El presidente Luis Arce destacó este lunes que se logró el inicio de procesos penales contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez y varios exjefes y autoridades militares y policiales por las masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecuciones y violaciones de derechos humanos del golpe de Estado de 2019, como resultado de la aplicación del mandato de memoria, verdad y justicia de las víctimas. 

“Actualmente, los procesos en contra de los autores de esos crímenes se encuentran a cargo del Ministerio Público, como establece la Constitución Política del Estado”, manifestó, en la lectura del informe de su primer año de mandato. 

El mandatario rememoró que las acciones judiciales cuentan con el respaldo de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), que fue viabilizado junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obtener justicia dentro de un debido proceso y bajo los principios de objetividad y transparencia.

“Actualmente, se emplazan las actividades correspondientes para dar estricto cumplimiento a las recomendaciones del GIEI”, aseveró.

El 17 de agosto de 2021, el GIEI-Bolivia presentó su informe final sobre los hechos de violencia de 2019 y calificó como masacres lo ocurrido en Senkata y Sacaba. Además, determinó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas (FFAA).

“La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas (…). El GIEI no duda en calificar los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”, señaló la experta Patricia Tapattá, en la presentación del documento.

El informe urge que quienes resultaron víctimas de la violencia en 2019 obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas.

Tapattá dijo también que el informe indica que las protestas sociales fueron antecedidas por discursos políticos que pusieron en tensión a la democracia y las instituciones.

Además, explicó que el documento formula más de 30 recomendaciones, una de ellas es que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas.

Aplicación de justicia ágil y el debido proceso son otros de los encargos de los expertos del GIEI; además de priorizar los casos de violencia sexual y de género; y garantizar la imprescriptibilidad de los casos de violación de derechos humanos.

Asimismo, prevé que se realice una Cumbre Nacional Sobre el Racismo y la Discriminación, como un momento destacado que permita promover espacios de consenso y diálogo para trabajar un sentido de destino común en la diversidad.

También recomendaron desnaturalizar el orden patriarcal, porque ello implica no solo la jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas.

“Los líderes políticos y sociales deben abstenerse de utilizar la problemática del racismo, las opciones religiosas y de género para realizar discursos de odio, estigmatización o violencia. Más bien es a ellos a quienes se les reclama liderazgo y una contribución responsable en el diseño de políticas ambiciosas contra el racismo y a favor de la inclusión, en base a consensos trabajados y asumidos por todos los sectores”, aseveró.

El presidente Luis Arce cuestionó este lunes que a un año de la recuperación de la democracia existan pequeños grupos que opten por medidas de desestabilización en contra de la economía del pueblo boliviano.

“Hace un año, desde esta Asamblea Legislativa Plurinacional, enviamos un mensaje de certidumbre a nuestro país, al pueblo trabajador, a las millones de mujeres y hombres que día a día trabajan honestamente para ganarse el pan que llevan a sus hogares, quienes hoy siguen siendo el mejor ejemplo para aquellos pequeños grupos que continúan apostando a la desestabilización, a la confrontación y a la división entre bolivianas y bolivianos, aquellos que aún siguen sin mirar el presente con responsabilidad y compromiso, buscando imponer sus intereses mezquinos por sobre los intereses colectivos”, dijo en su informe de gestión en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El mandatario hizo referencia al tema esta jornada, día en el que el Comité Pro Santa Cruz convocó, junto a otras organizaciones, a una suspensión de actividades en todo el país a la que denominó un “paro multisectorial indefinido”.

“Nuestra patria, hoy más que nunca, requiere que estemos en sintonía con el sentir de las familias bolivianas, especialmente de aquellas más golpeadas por la crisis, cuya economía no puede parar ni por un día porque eso le significa no llevar el pan a sus casas”, aseveró el presidente Arce.

Los sectores que ahora convocaron al paro argumentan que la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo afecta a sus intereses.

Sin embargo, reportes del canal estatal Bolivia TV dan a conocer que las actividades en diferentes regiones del país son normales. Vecinos y representantes de organizaciones sociales cuestionaron que el movimiento cívico convoque a paros sin tomar en cuenta las necesidades del pueblo boliviano.

El analista político, Eduardo Paz, resaltó este lunes que a un año de gestión del presidente Luis Arce Catacora se recuperó la democracia, la economía, la soberanía y la dignidad del pueblo boliviano, después de la gestión catastrófica del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

“Este 8 de noviembre de 2021 es una fecha emblemática porque estamos celebrando un año de la recuperación de la democracia, un año en el que hemos podido recuperar todo aquello que habíamos perdido por la gestión catastrófica del Golpe de Estado y el gobierno de facto de Jeanine Áñez”, dijo Paz a Bolivia Tv.

Destacó que en estos 365 días el tema central fue la recuperación de la democracia boliviana, ya que Luis Arce Catacora, al haber ganado las elecciones con el 55% de los votos, dio una señal clara de la legitimidad, legalidad y de la fuerza que tiene su Gobierno, mucho más cuando esta victoria fue el resultado de una lucha permanente del pueblo boliviano frente al golpe y las masacres gestadas por el Gobierno de facto.

“En este último año, se ha podido reordenar el país y avanzar en el campo económico, sanitario y la recuperación de la democracia social y participativa. En este año, también se ha recuperado la dignidad nacional, el respeto al pueblo boliviano en la comunidad internacional y la soberanía nacional”, ponderó el analista.

Subrayó que se está volviendo a redistribuir la riqueza entre todos los bolivianos y que hay una participación activa para la recuperación de los recursos naturales, que es acompañada por la producción, la industrialización, lo que pone a Bolivia en un lugar de expectativa en el ámbito internacional.

