Los mismos actores que impulsaron el golpe de Estado 2019 intentan rearticularse con su amenaza de paro indefinido, sin embargo, esta vez están debilitados, divididos y sin el apoyo de militares ni policías, dijo el analista y exministro Reymi Ferreira.

“Es un paro que está condenado al fracaso”, anticipó el académico, quien indicó que la medida de presión es alentada por las logias cruceñas y sectores de ultraderecha que pretenden evitar que la justicia llegue a los actores políticos que impulsaron y sustentaron el régimen de Jeanine Áñez.

“Las logias cruceñas (Caballeros del Oriente y Toborochi) están llevando a esta aventura”, explicó Ferreira al asegurar que la medida de presión es un “salto al vacío” y una “medida desesperada” para evitar a la justicia y mantener un clima de impunidad sobre los actores del golpe de 2019.

Dijo que varios sectores de la misma derecha decidieron no apoyar el paro por considerar la medida como una “aventura” y que actores de la misma extrema derecha, como Carlos Valverde, hicieron conocer su rechazo público a la paralización de actividades.

En ese sentido, Ferreira, quien fue ministro de Defensa, destacó que el Gobierno haya procedido a “reajustar” los mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía para evitar que “desde adentro” se dé un clima de insubordinación y sedición, como ocurrió en 2019.

“El paro se va a caer solito”, anticipó el analista al insistir que son los mismos actores de 2019 los que intentan movilizarse, aunque ahora están divididos y debilitados.

Entre esos actores se encuentran el comité cívico de Santa Cruz, entonces dirigido por Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico de Potosí, que estaba presidido por Marco Pumari, como puntales para la desestabilización del gobierno en 2019 y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.

Otro sector que impulsa el paro es el de Francisco Figueroa.

Según la secretaria General de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Mabel Machicado, el dirigente Figueroa, quien feneció en su mandato en 2016, es aliado de Luis Fernando Camacho y defensor del régimen de Jeanine Áñez ante quien incluso abogó para que Iván Arias permanezca como Ministro de Obras Públicas.

Otro de los opositores a las propuestas normativas contra la legitimación de ganancias ilícitas es el abogado Willliams Bascopé.

Bascopé fue candidato a primer diputado plurinominal por La Paz y hasta acarició la postulación vicepresidencial con “Juntos” que era la agrupación política de Jeanine Áñez. Además, en sus intervenciones, el jurisconsulto sale con frecuencia en defensa de su socia política.

Otro grupo que apoya a los cívicos cruceños en su anuncio de paro indefinido, es el denominado Conade, que es la misma agrupación que el 10 de noviembre de 2019, mediante Waldo Albarracín, participó en la reunión extraparlamentaria efectuada en la Universidad Católica Boliviana (UCB) en la cual se definió que Áñez sea la presidenta de Bolivia y hasta se la llamó para ofrecerle el cargo.

En esa reunión definitoria que selló el golpe de Estado, estuvieron también emisarios de Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, la jerarquía católica y embajadores extranjeros.

Precisamente Mesa, exacerbó el regionalismo el jueves al apelar a la autonomía frente a los “planes centralistas” del MAS. “Las autonomías son una conquista fundamental de la democracia, por eso es necesario defenderla de los planes centralistas del MAS, que ahora quiere controlar los recursos y las decisiones de alcaldías, gobernaciones y universidades buscando imponer la Ley 342”, escribió en su cuenta de Twitter.

Mesa, en 2019, denunció la existencia de un “fraude monumental” en los comicios generales, pero no presentó una sola prueba en dos años. Sin embargo, su consigna sirvió para que los grupos paramilitares asaltaran las cortes electorales departamentales, instituciones públicas y atacaran a autoridades, lo que fue el prólogo del golpe de Estado de Jeanine Áñez.

Al respecto, el analista Ferreira aseguró que “son los mismos actores (de 2019), pero con menor fuerza”, los que impulsan el paro indefinido.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien en días pasados denunció que tras la toma violenta de los medios estatales se generó un daño económico de Bs 8,9 millones, afirmó este domingo que, desde tiempos de dictadura, nunca se había visto acallar e incluso amenazar de muerte a periodistas, como ocurrió durante el régimen de Jeanine Áñez.

“Nos ha sorprendido mucho dos aspectos, el primero, el que se haya evitado, el que se haya quitado un derecho humano de nuestra población boliviana que es el derecho a la información, que está en la Constitución Política del Estado. Por lo menos en este tiempo, nunca se había visto acallar a los medios de comunicación, tomar los medios de comunicación, amenazar de muerte, incluso, a los periodistas que trabajaban en los medios estatales en ese periodo”, aseveró en entrevista para el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

La viceministra de Comunicación denunció el miércoles pasado que, tras la toma violenta de medios estatales y suspensión arbitraria de transmisiones, el régimen de facto generó un daño económico al Estado de Bs 8.965.988 entre noviembre de 2019 y octubre de 2020.

