviembre, policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con demandas que incluían la dimisión del mandatario.

“Se produjeron serias agresiones a la wiphala, que incluyeron su quema delante de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en La Paz, y en la Plaza 14 de Septiembre, en Cochabamba, ambos hechos acaecidos el día 10 de noviembre, lo que fue otro factor que afectó la identidad indígena predominante en El Alto y amplió el inconformismo de ese sector con las fuerzas estatales. Igualmente, las notas de que ‘mujeres de pollera’ eran agredidas y discriminadas alimentó la tensión”, se lee en el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de violencia de 2019 y presentado el 17 de agosto de 2021.

Respecto a Cochabamba se lee lo siguiente: “Durante el motín policial, algunos policías cortaron la wiphala del emblema de sus uniformes y la quemaron frente a la sede de la UTOP. Además, algunas personas la sacaron de la sede de la gobernación y la quemaron en la Plaza 14 de Septiembre, sin que la policía interviniera (sic)”.

Durante el conflicto generado por el golpe de Estado, bolivianas y bolivianos salieron a las calles en defensa de las mujeres de pollera que eran discriminadas por opositores, de la victoria del MAS en las elecciones de 2019, de la wiphala y del derecho al trabajo afectado por el paro cívico impulsado por cívicos cruceños.

En la ciudad de La Paz, una persona que brindó su testimonio al equipo del GIEI, contó que el 15 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 16.00, estaba participando en una marcha en demanda de respeto a la wiphala. Dijo que, cuando la movilización se encontraba por la calle Sucre, la Policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos cerca de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

“Por efecto de la gasificación, ella se mareó. Sin embargo, fue detenida por cinco agentes que la arrinconaron y la golpearon en el estómago. Posteriormente, fue insultada de ‘puta masista’ y amenazada de muerte y de violación sexual”, se lee en el informe del equipo internacional.

Tras el golpe de Estado e instalación del régimen de Jeanine Áñez, una de las primeras acciones del gobierno de facto fue la eliminación de la wiphala de los espacios oficiales.

Para ese entonces, ya se habían desplegado diferentes protestas de sectores afines al MAS en defensa de la bandera indígena en Sacaba y Senkata, donde luego ocurrieron masacres.

El 10 de noviembre, después de la noticia de la renuncia de Evo Morales, los dirigentes de la oposición Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari ingresaron al Palacio de Gobierno con la carta de renuncia, la bandera boliviana y la Biblia, las cuales fueron colocadas en el piso.

“Apenas después de lo ocurrido en el Palacio de Gobierno, un policía encapuchado y un civil bajaron la wiphala del mástil de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Palacio de Gobierno. En Santa Cruz, Cochabamba y La Paz se registraron actos públicos de quema de la wiphala y los elementos policiales la arrancaron de sus uniformes”, registra el GIEI.

“El GIEI reconoce múltiples actos de discriminación contra los pueblos indígenas en el periodo analizado. Estos se concretaron en violencia selectiva contra miembros de pueblos y comunidades indígenas, persecución específica de personas indígenas en posiciones de autoridad, insultos y epítetos racistas, incluso por parte de representantes de las autoridades, y ataques a símbolos de identidad, como a la wiphala o el vestido indígena. Estos actos generaron un ambiente de inestabilidad y anarquía y un temor legítimo entre las personas pertenecientes a los pueblos indígenas”, se lee en el informe.

La alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa, salió en defensa del vicepresidente David Choquehuanca, a quien el gobernador Luis Fernando Camacho le impidió hablar durante el aniversario de Santa Cruz, y dijo que no se permitirá que falten el respeto a una autoridad elegida democráticamente por la mayoría del pueblo boliviano.

“Mi solidaridad con el Vicepresidente, porque él es aimara como nosotros y no vamos a permitir que nadie le falte el respeto, porque aquí hubo elecciones democráticas, donde el pueblo ha decidido quiénes son los que nos comandan”, indicó Copa.  

“Así como nosotros respetamos a las autoridades legal y legítimamente elegidas en Santa Cruz, creo que esas autoridades también tienen que respetar a las autoridades legal y legítimamente elegidas por el pueblo boliviano. Así vamos a poder encontrar paz y eso es lo que busca la población”, dijo la alcaldesa.

Choquehuanca, junto a Luis Arce, fueron elegidos respectivamente como Vicepresidente y Presidente de Bolivia por el 55,11 % de la población que se expresó en las urnas en las elecciones generales realizadas el domingo 18 de octubre de 2020. Esos comicios, establecieron que su mandato constitucional durará hasta el año 2025.

“Nosotros educamos a nuestros hijos para que sean hombres de bien, mujeres de bien, no para que vayan a agredir a nuestros hermanos, no para que insulten al otro, no para que discriminen, no, ya no es tiempo de confrontación, ya no es tiempo de división, es tiempo de que nos unamos, es tiempo de que hablemos el lenguaje de la paz para todos”, subrayó Copa, según informó La Razón en su edición digital.

El 24 de septiembre, durante el homenaje a Santa Cruz por sus 211 años de gesta libertaria, el gobernador Luis Fernando Camacho, impidió que Choquehuanca, entonces presidente en ejercicio de Bolivia, emita su discurso.

De manera paralela, varios de los seguidores de Camacho agraviaron la wiphala que había sido izada por Choquehuanca y procedieron a retirarla de su mástil por la fuerza y en medio de forcejeos. Por si fuera poco, expulsaron a chicotazos a un dirigente indígena del occidente que había acudido al acto público en la plaza 24 de septiembre.                          

Ante ello, Copa dijo que “nos preocupa mucho esos antecedentes que pasaron en nuestro hermano departamento de Santa Cruz, (pero) yo quiero decir a esos compañeros que no se equivoquen, la wiphala no es un partido político, la wiphala es del pueblo, la wiphala (es) de los 36 pueblos indígenas, originarios y campesinos, (…) no confundan, no politicen este tema y las autoridades hagan lo que tengan que hacer”.

Además, recordó que la wiphala, al igual que las flores de Kantuta y Patujú o la bandera tricolor, está reconocidas como símbolos patrios en la Constitución Política del Estado.

Por tanto, tampoco “manejemos estos símbolos como si fueran trapos que no tienen ningún tipo de sentido o respeto. ¿Dónde está el civismo con el cual nos han educado, dónde está?”, indicó Copa, durante el acto de entrega de 6 mil kits de alimentos como incentivo por la vacunación anticovid y medicamentos por parte de la CBN.