Roma, Turín y unas 60 ciudades de Italia votaban este domingo a sus alcaldes en un reñido balotaje, tras triunfos de coaliciones de centroizquierda en la mayoría de las grandes urbes en primera vuelta que reforzaron al Partido Democrático (PD), que lidera el Gobierno nacional.

Los comicios duran dos días, con lo que finalizarán el lunes, y Roma se presenta como el premio mayor, una ciudad con muchos problemas con el transporte público y la gestión de la recogida de basuras.

Los romanos comenzaron a votar al día siguiente de una manifestación masiva en la capital para reclamar la prohibición de la extrema derecha, tras unas violentas protestas contra el pasaporte sanitario la semana anterior.

Hacia el mediodía, la participación general en los comicios rondaba el 9,73%, menos que el 12,/% a la misma hora en la primera vuelta del 3 y 4 de octubre, según las autoridades, informó la agencia de noticias italiana Ansa.

En Roma, los sondeos dan como favorito al candidato de centroizquierda, el exministro de Economía y Finanzas Roberto Gualtieri, del (PD), frente al candidato de la derecha y la extrema derecha Enrico Michetti, abogado y presentador de radio. Ambos tienen 55 años.

En la primera vuelta, Michetti obtuvo el 30% de los sufragios y Gualtieri el 27%.

Se prevé que Gualtieri debería hacerse ahora con buena parte de los votos del candidato independiente centrista Carlo Calenda y de la alcaldesa saliente Virginia Raggi, del partido Movimiento 5 Estrellas, eliminados en la primera ronda.

Michetti fue acusado de antisemitismo a raíz de un artículo del año pasado en el que afirmaba que existía un "lobby" judío "capaz de decidir el destino del planeta".

Y durante la pandemia, sugirió utilizar el saludo romano con un brazo en alto --como en el fascismo-- ya que, según él, era más higiénico.

Michetti cuenta con el apoyo de una alianza de los partidos Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni y de extrema derecha, La Liga, de Matteo Salvini y de derecha, y Fuerza Italia, de Silvio Berlusconi y de centroderecha.

Salvini tachó la manifestación contra la extrema derecha del sábado como una estrategia electoral de la izquierda.

La campaña electoral en Roma estuvo dominada por las quejas sobre la degradación de esta metrópolis de 2,8 millones de habitantes.

La situación se ha agravado tanto que los jabalíes, atraídos por la basura que se amontona en plena calle, circulan libremente en algunas zonas residenciales.

Hace 15 días, las victorias de alianzas de centroizquierda en las principales ciudades revitalizaron al PD, eje central del sector, que buscará redefinir los equilibrios internos y que ya mira a las generales de 2023, cuando se renovará por completo el Parlamento.

Con casi todas las fuerzas con representación parlamentaria integrando el Ejecutivo de unidad nacional del premier Mario Draghi, las elecciones en más de 1.100 comunas generaron todo tipo de alianzas y cruces entre socios en el Gobierno y opositores.

En líneas generales, las fuerzas de centroizquierda que integran el Gobierno, como el PD y el Cinco Estrellas, compitieron entre sí en la mayoría de los distritos.

En cambio, los partidos de derecha alcanzaron listas de unidad en casi todas las comunas pese a que dos integran el Ejecutivo, La Liga y Fuerza Italia, y Hermanos de Italia se mantiene en la oposición.

Las cómodas victorias de coaliciones de centroizquierda en primera vuelta en Milán, Nápoles y Bolonia, más la posibilidad de agregar Roma y Turín en los balotajes, transformaron al PD en el primer partido en la mayoría de las ciudades.

Sus referentes ya se ilusionan con quedar con el liderazgo del sector de cara a las generales de 2023.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional recordó este domingo a los dirigentes de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que aglutina a propietarios y directores de nueve de los 60 medios impresos que funcionan en Bolivia, que la libertad de expresión es un derecho humano y constitucional que se ejerce sin restricciones ni rango de exclusividad institucional.

La ANP censuró hoy con adjetivos calificativos y descontextualizados, inadecuados para el lenguaje periodístico, una opinión que el titular de esa cartera de Estado, Iván Lima Magne, difundió en su cuenta personal de Twitter, según señala un boletín de prensa de esa cartera de Estado.

Esa organización acusó al Ministro Lima de ejecutar “un nuevo ataque contra seis medios de comunicación de Bolivia”, cuando en realidad la autoridad refirió un mensaje del Papa Francisco para aludir a ciertos medios en tono reflexivo.

Según la nota de prensa relacionada al comunicado de la ANP, “el ministro de Justicia, Iván Lima, empleó un fragmento del mensaje emitido por el papa Francisco para un nuevo ataque contra seis medios de comunicación de Bolivia”.

El mensaje del Papa Francisco, difundido por su cuenta de Twitter, decía textualmente: “A los medios de comunicación, pido que terminen con la lógica de la postverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia y esa fascinación enfermiza por el escándalo y lo sucio; y que busquen contribuir a la fraternidad humana”.

El Ministro Lima dijo a través de Twitter: “@pagina_sietem @LosTiemposBol, @sur_correo, @grupoeldeber, ahí les habla @Pontifex_es. En el caso de @noticiasfides y @ErbolDigital es un llamado que debiera ser tomado con mayor reflexión y compromiso. Siempre se puede cambiar para mejorar”.

La ANP distorsionó ese mensaje y lo expuso como “agresión verbal”.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pide a la ANP no olvidarse que el parágrafo II del artículo 106 de la Constitución Política del Estado establece que se reconoce el derecho “a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión sin censura previa”.

