El Gobierno de Venezuela denunció este sábado que el diplomático de ese país, Alex Saab, fue secuestrado por Estados Unidos, en complicidad con autoridades de Cabo Verde, y es torturado y mantenido como prisionero hace 291 días sin orden de captura ni debido proceso, en franca violación de la Convención de Viena. 

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, por parte del Gobierno de los Estados Unidos en complicidad con autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días, sin orden de captura ni debido proceso, violando con ello las leyes de Cabo Verde y la Convención de Viena”, menciona un comunicado del país sudamericano.

El documento oficial menciona que la información ha sido confirmada por los familiares de Saab, a quienes se les impidió recientemente la entrada a ese país.

El texto menciona que el delito cometido contra el diplomático venezolano fue condenado ya por la Organización de las Naciones Unidas y por diversos países del mundo. 

Según el comunicado, Alex Saab es representante permanente del Gobierno venezolano en la mesa de diálogo que se desarrolla con opositores en México, gracias a la facilitación del Reino de Noruega y al acompañamiento de la Federación de Rusia y el Reino de los Países Bajos.

En ese sentido, manifiesta que el crimen contra el diplomático atenta también contra el buen desarrollo de las negociaciones.

“El Gobierno Bolivariano de la República de Venezuela repudia esta grave violación de los derechos humanos contra un ciudadano venezolano, investido como diplomático y representante de nuestro país ante el mundo. Hecho que sienta un peligroso precedente para el derecho internacional”, añade el texto.

Finalmente, Venezuela responsabiliza a las autoridades de Cabo Verde y al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por la vida y la integridad física de Saab y se reserva como nación soberana las acciones que tomarán en consecuencia. 

“Agradecemos la solidaridad del noble pueblo de Cabo Verde y de la comunidad de países africanos, así como a los movimientos sociales de los Estados Unidos y del mundo, quienes han levantado su voz en repudio de este delito. La lucha por la dignidad de este hombre inocente, a quien asiste y protege el derecho internacional, continúa y se Intensifica”, concluye el comunicado oficial.

El director regional del Servicio General de Identificación Personal, Alpacino Mojica, informó este viernes que el lunes 18 de octubre se realizará una fiesta popular en el obelisco del Plan Tres Mil de la ciudad de Santa Cruz, para celebrar el primer año de gobierno del presidente Luis Arce y la recuperación de la democracia luego del golpe de Estado de 2019.

“Se va a vivir una gran fiesta el día lunes porque hemos recuperado la democracia a la cabeza de nuestro presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora (…). Invitamos a todo el pueblo cruceño, al pueblo boliviano, a las cinco de la tarde en el obelisco del Plan Tres Mil”, manifestó, en una entrevista con Bolivia Tv. 

Asimismo, Mojica dijo que la fiesta popular es organizada por varias entidades públicas y servirá también para que el pueblo de Santa Cruz exprese su agradecimiento al jefe de Estado por el trabajo y la estabilidad económica lograda en su primer año de gestión gubernamental.

Además, dijo que el evento servirá para reafirmar el compromiso de las instituciones estatales para seguir con el trabajo en favor del pueblo.

“Queremos seguir trabajando para mejorar la estabilidad económica para el pueblo de Santa Cruz, al pueblo boliviano, darle mejores días a nuestra gente”, aseveró.

Según datos oficiales, el 8 de febrero de 2020, Luis Arce y David Choquehuanca comenzaron la campaña como candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones generales de ese mismo año.

El proceso comenzó a 11 días de que Arce volvió de Argentina y fue recibido en el aeropuerto de El Alto por Choquehuanca y varios simpatizantes de su partido político.

El 18 de octubre de 2020 se realizaron las elecciones generales y los resultados finales confirmaron la victoria de Arce, en primera vuelta, con el 55,10% de los votos.

Durante la revisión de las actas electorales de las elecciones de 2019, no se observó ningún acta modificada ni pruebas que indiquen que existió un fraude, indicó el veedor del Centro de Estudios de Política y Economía (CEPR), David Rosnick, quien presenció la revisión de los documentos realizada por la Procuraduría General del Estado.

Durante una entrevista en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, el especialista, quien hizo similares veedurías en proceso electorales de Perú, Ecuador, EEUU y otros países, lamentó que la secretaría general de la OEA (dirigida por Luis Almagro) haya emitido un informe irresponsable, deficiente, sin razonamiento estadístico e incompleto.

Rosnick participó como veedor en la revisión acta por acta que realizó la Procuraduría hasta este viernes.

“No he visto evidencia de votos cuestionados”, indicó el especialista quien luego añadió: “no hay pruebas de que existan actas modificadas de alguna forma”.

Sin embargo, dijo que pudo notar algunos hechos como que, por ejemplo, los jurados firmaron un acta en un sitio que no era el esperado. Luego se revisó las firmas y nombres y se comprobó que todo estaba correcto.

El especialista dijo que ese tipo de situaciones son previsibles ya que se trata de ciudadanos que normalmente por primera vez son jurados electorales y se espera que cometan errores.

A pesar de ello, enfatizó que “yo no he visto nada de pruebas que indiquen un fraude”.

Consultado sobre el informe preliminar de la OEA que dio pie al golpe de Estado de 2019, indicó que ese documento no tuvo “razonamiento estadístico”, fue “deficiente, irresponsable”,  con “pobre justificación” y en ningún caso se trató de una auditoría.

Agregó que ese informe de la OEA no esperó el resultado final del conteo oficial de votos.

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) capacitó a concejales y asambleístas, para atender casos de acoso y violencia política, en el marco de un taller departamental organizado por la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) y la Cámara de Diputados.

El evento se llevó a cabo en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde participó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, quien ofreció una exposición sobre la “ruta crítica de atención de acoso y violencia política”.

“Estamos llevando adelante procesos de capacitación, a propósito de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y, particularmente, contra el acoso político hacia las mujeres electas”, explicó la vocal, quien resaltó la importancia de esta actividad en favor de las nuevas autoridades, elegidas en marzo de este año, según una nota de prensa.

Asimismo, se informó sobre la vigencia de la Ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y de la Ley 243 Contra el acoso y violencia política a las mujeres, para que las denunciantes activen mecanismos de defensa a sus derechos como autoridades electas.

En ese marco, la Unidad de Género del OEP hace el seguimiento de los procesos y capacita a las autoridades sobre los procedimientos en caso de acoso, presión o violencia.

Además, el OEP tiene otras normas como el "Reglamento para la recepción de denuncias y renuncias por acoso y violencia política de mujeres candidatas, electas o en función política pública", y La Ley 1096 de Organizaciones Políticas, que promueve la participación política de las mujeres y protege sus derechos.

También se dio detalles sobre el procedimiento a seguir en esos casos: la presentación de las denuncias ante el OEP, las entrevistas reservadas, la elaboración de un informe legal, el tratamiento de la denuncia en Sala Plena, la emisión de un pronunciamiento y, de darse el caso, la remisión de antecedentes al Ministerio Público.

De acuerdo con datos oficiales del OEP, entre 2016 y septiembre de 2021, se registraron 176 denuncias de acoso y violencia política, en todo el país.

En tanto, en el mismo periodo, se presentaron 41 renuncias, por las mismas causas, de mujeres autoridades electas en los nueve departamentos.