El diputado Héctor Arce (MAS) sostuvo este miércoles que la denuncia desarrollada por el Viceministerio de Comunicación sobre el daño económico generado por el régimen de facto a los medios estatales, ratifica que Jeanine Áñez y todo su equipo, ingresaron al Gobierno "a robar".

“Lo que el pueblo boliviano descubre y se entera a diario es que fue un desastre de gobierno, fue un gobierno que entró a robarle al país, es un gobierno que entró a asaltar al país como comunes y vulgares delincuentes”, indicó.

Dijo que el daño económico generado al Estado boliviano de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, debe ser investigado hasta sancionar a los responsables.

“Estos casi 9 millones de bolivianos de desfalco, de corrupción se tiene que investigar y los responsables tiene que ser identificados, la justicia, el Ministerio Público, a la brevedad posible, con la más absoluta imparcialidad, objetividad y transparencia debe investigar, debe dar con los responsables y sancionarlos como corresponde”, enfatizó.

El Viceministerio de Comunicación denunció que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el gobierno de facto de Jeanine Áñez generó este daño económico al Estado, luego de realizar una investigación documental por personal jurídico y administrativo.

“Hay cuatro tipos de delitos que se comenten, son administrativos, ejecutivos, civiles, penales y dependiendo de cuál, estos responsables tienen que responder por todo el daño económico que han hecho”, ratificó.

La secretaria Ejecutiva de la Central Provincial Mujeres Indígenas Originarias de Cercado Bartolina Sisa, Sonia Condori, felicitó este miércoles a la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, por denunciar el daño económico provocado a medios estatales en el régimen de Jeanine Áñez.

“Felicito a la Viceministra de Comunicación por poner la denuncia. Creo que los responsables (del daño económico) deben estar en la cárcel”, indicó, según un reporte de la red Patria Nueva.

La Viceministra de Comunicación denunció la mañana de este miércoles que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

“Las radios comunitarias, la televisión del pueblo, que era el canal 7, era la comunicación directa con el pueblo. En el golpe de Estado, qué han hecho: (los) apagaron”, dijo Sonia Condori. 

Alcón denunció que la suspensión forzosa de Bolivia TV duró tres días, 20 horas y 16 minutos tras el golpe de Estado de 2019, además del uso de instalaciones de la regional de Cochabamba para beneficio de grupos paraestatales.

Aseguró que en Bolivia TV se generó un daño económico de Bs 2.040.269 porque no se asumieron acciones presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional de los equipos, el costo de mantenimiento y reparación en los nueve departamentos. La situación generó la suspensión forzada de emisión con un daño de Bs. 2.593.280.

En el caso de la radio Patria Nueva, el daño económico es de Bs 962.500 por afectaciones, por ejemplo, en la señal en repetidoras y equipos con un perjuicio para 1.795.995 personas.

En el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios, el daño económico fue de Bs 2.282.319, porque no se tomaron medidas presupuestarias y técnicas para garantizar la continuidad operacional ante ataques, desmantelamiento y desinstalación forzada de las emisoras.

El secretario ejecutivo de la Federación de Transportistas “16 de Noviembre” de Santa Cruz, Bismark Daza, dijo este martes que ese sector no acatará el paro convocado para el 8 de noviembre en contra de la Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. 

El dirigente anunció, por otro lado, que solicitará por escrito en las próximas horas que el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía y la Policía Boliviana garanticen la libre transitabilidad por las vías públicas.

“El transporte federado de acá, de Santa Cruz, ha determinado no acatar el paro (...). Si tengo que trabajar, tengo que exigir la libre transitabilidad. En ese marco, vamos a pedir a las autoridades que se garantice la libre transitabilidad”, manifestó en la presentación de los resultados de un ampliado sectorial en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv.

El representante de los transportistas dijo que ese sector no paralizará sus actividades cotidianas, porque el supuesto respaldo de ese sector para la medida de presión fue anunciado en los últimos días por solo dos o tres dirigentes cuya representación fue desconocida por las bases de los choferes.

Además, recordó que los conductores del transporte público están conscientes de que día que no trabajan es una jornada que pierden recursos económicos para su subsistencia.

También mencionó que los choferes están recién recuperándose de las pérdidas y las deudas bancarias que quedaron como resultado del golpe de Estado de 2019.

“Estamos saliendo poco a poco de esto, imagínese si viene la cuarta ola (del COVID-19), parar más encima, no pues. Estamos fuera de lugar”, sostuvo.

El dirigente indicó que el sector del transporte público de Santa Cruz quiere sólo la reactivación de su economía y el respeto del derecho al trabajo, por lo que pidió que los representantes de los transportistas que quieren apoyar el paro reflexionen y tomen en cuenta los perjuicios económicos que provocará a su región.

La presidenta de la Comisión de la Verdad, Nila Heredia, pidió este lunes que el Estado proceda a la realización de los juicios de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos por motivos políticos e ideológicos que se registraron durante las dictaduras acontecidas del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982. 

“Yo convoco a todos y a nuestro Estado a que se proceda a los juicios de responsabilidades y se proceda a la investigación. Nosotros hemos avanzado, ahí está la documentación, pero ya el Estado tiene que iniciar los juicios como está propuesto dentro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

De acuerdo con Heredia, los procesos penales son necesarios porque prácticamente casi ninguno de los dictadores fue sometidos a la justicia.

Recordó que el único de ellos que fue procesado fue Luis García Meza, pero no se tomó en cuenta todos los casos que tuvieron su participación.

“Solamente el tema de derechos humanos ha sido tocado con justeza, el tema Harrington, pero no se ha tocado la cantidad de desaparecidos, de asesinados, de perseguidos, etc. No se lo ha juzgado a García Meza por aquello”, acotó.

Asimismo, detalló que en el caso de las dictaduras, se tiene todavía registros de personas “que hasta el momento no sabemos dónde están”.

A su juicio, la falta de la realización de los juicios de responsabilidades por aquellas rupturas constitucionales hizo que se tenga un golpe de Estado en 2019 y que la gente no logre entender la magnitud de lo sucedido.

“De tal manera, que en este momento no deberíamos estar discutiendo si era golpe o no golpe. Era un golpe y pues la gente tiene que entender que es así, no es el tema de forma, es el tema de fondo”, agregó.

La Comisión de la Verdad entregó su informe final en 11 tomos al presidente Luis Arce el 25 de marzo de 2021, con los resultados de una investigación sobre los asesinatos, las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias y los casos de violencia sexual por fines políticos e ideológicos, que se registraron en las dictaduras militares acaecidas del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982 en el país.