La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este miércoles que se registraron cerca de 16 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa durante el paro indefinido de los cívicos y pidió al Ministerio Público que realice la investigación correspondiente.

“Por lo menos tenemos registrados, al menos, 16 agresiones en distintos departamentos, en Santa Cruz, en Tarija, en Oruro, en Potosí (...). Esto tiene que ser investigado, sin duda alguna por el Ministerio Público en las instancias que corresponden”, señaló en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv.

La autoridad estatal pidió que los agredidos presenten las denuncias correspondientes para garantizar su labor.

“Lo más importante es que se garantice el trabajo de los periodistas y lo hemos dicho siempre”, recalcó.

Asimismo, condenó las agresiones contra los trabajadores de la prensa, porque sólo realizan una cobertura periodística para recopilar los hechos y registrar lo sucedido durante el paro de los cívicos.

Además, lamentó que los periodistas de los medios de comunicación estatales hayan recibido varias amenazas, que incluso se extendieron hacia sus familiares con diversos tipos de mensajes.

“Y precisamente, eso se ha visto en Santa Cruz. Esto ha generado incluso la renuncia, por el miedo, por el temor, por las amenazas, de algunos de nuestros trabajadores de la prensa allá en Santa Cruz”, sostuvo.

La Viceministra de Comunicación dijo que no se puede permitir ese tipo de acciones de violencia, porque están basadas en mentiras lanzadas por la falta de argumentos que usa la oposición para convocar a un paro cuando no existen motivos.

El exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas (Sedem), Sergio Luna Camacho, acusado por corrupción en el régimen de Jeanine Áñez, actualmente trabaja en el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y junto a otros funcionarios públicos figura en las listas de “responsables” para protagonizar los bloqueos.

Según un documento en el que se detallan los nombres de los designados para bloquear distintos puntos de la ciudad, Luna aparece como “responsable” para el “punto de vigilia” D-10.

En abril, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, denunció que Luna Camacho y otros compraron fertilizantes; sin embargo, luego, se evidenció que los productos no estaban en los almacenes y tampoco había registro del destino.

La Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF) fue creada mediante Decreto Supremo 1310 el 2 de agosto de 2012. Su función principal es producir abonos y fertilizantes para incrementar la productividad agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria con soberanía en el país.

“El exgerente técnico de la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (EEPAF), Sergio Luna Camacho, y otros, durante el Gobierno golpista realizaron la compra de fertilizantes existiendo un faltante en almacenes por un monto de 8.898.518 bolivianos sin registro del destino de dichos artículos y se desconoce dónde fueron utilizados o a quiénes fueron otorgados”, aseguró el ministro en aquella oportunidad.

Según la declaración jurada a la que accedió la Agencia Boliviana de Información (ABI), Luna es funcionario de la Alcaldía de Santa Cruz. Cuenta con un patrimonio de Bs 140.000 y Bs 29.404 en rentas.

Los registros del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra dan a conocer que asumió en mayo el cargo de Secretario de Obras Públicas.

El secretario general del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni de Oruro, Sabino Achacollo, dijo este miércoles que ese sector se declaró en estado de emergencia y en pie de lucha para la defensa del proceso de cambio, ante los afanes desestabilizadores de la derecha política.

“Nosotros nos declaramos en estado de emergencia, en pie de lucha, para defender nuestro proceso y el voto del pueblo boliviano”, manifestó en una conferencia de prensa luego de una reunión con el presidente Luis Arce, en la Casa Grande del Pueblo.

El dirigente manifestó que el sector resolvió, además, ratificar su “profundo apoyo” para el gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, así como su compromiso de no permitir que los grupos de la derecha política “racista y separatista”, responsable del golpe de Estado de 2019, vuelva al poder.

Asimismo, dijo que los trabajadores mineros de Huanuni están dispuestos también a defender la democracia con su sangre.

“Si se trata de salir a las calles, vamos a salir; si se trata de salir a los caminos a bloquear, vamos a salir, siempre respaldando a nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, a nuestro hermano, jilata, David Choquehuanca”, recalcó.

A su turno, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo que el ente matriz de los trabajadores y el sector minero están conscientes de que la democracia debe ser defendida “porque costó sangre recuperarla” y no se puede permitir que vuelvan a repetirse los lamentables hechos de noviembre de 2019.

“Hoy, históricamente, los trabajadores, el pueblo boliviano unido, jamás vamos a permitir el retorno de la derecha (...). No vamos a permitir una vez más lo que pasó en 2019”, sentenció.

Por su parte, el presidente Arce agradeció el apoyo del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni, de Oruro, porque hay grupos políticos de derecha interesados en parar el país, como sucedió hace dos años con la ruptura constitucional, por medio del desorden y la generación de descontento con mentiras y noticias falsas que circulan por las redes sociales.

“Muy agradecidos a nuestros hermanos mineros y nuestro compromiso de que lo único que queremos es trabajar, es volver a esa economía que dejamos antes del golpe de Estado de 2019, una economía donde los bolivianos progresaban, donde había prosperidad en las familias bolivianas”, aseveró.

El mandatario pidió, además, que el pueblo no se deje sorprender por las mentiras y las noticias falsas que difunde la derecha política.

El diputado uninominal de Tarija, Edwin Rosas, de Comunidad Ciudadana (CC), denunció este miércoles que recibe amenazas de muerte, tras haber hecho pública su disidencia con la jefatura de su bancada en la Cámara de Diputados.

“No puede ser que en Comunidad Ciudadana no se acepten los disensos, es falta de democracia; estamos siendo amedrentados, sí, porque incluso hemos recibido amenazas de muerte, a nosotros y a nuestras familias en la región”, denunció.

Dijo que al interior de la agrupación política de Carlos Mesa se actúa de forma dictatorial, no se permiten los disensos, porque eso significa la inmediata expulsión.

“Está claro que la forma dictatorial con la que se maneja Comunidad Ciudadana; el hecho de que un parlamentario tenga disensos, o no le parezca la forma en la que están llevando adelante el partido, inmediatamente firman la resolución para expulsarlo, que alguien te mire feo e inmediatamente lo tengas que expulsar”, indicó.

Rosas, elegido por la Circunscripción 40 del departamento de Tarija, junto a su colega Keyla Ortiz, electa por la Circunscripción 60 de Beni, fueron expulsados de la alianza de Mesa, por un supuesto transfugio político, tras mostrar su disidencia con las decisiones de su bancada.

“No se trata de intereses personales, se trata de exigir democracia, de exigir que regiones como Tarija y Beni, que nunca han sido consideradas, empiecen a ser tomadas en cuenta, porque en Tarija está claro que tenemos voz propia, razonamiento propio, tenemos nuestras necesidades propias y exigimos que, tanto en el Gobierno y hasta en las instancias propias de un partido, deben ser tomadas en cuenta”, señaló.

Lamentó que diputados de la bancada de CC se den a la tarea de descalificarlos de forma constante e incluso hayan llegado a agresiones personales.  

“Nos vamos a defender de toda esta arremetida que nos están dando algunos allegados al jefe del partido, porque repito, nosotros no somos alzados del suelo, hemos venido aquí con el voto de la gente y tenemos la moral suficiente como para poder exigir democracia dentro de Comunidad Ciudadana”, manifestó.