Hace dos años, la OEA se convirtió en el brazo operativo del golpe de Estado
Hace dos años, la OEA se convirtió en el brazo operativo del golpe de Estado

Un 10 de noviembre, hace dos años, la Organización de Estados Americanos (OEA) difundió, de manera unilateral y sin previo acuerdo con el Estado, un informe preliminar sobre las elecciones presidenciales pese a que el conteo de votos continuaba en Bolivia. Así asumió una acción política contra el Gobierno de Evo Morales.

El 20 de octubre de 2019, los bolivianos acudieron a las urnas en el marco de las elecciones presidenciales. Al día siguiente, sectores críticos al Gobierno de Morales impulsaron protestas mientras el conteo de votos no había culminado.

Los datos electorales oficiales fueron desconocidos con movilizaciones desde sectores afines a la oposición impulsados, en una primera etapa, por afines a la alianza opositora Comunidad Ciudadana y luego por los comités cívicos, sobre todo de Santa Cruz y Potosí.

Los conflictos se extendieron hasta noviembre. Mediante un comunicado, el denominado Grupo de Auditores del Proceso Electoral en Bolivia, designado por la organización internacional, dio a conocer el 10 de ese mes, el documento que establecía: “Atento al cúmulo de irregularidades observadas, no es posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados”.

El secretario General de la OEA, Luis Almagro, basado en ese informe denunció, sin pruebas, un presunto fraude que hasta la fecha no pudo demostrar.

Provocó, con esas afirmaciones, protestas y hechos delincuenciales de sectores críticos al Gobierno de Morales, quien luego renunció y denunció un golpe de Estado ante la escalada de violencia.

Hasta la fecha, seis publicaciones internacionales descartaron la existencia de fraude durante los comicios presidenciales de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Las investigaciones corresponden al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la Universidad de Salamanca de España, la Fundación Carolina, Center for Economic and Policy Research (CEPR), una investigación realizada por expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts y The New York Times, que tuvo acceso a un trabajo de expertos independientes.

La Procuraduría General del Estado concluyó el 15 de octubre de 2021 la revisión de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019, cuando sectores de oposición denunciaron sin pruebas un presunto fraude que provocó convulsión social y el golpe de Estado.

El procurador Wilfredo Chávez sentenció que tras el análisis queda demostrado que no hubo fraude.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, dijo.


 
Senador Loza pide investigar muerte de joven campesino en Potosí hasta dar con los responsables intelectuales y materiales
Senador Loza pide investigar muerte de joven campesino en Potosí hasta dar con los responsables intelectuales y materiales

El jefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Leonardo Loza, pidió este miércoles al Ministerio Público investigar las circunstancias de la muerte de un joven campesino en la ciudad de Potosí hasta dar con los responsables intelectuales y materiales de ese hecho.

“Exhortar al Ministerio Público, a las instancias competentes, que inmediatamente deben dar con los autores de este hecho sangriento, de este nuevo asesinato a título de paro cívico, a título de movilizaciones, lamentablemente una vez más terminan con una vida campesina, con una vida hermana, con una vida boliviana, que rechazamos profundamente”, indicó.

Instó a los políticos de oposición y a grupos radicales que incitan al racismo y a la violencia a que, si quieren tomar el Gobierno, lo hagan en las urnas y no en las calles con violencia y muerte.

“Estos grupos violentos deberían reflexionar, si quieren el poder, si quieren la presidencia, espérense, todavía falta casi 4 años más, nos veremos en las urnas democráticamente, no con engaños al pueblo, ni con muertes”, manifestó.

Lamentó que “algunos grupos oligarcas y algunos grupos violentos” intenten nuevamente estructurar un golpe de Estado “a punta de violencia, a punta de sangre y de muerte”.

“Yo nunca en mi vida he visto un paro a palos, yo nunca he visto un paro a golpes, yo nunca he visto un paro con sangre, si intentan hacer paro debería ser con el consentimiento del pueblo boliviano. Casi el 90 o más por ciento del pueblo boliviano rechaza este paro violento, rechaza este tipo de paros asesinos”, ratificó.


Diputada de Creemos tilda de “dictador” a Fernando Camacho y señala que maneja como “títeres” a sus diputados y senadores
Diputada de Creemos tilda de “dictador” a Fernando Camacho y señala que maneja como “títeres” a sus diputados y senadores

“Luis Fernando Camacho siempre está poniendo a dedo a la gente que es títere de él, como nosotros no somos títeres de Fernando Camacho, por eso nos están difamando, pero nosotros lo vamos a demostrar con trabajo”, señaló este miércoles la diputada cruceña de Creemos, Sandra Paz, quien además tildó de dictador al jefe de esta agrupación.