El derecho a la libertad de expresión está garantizado para “las bolivianas y los bolivianos” sin excepción y no es atribución exclusiva de los empresarios de la comunicación.

Esta Cartera de Estado también solicita a la ANP dejar de lado el sesgo que aplican al denunciar agresiones. Cuando se trata de periodistas de medios privados levantan la voz de manera inmediata, pero cuando trabajadores de la prensa de medios estatales sufren ataques violentos de grupos de choque afines a organizaciones que se caracterizan por su racismo radicalizado, la ANP calla, añade del boletín de prensa de Justicia.

El abogado constitucionalista Israel Quino dijo este viernes que la sentencia 52/2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional que ratificó que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019 sentó las reglas interpretativas para los casos de la sucesión presidencial en el país.

“Esta reciente sentencia constitucional, pues genera las reglas interpretativas, efectivas, en razón de la sucesión presidencial en nuestro país”, dijo, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

El jurista detalló que el instrumento legal llega incluso a complementar la denominada declaración constitucional 01/2020.

En ese contexto, Quino recordó que la sentencia dejó “totalmente desvirtuada” la tesis sobre la constitucionalidad y la legalidad de la autoproclamación de Jeanine Áñez.

“Lo que hace el TCP con esta sentencia es definir que solamente la sucesión presidencial ipso facto recae del presidente hacia el vicepresidente, al presidente de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados. No así a las siguientes líneas sucesorias de las directivas camarales”, recalcó.

El abogado constitucionalista manifestó, sin embargo, que el TCP no abordó la vigencia de las normas del gobierno de facto para no generar inseguridad jurídica en el país.

“Se deberá evaluar qué normas todavía pueden sobre existir, aplicarlas o no y a partir de ahí dejarlas sin efecto en el caso que así correspondiese”, agregó.

Finalmente, Quino dijo que la intención de la derecha política de mantener la defensa de la legalidad de la autoproclamación de Áñez “queda por supuesto desvirtuada”.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo este domingo que se socializará los resultados de la revisión y el análisis de las actas de las elecciones generales de 2019 con la difusión de dos documentos para que la población corrobore que no hubo fraude.

“Vamos a difundir dos documentos, un documento que es más denso, pero (también) un documento que es mucho más de alcance popular, para que la gente entienda, masivo, que vamos a difundir los siguientes días, a objeto de que todo el país conozca qué hemos y cómo hemos demostrado que no ha existido fraude electoral”, manifestó, en una entrevista en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

La autoridad estatal dijo que la Procuraduría General del Estado habilitará también la información en sus plataformas digitales, por medio de un enlace especial, para “que todos puedan ver lo que ha pasado con su acta y vean que el resultado final no ha variado”.

Dijo que la información podrá ser vista a través de ese sistema por los bolivianos que residen en el exterior, para que vean “qué efectivamente hemos hecho y cuál era el análisis que hemos realizado”.

El Procurador General del Estado dijo que el resultado de la revisión y el análisis de los documentos fueron realizados con la transparencia que permite afirmar con solvencia que en las elecciones generales de 2019 no existió fraude.

La Procuraduría General del Estado concluyó el viernes la revisión de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019, cuando sectores de oposición denunciaron sin pruebas un presunto fraude que provocó convulsión social y el golpe de Estado. 

El procurador Wilfredo Chávez sentenció que tras el análisis queda demostrado que no hubo fraude.

Desde el lunes, el proceso consistió en la revisión y análisis de 34.555 actas de los nueve departamentos, es decir, el 100% de documentos que cuentan con los datos electorales oficiales del 2019.

Chávez cuestionó que quienes impulsaron la versión de fraude desde 2019 no hayan participado del proceso de revisión, pese a las constantes invitaciones públicas hechas desde El Alto.

“Este era el momento de venir con la verdad y sentar a sus delegados, que traigan las copias de sus actas y, de esa manera, todos veamos lo que ha pasado. No estamos haciendo un reconteo, no, estamos haciendo solamente un análisis de actas electorales. Eso hemos hecho”, indicó el procurador Chávez. 

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones presidenciales para el domingo 20 de octubre de 2019.

Tras el cierre de la votación de la jornada electoral, el TSE instaló las sesiones de sala plena permanente para iniciar el conteo de votos y poner en marcha el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP), a modo de conteo rápido.

Con el 83,76% de los votos emitidos, el resultado parcial mostraba que Evo Morales, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), lideraba la votación; pero, por ese momento, no alcanzaba la diferencia de votos de 10% necesaria para ser declarado ganador en primera vuelta ante un segundo lugar ocupado por el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

“Alrededor de las 8:00 p. m., el conteo rápido se suspendió hasta la mañana siguiente, cuando se anunciaron los nuevos resultados que indicaban un aumento en la diferencia de votos entre los dos candidatos, para una victoria de Evo Morales en la primera vuelta (sic)”, se lee en el informe presentado el 17 de agosto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

Sin contar con el resultado oficial al 100%, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia declaró el 21 de octubre de 2019, al día siguiente de las elecciones, su preocupación sobre los datos preliminares pese a que no eran vinculantes y anunció un informe previendo una segunda vuelta.

El informe del GIEI añade que el resultado electoral, en el contexto de los cambios en el TSE y la caída del sistema TREP de conteo de votos, alimentó los cuestionamientos sobre el proceso electoral y derivó en una serie de enfrentamientos entre las posturas en pugna: un sector que alegaba la materialización de un fraude electoral y otro que apoyaba la victoria de Evo Morales.

A esa situación, se sumó, en 2019, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, que basado en un informe preliminar, denunció en noviembre sin pruebas un presunto fraude que hasta la fecha no pudo demostrar.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno del entonces presidente Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado ante la escalada de violencia.