Lamentó que en el régimen de Áñez se haya reducido la cobertura de los medios estatales, que durante muchos años fue trabajada para que las poblaciones alejadas tengan garantizado el derecho a la información.

“Bolivia Tv, por ejemplo, es uno de los medios de comunicación que tiene más de 276 repetidoras que permitían llegar casi al total de la población, pero cuando tomamos nosotros los medios del Estado, cuando llegamos al gobierno después de ser elegidos por el voto del pueblo boliviano, casi el 50 por ciento no estaban funcionando, y ¿qué significa?, no llegar a nuestras provincias, a nuestros municipios, a las zonas más alejadas”, denunció.

Respecto a red Patria Nueva, dijo que antes del golpe de Estado tenía un alcance del 80% en todo el territorio nacional; sin embargo, durante el régimen disminuyó a solo el 15%. “Imagínense cuántas personas no tenían derecho a informarse, y más aún en un periodo de pandemia”, acotó.

Sobre las Radios de los Pueblos Originarios (RPO), que llevan información hasta las regiones más alejadas del país, dijo que de 89 emisoras que estaban en funcionamiento, 71 quedaron sin señal durante el régimen de facto.

“Acá estamos hablando, y me gustaría señalar eso, de una violación a los derechos humanos, al derecho a informarse, nuestros pueblos, sobre todo municipios, provincias”, añadió Alcón.

También denunció que se identificó irregularidades en contratos y asignación de ítems durante ese periodo. Dijo que Gonzalo Rivera, quien fungió como gerente de Bolivia Tv durante el régimen de Áñez, viabilizó la contratación de personal que no cumplía con los requisitos para desempeñar los cargos asignados.

“Esta semana que viene vamos a formalizar la denuncia, como corresponde, ante el Ministerio Público, para que siga el proceso que corresponde”, sostuvo.

La autoridad señaló que continúa el proceso de reactivación de las repetidoras de los medios estatales; sin embargo, apuntó que si no hubiera habido ese daño a su alcance, la radio y teleeducación actualmente estaría llegando a muchos más niños, niñas y adolescentes que hoy se ven afectados.

El exvicepresidente Álvaro García Linera señaló que los gobiernos progresistas deben pluralizar los canales de televisión, radios y las publicaciones virtuales, públicas y alternativas, y sus mensajes, para fisurar los monopolios de los grandes medios de comunicación y ganar la batalla de la conducción del poder político. 

“Un buen mensaje tiene que venir desde el lado del Gobierno y los sectores populares (...). Es en la manera en cómo elaboramos mensaje, en cómo pluralizamos nuestros medios de comunicación y cómo contenemos y fisuramos los monopolios de los grandes medios de comunicación en su propiedad, donde se va a dirimir la batalla del sentido común de una sociedad que en el fondo es la conducción del poder político de una sociedad”, manifestó, en una entrevista en Radio 750 de Argentina.

En ese sentido, García Linera dijo que un elemento fundamental es que los gobiernos progresistas cuenten con un “buen equipo de comunicación” que debata los mensajes y los objetivos planteados para alcanzar voluntad nacional, popular y colectiva.

Explicó que la meta debe estar encaminada a saber comunicar planes concretos, objetivos y misiones claras “a cada rato”, y agendar de manera permanente lo que se quiere difundir con la fuerza comunicacional del mensaje con el apoyo de una infraestructura de medios alternativos fuertes.

“No es una tarea más ni un viceministerio secundario, el tema comunicacional es la tarea central del poder político, tan central como una buena gestión económica o una buena gestión política de cualquier gobierno”, enfatizó.

Recordó que si los gobiernos progresistas no logran que los medios de comunicación públicos y alternativos sean portadores de un mensaje poderoso, claro, transparente, directo y adecuado al espíritu del tiempo, estarán siempre en desventaja en la batalla por la conducción del poder político.

“Si a la desventaja, en términos propietarios frente al sector privado, a las desventajas en términos de recursos económicos frente al sector oligárquico, se le suma una mirada, digámoslo así, deformada o una lectura parcial o un mensaje poco claro de parte de los medios de comunicación alternativos y/o estatales, estamos triplemente perdidos”, agregó.

El exdignatario de Estado mencionó que el mensaje poderoso, claro y directo logrará filtrarse siempre entre los contenidos de los medios de comunicación dominantes y hegemónicos, para hacer mella, responder a las expectativas colectivas y coadyuvar en la construcción de un sentido común entre la población.