El presidente Luis Arce cumple este lunes un año al frente del Órgano Ejecutivo de Bolivia, una gestión que comenzó con los objetivos de reactivar una economía golpeada por la pandemia, avanzar en la campaña de vacunación y, principalmente, encauzar política y constitucionalmente a un país que de noviembre de 2019 al mismo mes de 2020 fue la última nación latinoamericana en tener un Gobierno de facto.

"Gobernaremos con responsabilidad e inclusión afrontando los cambios para que Bolivia vuelva a la senda de la estabilidad en el menor tiempo. Venceremos a la pandemia y triunfaremos sobre la crisis porque somos un pueblo luchador", dijo Arce al jurar ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en un discurso conciliador en el que no mencionó a su padrino político Evo Morales, el jefe del partido Movimiento al Socialismo (MAS) que había sido derrocado en un golpe de Estado hacía poco más de un año.

Sin embargo, el presidente boliviano, de 58 años, criticó los 12 meses previos en los que la líder opositora -hoy encarcelada- Jeanine Áñez gobernó de facto el país, un periodo que sumió a la nación en una crisis institucional que tuvo picos de violencia como la masacre de 38 personas que protestaban en las ciudades de Senkata y Sacaba, tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.

"Vamos a recuperar los niveles de crecimiento que el Gobierno de facto hizo añicos y lo haremos reduciendo la pobreza y las desigualdades económicas y sociales", remarcó Arce al dar comienzo a su Presidencia, luego de obtener el 55,1% de los votos.

Las medidas impulsadas por el Gobierno desde el 8 de noviembre de 2020 se enmarcaron "en un modelo estatista que apuesta por las empresas estatales como la de telecomunicaciones, la aerolínea nacional y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)", explicó en diálogo con Télam el analista político boliviano Fernando Molina.

"El modelo económico que impulsa Arce es el mismo de Morales porque él fue quien lo comandó y planificó", agregó Molina sobre una época que considera "uno de los momentos más brillantes de la economía boliviana en toda su historia" del que Arce, entre 2006 y 2019, fue ministro de Economía en dos oportunidades.

Al asumir como presidente, luego de un año de Gobierno de facto de Áñez que convivió con la peor etapa de la pandemia de la COVID-19, el desempleo llegaba a 11,6%, el más alto de los últimos 50 años.

A principios de octubre, con 11 meses de gestión, el Gobierno del MAS anunció haber bajado esta tasa al 6,5%.

Además de la reducción del desempleo, desde el oficialismo destacan el avance en la campaña de vacunación anticovid: según el Ministerio de Salud boliviano, un 63,8% de la población ya está vacunada con al menos una dosis.

Otra de las primeras medidas del Gobierno fue la inyección de dinero a través del "Bono contra el hambre", con el objetivo de paliar las consecuencias de la primera y segunda ola de coronavirus en 2020 y parte de 2021.

"A cada persona mayor de 18 años se les ha dado 1.000 bolivianos (casi 145 dólares) para que pueda reactivar su economía familiar, esa ha sido una de las primeras políticas que ha incursionado Arce", destacó en diálogo con Télam el extitular de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Beymar Acuña.

El dirigente campesino considera que durante el periodo de facto de Áñez "se han saqueado y privatizado varias empresas estratégicas como Entel, Lotum, Eléctrica Central Bulo Bulo y Boliviana de Aviación", pero que el Gobierno actual "mejorará la economía a través de reactivar estas empresas estratégicas" con el objetivo de "contar a fin de año con un 4% de crecimiento económico en el PBI".

Pese a que el Gobierno anunció hace dos meses "un superávit comercial de 832 millones de dólares, el más alto en siete años", Bolivia se encuentra en una crisis económica agravada por, entre otras cosas, un déficit fiscal de más de 8% del PBI arrastrado durante los últimos seis años.

A esto se sumó la decisión de Arce de devolver un crédito del Fondo Monetario Internacional por 327 millones de dólares, que había sido pedido y firmado por Áñez.

"Lo ha hecho como cumplimiento de una promesa electoral ya que el MAS lo considera como un crédito contrario a la soberanía nacional. Esto ha debilitado aún más la situación exterior de la economía, que sufre por falta de reservas de divisas", explicó Molina.

Pese a que el expresidente Morales también se jactó de haber conducido a Bolivia por una senda de desarrollo sin la ayuda del FMI, durante su Presidencia "había cierta alianza entre la burguesía boliviana y Morales, que se ha roto con lo sucedido en 2019", resaltó el analista político y mencionó al impuesto a las grandes fortunas como otra medida de Arce que trajo "dolores de cabeza a los empresarios bolivianos".

Sin embargo, también existe una serie de demandas insatisfechas dentro de las organizaciones sociales pertenecientes al partido oficialista MAS, quienes piden mayor injerencia del Estado para compensar cierta falta de oportunidades que ofrece la economía.

"Varios planes han quedado paralizados. El año que viene se tienen que abrir estos programas de apoyo a los sectores sociales, como es el muy preocupante tema del agua", dijo Acuña sobre un insumo que a fin de año alcanzaría a 63,4% de la población con saneamiento básico, según proyectó el Gobierno en abril.

Junto a los pedidos pendientes y a los quiebres dentro del MAS que provocaron las candidaturas del último año, también aparecieron críticas a las nuevas filas del partido oficialista, que crean tanto tensiones internas como denuncias de la oposición.

"Se ha vuelto más oportunista la militancia en el MAS, de la vieja guardia fogueada por la lucha previa al neoliberalismo han aparecido nuevas figuras que no tienen muchos méritos políticos pero están interesados en operar para sacar tajadas", criticó Molina.