“(Fernando) Camacho es un dictador y quiere seguir confrontando y ocupa a Santa Cruz como su escudo, nos ocupa a los cruceños como escudo para bienes personales de él, es un mentiroso”, indicó.

Lamentó que sus colegas de la bancada de Creemos se hayan dedicado a difamar a los legisladores que decidieron asumir una posición disidente, dedicarse a trabajar por el país y no aceptar las imposiciones del jefe de esta agrupación.

“El problema de las difamaciones que estamos sufriendo por parte de nuestros colegas no viene de ahora, viene desde hace un año, porque nosotros nos apartamos de ellos, porque nosotros no somos títeres de nadie, porque Fernando Camacho quiere mandar a Creemos a dedo, él quiere imponer las cosas, nosotros no lo hemos permitido, por eso es lo que está pasando”, indicó.

Acusó a sus colegas de armar, de forma constante, shows mediáticos y no a trabajar por el país. Adelantó que esa actitud la sostendrán por toda la legislatura, ya que no les interesa el bienestar del país.

“Qué saca uno con estar difamando, y por eso ellos lo que pelean es por los cargos, porque cuando viene a aprobar las leyes, ellos no están aquí. Si ustedes piden una lista, todo el año se la han pasado sesionando por Zoom, así ¿de que vienen hablar ahora ellos?, de que defienden y todo eso. Ellos son gente que se la va a pasar los cinco años solamente hablando en la prensa y difamando”, subrayó.

Reveló que Camacho contrató al ciudadano de origen peruano Walter Chávez como su principal asesor, por lo que dijo, que él es el menos indicado para acusar de traición.

“Qué habla de traición, si el más traidor es él, porque él se llevó al asesor que era de Evo Morales, ese fue su asesor principal, yo me lo he topado en la casa de las Palmas a Chávez, cuantas veces que yo fui, ahí me lo topé, no me la vienen a contar, porque con mis propios ojos lo he visto”, manifestó.


Alcalde de San Miguel de Velasco acusa a Camacho de incitar a la violencia para desestabilizar el país
Alcalde de San Miguel de Velasco acusa a Camacho de incitar a la violencia para desestabilizar el país

El alcalde de San Miguel de Velasco, Pedro Damián Dorado, acusó al gobernador  de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de incitar a la violencia e intolerancia para generar desestabilización en el país.

“Nosotros siempre hemos dicho que Luis Fernando Camacho, el criminal que condujo al pueblo boliviano el 2019 al luto, al dolor y a la muerte, hoy Gobernador del departamento de Santa Cruz, nuevamente quiere derramar sangre boliviana”, cuestionó en entrevista con red Patria Nueva.

La advertencia fue dada a conocer luego de la convocatoria al paro indefinido por el movimiento cívico, medida apoyada por Camacho.

Damián Dorado repudió los hechos violentos provocados por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) que el martes dejaron un campesino fallecido.

“Hemos perdido un hermano del pueblo potosino y eso es lo que quiere la derecha. La derecha se alimenta de la muerte, del dolor, de la sangre de los hermanos indígena originario campesinos, de las clases populares, quieren tomar nuevamente el poder por asalto”, denunció.

El paro indefinido fue convocado por cívicos para rechazar la Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”.


10 de noviembre de 2019: Camacho, Mesa, policías, militares y jerarquía católica preparaban el terreno para el golpe
10 de noviembre de 2019: Camacho, Mesa, policías, militares y jerarquía católica preparaban el terreno para el golpe

En noviembre de 2019, es decir hace dos años atrás, estaban en marcha los preparativos del golpe de Estado. Los cívicos cruceños, dirigidos por Luis Fernando Camacho, impulsaban un paro y toma violenta de instituciones públicas mientras la Policía inició su motín en Cochabamba, el Alto Mando Militar se insubordinó y la jerarquía católica, en una reunión secreta con actores políticos y embajadores, sin la presencia del MAS, definió que Jeanine Áñez tome el poder. 

