La diputada Estefanía Morales (MAS) desmintió este miércoles que dos fiscales asignados al caso Las Londras hayan sido destituidos, como lo afirmaron algunos legisladores de oposición, a quienes solicitó no politizar esa investigación.

“No se ha destituido, es totalmente falso, yo he pedido información, son seis fiscales asignados al caso, supuestamente ellos fueron destituidos el 21 de septiembre, ¿y cuándo sucedió el hecho?, fue hace una semana, estos son los dos fiscales que supuestamente para los parlamentarios de la oposición fueron destituidos recientemente y fueron alejados de este caso y esto es totalmente falso”, indicó.

Dijo que la información solicitada a la Fiscalía, sobre la supuesta destitución, confirmó que no tiene relación con el caso Las Londras, ya que las dos destituciones ocurrieron el 21 de septiembre y el suceso acaecido en Guarayos fue el 28 de octubre.

“Estoy demostrando que esto es totalmente falso, la oposición quiere generar conflicto, quiere ver la manera de tergiversar el tema; sin embargo, desde el MAS, como parlamentaria, vamos a solicitar toda la investigación pormenorizada que está realizando el Ministerio Público”, señaló.

Solicitó al Ministerio Público realizar una investigación completa del caso, debido a que existirían antecedentes de violencia y circulación de avionetas en predios de esa hacienda.

“Como parlamentaria vamos a solicitar (investigar), si existen avionetas que hayan aterrizado en la comunidad Las Londras, porque entendemos que hay avionetas aterrizadas, que no sabemos, incluso hay pistas clandestinas y queremos que todo se sepa, que la población sepa todo sobe el caso y cuál es la realidad”, indicó.

Adelantó que legisladores cruceños se harán presentes en los próximos días en la región para realizar una inspección y verificar en el lugar si esos predios corresponden a un área fiscal o tiene algún registro particular.

“Estas tierras son tierras fiscales que no están registradas a ninguna persona natural, ni a una persona colectiva, más bien son de administración del Estado y están en un proceso de saneamiento”, mencionó.

El presidente Luis Arce destacó este miércoles que Bolivia asume el rol que le ocupa para la solución de la crisis climática mundial, pese a que es uno de los países que emite una mínima cantidad de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

“Somos uno de los países que emiten una mínima cantidad de CO2 a la atmósfera, así que no tenemos mucha responsabilidad en la crisis climática, pero aun así estamos asumiendo el rol que nos ocupa”, señaló por medio de un mensaje en Twitter.

El jefe de Estado explicó que el país aporta en la materia de la mitigación del cambio climático con el desarrollo de un plan nacional con metas de sustitución de la matriz energética para disminuir la emisión de CO2.

A nivel internacional, mencionó que Bolivia preside el Grupo de Países en vías de Desarrollo de Ideas Afines, que planteó en la 26 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), realizada en Glasgow, Reino Unido, que se introduzcan mecanismos que no sean de mercado en los recursos que financien los países desarrollados para combatir la crisis climática.

“De otra manera, vamos a reproducir el sistema capitalista, porque precisamente, los mecanismos de mercado han sido los que no han funcionado. Proponemos mecanismos de acción directa para que, si el financiamiento llega oportunamente, los países podamos cumplir las metas”, enfatizó. 

Ante tales iniciativas, el mandatario explicó que se hizo conocer al presidente de la COP26, Alok Sharma, que los países desarrollados van a perder toda credibilidad en el mundo si no se llega a un resultado concreto y positivo como logro del evento.

El jefe de Estado pidió considerar, además, que los más afectados en el mundo por la crisis climática son los indígenas, por lo que recordó que Bolivia es la voz de los pueblos originarios y pone de relieve su sabiduría ancestral. 

“Reivindicamos el vivir bien y el respeto a los pueblos indígenas para proteger a nuestra Pachamama”, concluyó.

La diputada Bertha Acarapi (MAS) sostuvo este miércoles que una investigación debe dar con los responsables del daño económico generado a los medios estatales durante el régimen de facto de Jeanine Áñez. 

“Lo que necesitamos es que se investigue, porque es una denuncia que se ha presentado formalmente y se tiene que dar con los responsables, quienes son los que administraron estos recursos, qué pasó con estos recursos, qué hicieron con estos recursos”, manifestó.

Una investigación documental realizada por personal jurídico y administrativo del Viceministerio de Comunicación, evidenció que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 existieron procedimientos al margen de la norma en los medios estatales que generaron un daño económico al Estado de Bs 8.965.988.

“El informe seguramente señala en qué se ha gastado, cómo se gastó. El año pasado se había indicado que el gobierno de (Jeanine) Áñez, realmente era un gobierno corrupto y ahora estamos viendo, a través de estos informes que ha presentado la viceministra (de Comunicación). Se tiene que hacer la respectiva investigación”, reiteró.

Acarapi dijo que dentro de la investigación será importante el aporte que puedan brindar las unidades de Transparencia de las instituciones afectadas y el trabajo del Ministerio Público.

“Esto es sencillo, esta mañana presentó un informe la viceministra, lo que se tiene que hacer es la investigación a través del Ministerio Púbico, se tiene que saber qué se hizo con estos recursos, a dónde iban dirigidos, quiénes fueron contratados; porque se habla de consultorías que hicieron y cuáles fueron los resultados, lo que se espera es que se haga la investigación, nosotros como asambleístas pedimos que se haga la investigación”, ratificó.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, aclaró este miércoles que la ley que aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, no hace referencia ni toca ninguna norma referida a la distribución de recursos económicos.

“Aquí no se ha tocado ninguna ley que defina la repartición de recursos, la coparticipación tiene una ley muy antigua, donde dice cuánto se va al municipio, cuántos recursos se van al Gobierno nacional, cuánto al Gobierno municipal. Otra ley del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) dice cuánto se va a ir a cada Gobierno departamental, municipal o nacional y así los recursos están definidos”, precisó.

Lamentó que legisladores de la oposición pretendan desinformar a la población y hayan asegurado que, con la norma sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se afecte los ingresos de los gobiernos subnacionales.

“Las competencias en la Constitución están divididas: carreteras nacionales, departamentales y municipales, y la planificación ha sido fundamentalmente del Ministerio de Planificación en lo que se debe hacer en el país de manera general; entonces, totalmente falso; pero, bueno la oposición realiza su trabajo en base a mentiras”, indicó.

Recordó que el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 tiene como base el plan presentado al país en 2020 por el entonces candidato presidencial Luis Arce y que fue aprobado con más del 55% de la votación nacional.

“La oposición cree que se está tratando de imponer, pero lo que decidió el país es darle 55 por ciento al plan de gobierno y estos señores no quieren cumplir”, subrayó.     

Dijo que el plan define objetivos concretos como el crecimiento promedio de 5,1% durante los próximos años y la disminución de la pobreza extrema del 19% al 5%.

“Antes, no era obligatorio hacer planes de desarrollo; ahora, se tiene que hacer obligado por la Constitución, los diferentes gobiernos, es obligación constitucional; por lo tanto, este paraguas del plan constitucional deben tomarlo los gobiernos subnacionales para elaborar su plan de acuerdo a sus competencias”, complementó.