Los protagonistas del golpe de Estado de 2019 repiten acciones desestabilizadoras contra un Gobierno constitucional a dos años de los hechos. Así lo consideran autoridades nacionales que advierten un nuevo intento de atentar contra la democracia.

El 4 de noviembre de 2019, Santa Cruz fue escenario del denominado Cabildo de la Unidad, en el que participaron cívicos del país y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

En la concentración, el entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó, sin representación nacional alguna, una carta para impulsar la renuncia del presidente Evo Morales.

Dos días después, viajó a La Paz con la misiva; sin embargo, se quedó en el aeropuerto de El Alto debido a las protestas de sectores sociales que pedían respeto a la democracia. Ante la situación, tuvo que retornar a la capital cruceña.

El contexto estaba marcado por un paro indefinido que impulsaban cívicos de Potosí, Beni y Santa Cruz desde el 22 de octubre de 2019.

El 7 de noviembre, Camacho volvió a La Paz y se reunió con sectores que se oponían al gobierno de Morales. Al día siguiente, el 8 de noviembre, en un cabildo en la zona Sur de la urbe paceña, anunció la entrega de la carta en Palacio Quemado.

Al final del día 8 de noviembre, policías de Cochabamba, reunidos en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), iniciaron un motín, con diferentes demandas, que incluían la renuncia del presidente Morales.

El mismo día, efectivos policiales de Sucre, Tarija, Oruro, Santa Cruz, Trinidad, Beni y Potosí se sumaron a la medida, y el 9 de noviembre, también lo hicieron las unidades policiales de Pando y de La Paz.

Así, después de las elecciones presidenciales del 2019, con la excusa de supuestos indicios de fraude electoral, se generaron movilizaciones en diferentes sectores del país, una crisis política y la renuncia del entonces presidente Evo Morales al Gobierno, quien denunció golpe de Estado.

Sin embargo, el 18 de octubre de 2020, un año después, Luis Arce recibió el respaldo nacional del 55,11% en las urnas y puso fin al régimen de Jeanine Áñez, quien se instaló en el Gobierno en noviembre de 2019.

El domingo 8 de noviembre de 2020, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, fue posesionado Arce luego de ganar la Presidencia en octubre con el 55,11%.

Nuevo intento de desestabilización

A casi a un año de la posesión del presidente Luis Arce, protagonistas del golpe de Estado buscan repetir acciones de desestabilización como el paro indefinido, estrategia que aplicaron en 2019. La advertencia fue hecha por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo.

El Comité Pro Santa Cruz convoca, junto a otras organizaciones, a una suspensión de actividades en todo el país a la que denominó un “paro multisectorial indefinido” desde el 8 de noviembre, día en el que el mandatario cumple un año de gestión.

“El mismo libreto de instrucción de 2019 y, es más, los actores son los mismos (…) los mismos actores, la misma estrategia. Están promoviendo, están incitando a que haya hechos de violencia, hechos de terrorismo, de sedición, de conspiración y, finalmente, atentar”, cuestionó Angulo en entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Los sectores que ahora organizan el paro argumentan que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo afecta a sus intereses. La convocatoria fue apoyada por el Conade que anunció bloqueos.

“Consideramos que la población no va a permitir más, porque nos han dejado consecuencias negativas como el golpe del 2019, consecuencias en el tema económico”, dijo el diputado Angulo.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, indicó que la verdadera intención detrás del anuncio de movilizaciones es obstaculizar, desestabilizar y generar conflictos injustificados en contra del Gobierno.

“Esto tiene que ver con una lógica de organizar una afrenta contra nuestro Gobierno. Esa movilización confirma que están buscando una desestabilización, porque al haber efectuado un manejo gradual de las movilizaciones, primero, desarrollado por comités cívicos, luego con trabajadores gremiales y transportistas, y ahora en conjunto, están confirmando que estas movilizaciones injustificadas tienen por detrás a quienes pretenden cuestionar y desestabilizar nuestro Gobierno”, señaló.

Dijo que el Gobierno garantiza el contingente policial necesario en los nueve departamentos para asegurar la libre circulación y el acceso a todos los servicios públicos, porque el país demanda trabajo y no más paros ni bloqueos.

“No vamos a permitir una nueva intención de Golpe de Estado, mediante la difusión de falsedades que generan incertidumbre en nuestra población cuestionando normativas que no perjudican a nuestras hermanas y hermanos bolivianos; en función a esto, están vigentes nuestros canales de diálogo y comunicación para beneficio de la población”, dijo.