Esa trama conspirativa se plasmó en una reunión secreta en la Universidad Católica Boliviana (UCB), el 10 de noviembre, en la que emisarios de Luis Fernando Camacho, de Carlos Mesa, de la jerarquía católica, del Conade de Waldo Albarracín y embajadores extranjeros, sin la presencia del MAS o del Gobierno, definieron que Jeanine Áñez asuma la presidencia de Bolivia. Es más, ese mismo día la llamaron por teléfono para ofrecerle el cargo.

Por si fuera poco, en esos días, actores internacionales cumplieron un guion bien diseñado desde el exterior. Luis Almagro, de la OEA, inflamó los aprestos golpistas con un informe que no pudo sustentar técnicamente mientras la Argentina de Macri y el Ecuador de Lenin Moreno, se alistaban para enviar equipo bélico para respaldar la sangrienta dictadura de Áñez.

Los hechos sucedieron de la siguiente manera.

El 8 de noviembre de 2019, entonando el himno nacional y flameando la tricolor, alrededor de 20 policías de clases, sargentos y suboficiales determinaron amotinarse en el cuartel de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de la ciudad de Cochabamba. Ellos pedían la renuncia del comandante Departamental de la Policía, Raúl Grandi. (Fuente: https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/11/8/un-grupo-de-policias-se-amotina-en-cochabamba-236785.html)

El Gobierno cambió al Comandante, pero el amotinamiento no solo continuó sino que se extendió a otras guarniciones en el país mientras las esposas de los uniformados salieron en manifestación. Los policías desobedecieron las órdenes, luego salieron a marchar armados y dejaron desguarnecidas las instituciones públicas y la Casa Grande del Pueblo.

Varios uniformados se convirtieron en guardias de seguridad de Luis Fernando Camacho, quien llegó a la ciudad de La Paz con el pretexto de entregar una carta al Gobierno y para hacer cumplir su ultimátum de 48 horas para que renuncie el entonces presidente Evo Morales.

Tiempo después, el mismo Camacho reveló que ese ultimátum fue expresado luego de que su padre, el empresario José Luis Camacho, negoció y alcanzó acuerdos con militares y policías para que desobedezcan al Gobierno y apoyen los preparativos para el golpe de Estado.

“Fue mi padre que cerró con los militares para que no salgan”, reveló Camacho a un grupo de personas. Reveló que su asesor personal, Luis Fernando López, fue el nexo con los militares para que traicionaran a Evo Morales.

“Con la Policía de la misma manera, fue mi padre. Cuando pudimos consolidar que ambos no iban a salir, fue que dimos las 48 horas (de plazo)”, agregó Camacho en el video que circula en redes sociales.

Camacho fue uno de los impulsores del paro cívico y bloqueos contra el Gobierno de Morales mientras sus seguidores, como la Resistencia Juvenil Cochala (en Cochabamba), la Unión Juvenil Cruceñista (en Santa Cruz) o los cascos blancos (en La Paz) cometieron actos de violencia racista y agresiones, como las vejaciones y torturas a la entonces alcaldesa de Vinto, Patricia Arce.

En ese contexto, el entonces presidente Morales denunció que estaba en marcha un golpe de Estado. “Hermanas y hermanos, nuestra democracia está en riesgo por el golpe de Estado que han puesto en marcha grupos violentos que atentan contra el orden constitucional. Denunciamos ante la comunidad internacional este atentado contra el Estado de Derecho”, fue el mensaje que lanzó a través de su cuenta de Twitter.

El 9 de noviembre, Morales hizo un llamado a la pacificación del país y planteó la convocatoria a nuevas elecciones con nuevos miembros de Tribunal Electoral. Sostuvo que su deber principal es proteger la vida y la paz, además de pedir a todos los dirigentes políticos "bajar la tensión y pacificar Bolivia".

Insubordinación militar

El 10 de noviembre de 2019, Morales, que no había presentado aún su renuncia, y otras autoridades, intentan abordar el avión presidencial FAB-001 para trasladarse a Chimoré, Cochabamba, pero los pilotos de la aeronave les dijeron que no tenían la orden de despegar por parte de Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante de la FAB. 

“La tripulación del avión FAB-001 ya no recibía órdenes del Capitán General ni del Ministro de Defensa”, contó Javier Zavaleta, exministro de Defensa.

En esa insubordinación militar, además de Terceros estuvo involucrado el coronel Guzmán, comandante del Grupo Aéreo Presidencial; coronel Saavedra, comandante de la brigada Aérea; Jefe del Departamento Tercero, general de Brigada, Enrique Pacheco, además del general Ciro Álvarez, jefe del Estado Mayor, informó el periódico Ahora el Pueblo. (Fuente: https://issuu.com/periodicobolivia/docs/especial_fab).

Mientras Morales y su comitiva forcejeaban para usar el avión presidencial, aviones de guerra K-8 sobrevolaban el espacio aéreo de Oruro y La Paz con el fin de amedrentar a sectores sociales que salían a defender a Evo Morales desde Challapata.

El exvicepresidente Álvaro García Linera dijo al respecto a la prensa que “la decisión del comandante Terceros de sacar aviones de guerra K-8 para ir a intimidar y a disparar a Challapata a bloqueadores. Ni el presidente Evo ni el ministro de Defensa autorizaron el uso de aviones de guerra. Terceros los saca”.

Tras casi obligar para que autorice la partida del avión presidencial y sacar la aeronave por la fuerza, los pilotos aceptan llevar a Morales hasta Chimoré. Sin embargo, el Mandatario ordena que el aterrizaje se realice en el aeropuerto civil, pero los uniformados no le hacen caso, “no lo dejaban”, por lo que aterrizan en la Base Militar de Chimoré, relató Zavaleta, quien dijo que casi se trató de un secuestro.

Por si fuera poco, el 10 de noviembre de 2019, emiten un comunicado en el cual autorizan la movilización de tropas pese a que su Capitán General, el Presidente del Estado Plurinacional, les había instruido permanecer en sus cuarteles.

Ese mismo día, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, junto al Alto Mando Militar, leyó en conferencia de prensa a las 15.48, la solicitud/ultimátum para que renuncie Evo Morales. 

Con ese posicionamiento, los militares incurrieron en la deliberación política, expresamente prohibida por la Constitución Política del Estado, dijo Zavaleta.

Al respecto, García Linera indicó que cuatro comandantes de las FFAA deliberaron y redactaron al menos cuatro borradores para pedir la renuncia de Morales.

Ese mismo día, el comandante de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, pidió la renuncia de Morales mientras el coronel de la Policía, Ariel Tórrez, llevó a un contingente de uniformados al aeropuerto de Yacuiba, con el fin de aprehender al entonces presidente Evo Morales. “La Policía está con su pueblo”, dijo el uniformado. (Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=6UkLvA75NJc )

La madrugada del 10 de noviembre de 2019, Luis Almagro público su informe preliminar pese a que antes había solicitado un plazo de varios días y sin cumplir el conducto diplomático regular. Esa acción impulsó el golpe de Estado.

La reunión secreta en la UCB

También el mismo 10 de noviembre, la jerarquía católica convoca a actores políticos, diplomáticos a una reunión en la UCB, pero excluye al gobierno y al MAS.

“(…) entre los facilitadores al diálogo estuvieron presentes por la  Conferencia  Episcopal  Boliviana:  el  Secretario General, Mons. Aurelio Pesoa; el Obispo de El Alto, Mons. Eugenio Scarpellini; el Obispo Auxiliar de El Alto, Mons. Giovani Arana, el Secretario General Adjunto, P. José Fuentes Cano, y Juan Carlos Nuñez; por el cuerpo diplomático: el embajador de Brasil, Octavio Henrique Cortes; el embajador de la Unión Europea, León de la Torre; el embajador de España, Emilio Pérez de Ágreda; y el exembajador de España, Carmelo Angulo; por los comités cívicos estuvo presente Jerjes Justiniano (enviado de Camacho), por el CONADE, Waldo Albarracín y, por parte de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz (asesor de Carlos Mesa)”, indica el “Informe–Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia”, ocurridos entre octubre 2019 y enero 2020 que fue presentado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

En esa reunión secreta, se le ofreció la presidencia a Jeanine Áñez.

El relato de la CEB es el siguiente: “Áñez era la segunda vicepresidenta del Senado y no había presentado su renuncia. En mérito al Reglamento Interno del Senado y la configuración de su directiva, le correspondía reemplazar a la presidente saliente y al primer vicepresidente que también había renunciado. En conclusión, Áñez se hallaba jurídicamente habilitada para ocupar inmediatamente el cargo de presidente del Senado. Desde la sala de reunión, ante las dudas de todos y, a petición de los presentes, Ricardo Paz tomó contacto con la senadora Jeanine Áñez, vía telefónica y con micrófono abierto le preguntó acerca de su disponibilidad para asumir la presidencia del Estado. Ella respondió: ‘si es para servir al país, aquí estoy’", añade el informe.


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